Servicios necesarios, fondos insuficientes

Por Libni Sanjurjo / lsanjurjo@primerahora.com 08/15/2013 |
Onelia Pérez Rivera considera injusto el tener que ir a la Legislatura a cabildear por fondos dirigidos a problema social. (ana.abruna@gfrmedia.com)  
El Centro Mujer y Nueva Familia es un ejemplo de los problemas fiscales que enfrentan estas entidades que trabajan con los problemas sociales.

¿Qué pasaría si las organizaciones no gubernamentales (ONG) decidieran cerrar sus servicios por una semana?

Onelia Pérez Rivera, directora ejecutiva del Centro Mujer y Nueva Familia, se aventura a pronosticar que ocurriría un “caos” porque estas entidades sin fines de lucro cubren las brechas que el Estado deja en la prestación de servicios que responden a los problemas sociales del país como la violencia de género.

Varios números sostienen su trascendencia, según un informe de Estudios Técnicos, Inc.

En el 2007, las organizaciones del Tercer Sector generaron 229,608 empleos directos y, como sector, contribuyeron con $3,041 millones al producto interno bruto; además, 36,224 voluntarios y voluntarias ofrecieron servicios a 6,378 instituciones sin fines de lucro en la Isla.

Sin embargo, la falta de fondos e, inclusive, la posibilidad de cierre de estas entidades alimentan la pesadilla constante del Tercer Sector.

Precisamente hoy, cuando se celebra el aniversario de la Ley 54 de Violencia Doméstica (1989) un caso reclama atención pública, se trata del Centro Mujer y Nueva Familia, ubicado en Barranquitas, que provee apoyo, orientación, consejería y grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de genero, ya sea doméstica o sexual, además del proyecto de autogestión social y económica llamado Tierra Artesana que aspira al desarrollo de microempresas, lo que ya ha logrado con un grupo de veinte empresarias no solo de este pueblo sino también de otros del área central como Orocovis, Naranjito, Villalba, Coamo y Corozal.

Por los pasados 15 años han recibido fondos de la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos, a excepción del presente año fiscal 2013-2014, situación que nubla el bienestar de la entidad –que ha servido a 11,538 mujeres desde su creación– porque representa un recorte de 40 por ciento de su presupuesto ($45,000). “Tenemos evidencia de la entrega a tiempo de todos los documentos, excepto la certificación de Bomberos. Hicimos todo lo posible por cumplir, pero, cónsono con otros años, por la limitación en personal del Departamento de Bomberos, la certificación no estuvo preparada para la fecha límite que establecía la Oficina de Donativo Legislativo”, explicó Pérez Rivera.

Al igual que el centro, otras entidades compiten anualmente por lograr una parte de los $21 millones del Fondo General que reparte la Legislatura. En respuesta, Pérez Rivera, junto a otras mujeres, asistieron recientemente al Senado a realizar un último esfuerzo para lograr la continuidad de sus servicios.

“Si es una prioridad el problema de violencia a la mujer por qué nos pone a nosotras en posición de tener que hacer cabildeo; entendemos que es un problema social, no es necesario hacer cabildeo porque ya está claro que el problema existe”, sostiene Pérez Rivera.

“Nos sentíamos que nos trataban como si estuviéramos rogando por un dinero, y no (era eso), sino (que estábamos) pidiendo restitución de fondos porque ofrecemos un servicio a la sociedad y el Estado es el que depende de las ONG (...). Si las ONG decidieran por una semana cerrar y no ofrecer los servicios que ofrecemos consistentemente y comprometidamente se crearía un gran caos en el país”, agregó.

El tener que ir a rogar, así como volver a explicar sus intenciones, las hacía pensar que los senadores no se tomaron el tiempo para leer la correspondencia que habían enviado previo a su visita. “Teníamos que empezar desde cero (...); eso denota que el Estado verdaderamente tiene una ignorancia de lo que hacen las ONG para manejar los problemas sociales del país”, puntualizó.

Mencionó, por ejemplo, el desconocimiento de los legisladores sobre las ONG que están en los pueblos que representan.

Hay personas que levantan el argumento de que las ONG dependen del Estado, ¿cuál es su respuesta?

El Estado no ve a las organizaciones no gubernamentales que hacen labor social como un ente que realiza una función colaborativa como cuando el Estado contrata servicios privados; a nosotras nos llaman dependientes, pero, sí es una relación contractual, sí le estamos vendiendo servicios.

Según el co-presidente de la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos, José R. Nadal Power, la entidad legislativa identificó sobrantes del mismo fondo, de años anteriores, para otorgarlos al centro; sin embargo, no sabe cuánto ni cuándo los entregarán.

Argumentó que aunque la comisión sólo tiene $20 millones recibió solicitudes que ascienden a $160 millones. “No tenemos los fondos para todas las necesidades. Por ley tienen que buscar fondos de otras fuentes, no depender 100 por ciento de fondos legislativos.

¿Qué papel le reconoce a estas entidades?

Proveen servicios que el Gobierno a veces no provee o si lo provee de manera limitada. Un ejemplo es el centro, a lo mejor allí no existen todos los servicios de ayuda a mujeres maltratadas y esta entidad llega; sin estas entidades el país tendría muchas más necesidades.

Sin embargo, el problema es recurrente.

Pero es que son no gubernamentales y cada cual busca de qué manera solventarse. La ley establece que son fondos no recurrentes, el gobierno no puede garantizar un presupuesto fijo todos los años; hay un proceso de evaluación y cumplimiento.

Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo ambas partes pueden aportar?