No se indicó cuál sería la acción que se tomaría si no se lograra la salida de los estudiantes de los predios universitarios. (Primera Hora / Teresa Canino Rivera)
martes, 8 de junio de 2010
Maritza Díaz Alcaide, Leysa Caro y Nydia Bauzá / Primera Hora
El presidente de la Universidad de Puerto Rico, José Ramón de la Torre, les dio ayer un ultimátum de 24 horas a los estudiantes para abandonar todos los recintos, pero los universitarios en huelga indefinida respondieron que no acatarán esa orden hasta que se certifiquen unos acuerdos con la administración.
Aunque requirió un desalojo de los recintos, De la Torre no indicó cuál sería el curso a seguir de no lograr que la salida de los jóvenes se consume. Lo que sí dejó entrever es que ello podría significar el fin del diálogo tras alegar que ya han cedido a la mayoría de los reclamos del estudiantado.
“Ya veremos a ver si nos reunimos o si nos reunimos o si seguimos el diálogo o no, porque no tiene sentido ya seguir con esto después de nosotros haber cedido tantas cosas, cuando lo que quedan son un par de cosas que son muy difíciles para nosotros de ceder, insistan en mantener la Universidad cautiva”, dijo De la Torre.
Para lograr la salida de los estudiantes en huelga, el presidente de la UPR no utilizaría la fuerza. Tampoco aclaró si extendería aún más el cierre administrativo, rumor que suena con intensidad.
“Estoy pidiendo ahora 24 horas, para que en 24 horas acaben de tomar la decisión de abrir los portones, porque ya la situación es insostenible. El daño que se le está haciendo a la Universidad ya es extremo”, insistió De la Torre.
“Ése es el segundo ultimátum que nos da… nosotros estamos listos para negociar y llegar a unos acuerdos en los que ambos podamos estar satisfechos. Por ahora nosotros vamos a mantenernos dentro del Recinto”, advirtió, por su parte, Aníbal Núñez, del Comité Negociador Nacional (CNN).
La ficha del tranque parece ser ahora la imposición de una cuota especial a la matrícula, lo que los estudiantes descartan tajantemente. Pero la administración indicó durante el cónclave de ayer que su implantación no está en discusión, aunque sí el monto.
Las negociaciones, que ayer parecieron estar caldeadas al aparentemente suscitarse un intercambio de palabras entre el presidente de la UPR y el líder estudiantil Arturo Ríos, quien alegó que De La Torre lo invitó a pelear, se retoman mañana, a las 2:00 p.m., en el Jardín Botánico.
De la Torre negó las acusaciones de Ríos al sostener que “soy un viejito” para pelear.
El intercambio se dio aparentemente porque al presidente de la UPR le molestaron unas expresiones de Ríos a los medios de comunicación.
Antes del nuevo ultimátum, el gobernador Luis Fortuño le recomendó a la administración universitaria que lleve a cabo un referéndum para que los estudiantes mediante voto secreto decidan si quieren o no continuar con la huelga.
“(Esa consulta) se debe celebrar lo antes posible. La administración tiene que echar pa' lante y hacer ésto. Se acabó”, dijo el Gobernador al aceptar que el caso que está ante los tribunales -el que busca que los estudiantes en huelga le devuelvan el control de la UPR a la administración universitaria- puede tomar mucho tiempo en solucionarse.
La decisión sobre el referédum, aclaró, no necesita del aval de una asamblea estudiantil y los resultados, según dijo, serían certificados por “un tercero”, que podría ser la Comisión Estatal de Elecciones.
Fortuño evitó contestar si a final de cuentas él autorizará la intervención de la Policía para desalojar el Recinto de Río Piedras, pero a preguntas de Primera Hora acerca de si haría valer una decisión de la corte a esos efectos, dijo que el tribunal es el que decide en este caso y que él hará “como siempre lo ha hecho”, lo que la corte diga.
Las reacciones por parte del movimiento estudiantil en contra de la votación secreta no se hicieron esperar.
