El senador Roberto Arango durante la sesión de ayer (Primera Hora / Andre Kang)
martes, 9 de febrero de 2010
Antonio R. Gómez / Primera Hora
Es urgente para Puerto Rico desarrollar una política publica para la protección de sus embalses y cuerpos de agua de la amenaza que representa la proliferación de rampas ilegales para botes, concluyó la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado.
Un informe presentado ayer y acogido por el cuerpo denuncia que en Puerto Rico existen 36 embalses y alrededor de 70 rampas ilegales muchas, de las cuales cobran cuota por permitir tirar los botes al embalse o por usar los terrenos aledaños a las mismas. El cobro, se indicó, es entre $5 diarios hasta los $150 anuales.
Además de operar ilegalmente, en esta rampas “tiran embarcaciones que no cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento de Recursos Naturales” y muchos de los que lo hacen “no cuentan con los requisitos establecidos por ley para operar embarcaciones de motor”.
El informe concluye que “es prioritario proteger la integridad y la seguridad de los embalses” ya que la mayoría del agua potable proviene de éstos, al igual que la utilizada en la agricultura y en la generación de electricidad.
Entre las violaciones que evidenció la Comisión, destacó la deforestación, gran número de desperdicios sólidos flotando en las aguas, pesca ilegal y construcciones con mal manejo de aguas usadas y pozo sépticos en pleno embalse.
Mientras tanto la Cámara de Representantes aprobó un proyecto senatorial para aliviar el impacto de la Ley 7 sobre las cooperativas, a las que se le impuso una contribución especial de cinco por ciento. La medida flexibiliza los requisitos y uso de las reservas de las cooperativas de ahorro y crédito, mientras dure dicho impuesto.
