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Ola de cesantías en Cabo Rojo

Por Lester Jiménez / [email protected] 09/14/2017 |00:00 a.m.
El Horizonte
El alcalde de Cabo Rojo Roberto "Bobby" Ramírez Kurtz reveló que la reducción se produjo en áreas de servicios como ornato y personal administrativo. (Suministrada)  
Unos 46 empleados transitorios e irregulares se quedan sin empleo tras los recortes en el municipio.

En medio de la difícil situación económica por la que atraviesa el país, 46 personas se quedaron sin trabajo en Cabo Rojo, luego que la administración municipal no le renovara los contratos a empleados transitorios e irregulares por falta de recursos económicos.


Se trata de la última ola de cesantías en el municipio caborrojeño, que viene reduciendo su plantilla de empleados desde el 2013 y que ha tenido que implementar varias medidas para intentar salir a flote, como la reducción de jornada laboral y el cobro por el recogido y disposición de desperdicios sólidos, entre otras estrategias.

Cada uno de los 46 cesanteados, tiene su historia; el empleado que está a punto de ser padre, o la funcionaria que se queda en la calle después de 10 o 15 años de servicio.

Otros, recién compraron el hogar que tanto lucharon por tener y algunos, incluso, son el único sustento de su residencia.

“Es una noticia que ningún alcalde quiere dar. Es un golpe fuerte, pero es a lo que el gobierno central nos ha empujado”, dijo el primer ejecutivo municipal, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz.

El alcalde reveló que la reducción se produjo en áreas de servicios, como ornato y personal administrativo.

“Ya en enero no habíamos renovado 39 de esos contratos también y cuando entramos en el 2013 fueron alrededor de 200. En aquella ocasión, fue por un déficit de 7.5% del presupuesto que yo heredé en el municipio y, ahora, es la situación en la que nos ha puesto el gobierno, que nos ha quitado recursos y le ha impuesto más cargas a los municipios”, destacó.

Ramírez Kurtz enumeró algunas de las decisiones que ha tomado la Administración Central, las corporaciones públicas o la Junta de Supervisión Fiscal que han afectado directamente los recursos de su municipio, como la cancelación del desembolso de los sobrantes de la Contribución Adicional Especial (CAE), el dinero de empréstitos que han sido pagados recurrentemente y la cancelación de incentivos municipales, entre muchos otros.

“Este es el resultado de lo que hemos venido denunciando por estos últimos meses. Por ejemplo, el dinero que nos han quitado del CRIM. También quieren quitarnos la parte que nos correspondía de la Lotería y ahora está el caso del aumento en la Autoridad de Acueductos. Cuando nosotros presentamos nuestro presupuesto no tomamos las previsiones para un aumento como este porque no estaba contemplado. Entonces, empieza en enero, a mitad de tu año fiscal y hay que hacer los ajustes. Esas son las situaciones que nos han impuesto”, destacó el alcalde, quien dijo que entre todos los recursos que le han quitado al municipio, la cantidad supera los $5 millones.

MALESTAR ENTRE EMPLEADOS

Sin embargo, algunos empleados denunciaron que la forma en que el municipio manejó el anuncio de que no se renovaría los contratos no fue la más adecuada.

“Nos entregaron una carta el lunes (24 de agosto) pero con fecha del 18 de agosto y ni siquiera nos dieron, por lo menos, dos semanas para prepararnos”, manifestó una empleada que no quiso identificarse.

Este medio supo, además, que a algunos empleados que laboraban en el Hogar de Ancianos del Municipio le habían anunciado en julio que cerrarían el centro y les pidieron que agotaran sus días de vacaciones, pero con la posibilidad de una reubicación.

“Nos hicieron creer que había esperanzas de que nos volvieran a contratar, porque nos pidieron que dijéramos si sabíamos hacer otra cosa, para reubicarnos. Pero esta semana nos llamaron al municipio y nos dieron ahí la carta”, destacó otra exempleada que prefirió mantenerse en el anonimato. 

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