El obispo episcopal David Álvarez, recomendado por el Gobernador como mediador huelgario, se reunió con el presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, y la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera. (Primera Hora / Teresa Canino Rivera)
miércoles, 2 de junio de 2010
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
El reloj marcó las 5:00 de la tarde y todo ocurrió simultáneamente. Mientras en la Internet se transmitía un mensaje al país de parte de los miembros del Comité Negociador Nacional, hablaba a los medios el obispo episcopal David Álvarez, recomendado como mediador para el conflicto huelgario por el Gobernador.
Pocos minutos después, Álvarez entró a reunirse con el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Ramón de la Torre, y la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera. Ninguno de los funcionarios hizo expresiones a la prensa sobre el mensaje de los negociadores ni sobre la junta con el religioso.
En su discurso al país, el Comité Negociador Nacional denunció que De la Torre ni Rivera han propiciado el diálogo, que en todo caso lo han entorpecido.
“Tanta ha sido su intransigencia y su mala fe, que han llegado al punto de recurrir a la mentira, la difamación y la violencia”, dice el mensaje.
El Comité insistió en que el primer reclamo fue la derogación de la Certificación 98 que hubiese afectado el beneficio a las exenciones.
“Hoy, les podemos informar que hemos rescatado el derecho de estos estudiantes”, se atribuyó el Comité. Recalcaron que falta que los síndicos lo certifiquen.
El Comité insiste en que no se continúe con la política de privatización del sistema de la UPR mediante una alianza público privada. En otro renglón, lo que calificó el Comité como la verdadera amenaza en el proceso es el alza en los costos de estudio.
“Cada reunión nos confirma que la administración universitaria tiene toda la intención de poner el peso de esta crisis sobre los hombros de los y las estudiantes y sus familias”, se dijo en el mensaje.
También, el Comité solicitó que no se sancione a ningún estudiante. “Defender la educación pública superior no es un delito y penalizar a los miles de estudiantes que lo hemos hecho durante todo este largo proceso sería una acción injusta”, dijeron.
Por su parte, el obispo Álvarez dijo: “Deseo de que se logre un acuerdo justo y razonable para todas las partes. Que no haya vencidos ni vencedores. No tengo reacción al rechazo de los negociadores; he comenzado a dialogar con algunos, respeto sus opiniones, pero no hay agenda preconcebida, religiosa o política”.
El Obispo dijo que el tranque es reflejo de la crisis mental en el país que lleva a que todo se resuelva con la violencia.