El presidente del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, Gabriel Laborde, dijo que Fortuño actúa como si desconociese que tanto la Constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos reconocen el derecho de asociación y reunión.
“Por lo tanto, dijo el líder estudiantil, los universitarios tienen derecho a reunirse en asamblea a tomar las decisiones que estimen necesarias”.
La presidenta del Consejo de Estudiantes de Ciencias Médicas, Zayra Marrero, afirmó que obligar a esa consulta violaría la democracia estudiantil y los reglamentos de la propia UPR.
El Gobernador anunció la idea del referéndum tras reunirse en Fortaleza con el obispo episcopal David Álvarez, quien le entregó un informe sobre sus gestiones para mediar en el conflicto huelgario, intervención que rechazó el movimiento estudiantil.
En el informe, Álvarez asumió posiciones parecidas a la de la UPR, incluso propuso “soluciones” sobre temas ya superados, como el de las exenciones de matrícula.
El Obispo recomendó implantar por etapas la cuota especial de $1,000 anuales y sostuvo que los estudiantes que gozan de exención de matrícula y reciben beca Pell no deben recibir ambas “por el aumento sustancial en esta última”. Ese punto la UPR ya lo descartó.
El Gobernador coincidió con él en que no se sancionen a los estudiantes en paro por manifestaciones y sí a los que hayan violado la ley civil, y en que la cuota de los $1,000 anuales se pague a plazos.
El juez superior José R. Negrón Fernández le ordenó ayer también a la UPR que emplace a los dirigentes del movimiento estudiantil antes de este jueves al mediodía.
El magistrado ordenó a la administración universitaria que ejecute todos los emplazamientos personalmente con copia de la demanda enmendada y de la orden judicial. Señaló una vista de estatus del caso para este viernes a las 10:00 de la mañana.
Por el momento, declaró no ha lugar emplazamientos por edicto de los estudiantes Waldemiro Vélez Soto, Rosally Motta, Ian Camilo Cintrón, Roberto Thomas, Adriana Mulero y Víctor Rodríguez.
El juez dispuso que la UPR tiene que volver a radicar la solicitud acreditando haber hecho gestiones adicionales para localizar personalmente a estos codemandados.
De hecho, ya Adriana Mulero se había sometido hace dos semanas a la jurisdicción del tribunal sin haber sido emplazada. Hizo lo mismo el representante estudiantil ante la Junta Universitaria, René Vargas.
Negrón Fernández acogió una moción que radicó ayer la UPR en la que le informó al tribunal que procederá con los emplazamientos de una veintena de estudiantes demandados porque el diálogo no ha rendido frutos.
“La administración universitaria permanece abierta al diálogo, pero ésta no puede claudicar sus responsabilidades institucionales. Sabido es que la libertad de expresión no es absoluta y está sujeta a restricciones de tiempo, modo y lugar”, sostiene la UPR en el documento legal.
Profesores y empleados no docentes advirtieron ayer que podrían irse a la huelga si la administración universitaria pretende reducirles salarios y beneficios marginales.
La presidenta de la Asociación Puertorriqueña e Profesores Universitarios (APPU), María Gisela Rosado, dijo que “no se descarta nada”, pero si optan por la huelga, ésta preferiblemente se haría en agosto, porque ya hay unas notas concedidas a los estudiantes de mitad de este semestre.
Precisó que la UPR pretende rebajarles el salario en un 2%, lo que equivaldría a una merma de jornada de un día a la quincena. También se les reduciría el bono de navidad y se les aumentaría la carga académica a 15 créditos.
A los profesores sin plaza, es posible que también los dejen con nueve créditos para así no pagarles el plan médico.
La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, por su parte, anticipó que ellos también podrían irse a la huelga si les intentan aplicar los recortes anticipados.
La vicepresidenta de la organización, Gladys García, dijo que mañana, día en que se reinician las discusiones del convenio colectivo de la HEEND, ellos van a exigir que se les confirme si es cierto que les rebajarían el bono de Navidad, el bono especial y si no les quieren pagar los días en exceso de la licencia de enfermedad, entre otras mermas en beneficios.
