Los manifestantes en contra del depósito de cenizas de carbón en el vertedero municipal de Peñuelas no bajan la guardia aunque se apuntaron una victoria en el tribunal de Guayanilla. 

La semana pasada el grupo de 21 arrestados no fue acusado de obstruir la justicia ni violarse la ley de tránsito ya que la fiscalía de Ponce no compareció a la vista para causa y los agentes tuvieron que abandonar el tribunal. 

No obstante, los manifestantes no confían en la benevolencia de la presente administración gubernamental. Por eso se mantienen alertas ante la posibilidad de que se promulgue nuevamente la ley Tito Kayak en contra de los piquetes en proyectos que encuentren la oposición de un grupo de personas.

“No podemos bajar la guardia porque sabemos de las intenciones de este gobierno de reavivar la represión en contra de las comunidades” , expresó Luis Enrique Martínez Acosta, quien viaja desde Sabana Grande hasta Peñuelas, cuando puede, para unirse al campamento que han levantado los peñolanos en predios cerca del vertedero. 

Por su parte, José Hernández, exasambleísta que presentó la ordenanza en contra del depósito de cenizas, sostuvo  que “el pueblo no debe bajar la guardia porque lo que se espera es que la represión aumente”.

Para ambos, la ley Tito Kayak que se utilizó durante la gobernación de Luis Fortuño fue una imposición del sector privado y están convencidos de que las empresas operadoras del vertedero Peñuelas Valley Landfield cuenta con muchos recursos económicos así como influencia en La Fortaleza.

“El abogado de la empresa trabaja ahora como secretario de asuntos públicos de La Fortaleza”, indicó Martínez Acosta en referencia a Ramón Rosario.

“Un abogado nunca abandona un cliente aunque ya no trabaje para él porque existe una lealtad”, indicó.

El agricultor Venancio Martínez Fabre, indicó que el gobierno no debe reinstalar la ley Tito Kayak por sus implicaciones a los derechos civiles.

“No hay duda de que esa es una legislación que violenta la libertad de expresión y la reunión pacífica del pueblo”, comentó. 

Mientras tanto, el grupo permanece vigilante a la espera de que la empresa EC Waste envíe nuevos camiones tras la interpretación que dan a la opinión del Tribunal Supremo, en el sentido de que no validó la ordenanza municipal en contra del depósito de las cenizas, sino que no encontró campo ocupado.