Con cada amanecer, la incertidumbre abruma a Juan Francisco Vargas. El temor de que cualquier mañana podría ser su última en el espacio que le ha servido como hogar por los pasados cinco años es para él y su familia una preocupación constante.

Y es que Vargas, su esposa Analiz Vélez y su hijo José, se albergaron en la antigua y abandonada escuela Aquilino Rivera Olán, en el barrio Portillo, en Adjuntas, aquel desdichado 20 de septiembre de 2017 para refugiarse de los fuertes vientos del huracán María, los cuales finalmente destruyeron su hogar. Lo que se supondría fuera una estadía breve y de emergencia en el viejo plantel se ha convertido, con el pasar de los años, en una perenne, porque son muchas las razones que han dificultado su salida, según narraron, tanto las limitadas ayudas que han recibido como sus condiciones preexistentes de salud que sufre Vargas.

“No ha sido fácil, porque no es fácil vivir aquí y que exista (la posibilidad de cuando me levante me) tenga que ir el otro día”, lamentó el hombre en entrevista con Primera Hora.

El plantel, que cerró en el 2008, llegó a servir de hogar temporero para unas 30 personas tras la catástrofe natural en el 2017. Hoy día, aún quedan cinco personas.

“Cuando pasó el huracán, ya habíamos perdido la casa y tuvimos que quedarnos aquí, porque pedimos ayuda a FEMA (Agencia federal para el Manejo y Administración de Emergencias) cinco veces y nos la negaron. No nos dieron la ayuda. Me tuve que quedar aquí”, narró el hombre de 56 años y que una vez fue empleado del gobierno y maestro de lucha libre en ese mismo plantel.

Este grupo no es único, sino la misma realidad es compartida por otras decenas de puertorriqueños, específicamente en las áreas rurales del centro y sur de la isla. Este diario contabilizó y constató que, entre Adjuntas, Lares, Peñuelas y Yauco, unas 38 personas viven en las mismas condiciones. Sin embargo, vecinos aseguran que este número indudablemente es mayor, ya que en municipios limítrofes de la montaña dicen conocer de más personas que viven así. Todos, inequívocamente, comparten el denominador común: el paso del huracán María los dejó sin hogar y los obligó a buscar refugio en estos edificios vacíos.

Situación similar en Lares

“Vivimos aquí desde el huracán María”, sostuvo Jovana Paneto Castillo quien, junto a su hijo de 16 años, es una de 15 personas que viven en la escuela Segunda Unidad Manuel Rojas, en el barrio Bartolo, en Lares.

“Yo vivía por aquí cerca y, pues, como (la residencia) tuvo daños, se inundó completo. Solicité a FEMA y todo eso y no cualifiqué a nada”, recordó.

Misma situación en Peñuelas

De manera similar, lo que hoy es el domicilio de Roberto Cornier González, sus dos hijas- Kenaisha, de 25 años, y Gabriela, de 19 años- y Raymond Rosado- de 24 años y quien es compañero de Gabriela-, alguna vez fue la pequeña y antigua escuela del sector La Vega, en el barrio Macaná, en Peñuelas, que lleva varias décadas en desuso.

A Cornier González- quien fue chofer de varios senadores, trabajó con distintas administraciones del municipio de Ponce y es mecánico de profesión- se le imposibilita trabajar por su diagnóstico de neuropatía esquelética y por haber sufrido varios infartos.

“Llega el tiempo que, según uno dice, uno sube, uno baja y no fue que bajé porque hice algo malo, sino fue porque me enfermé. Al darme la neuropatía, no pude hacer más ná”, expuso Cornier González.

Acorde a lo que relató el hombre, quedó desahuciado varios meses tras el paso de María, ya que hacía labores de mecánica desde su casa. En su búsqueda por un hogar, amistades y conocidos le recomendaron limpiar y ocupar la pequeña escuela de madera y de techo de zinc, sugerencia que acogió.

Fue ardua la tarea de habilitar el espacio. La escuela, cerrada por más de 30 años, estaba infestada de heces de caballos, escombros y vegetación.

“Tengo una vecina que me da las gracias todos los días y me dice ‘gracias a Dios que tú te mudaste ahí, porque aquí no se podía vivir’”, asintió el padre de familia.

Aunque con sus módicos fondos y a puro pulmón Cornier González ha remendado con planchas de madera los múltiples huecos en el suelo y construido las divisiones de los cuartos, el techo está repleto de grandes agujeros, dejándolos a la merced de las condiciones climáticas.

“Cuando llueve, llueve más adentro que afuera”, contó Kenaisha.

Algunos a favor y otros en contra

Son diversas las reacciones de la comunidad y las administraciones municipales ante esta realidad y las opiniones encontradas son alimentadas por la confusión de a quién realmente les pertenecen estas propiedades y los deseos personales de los mismos residentes, los vecinos y organizaciones comunitarias.

Este es precisamente el dilema que enfrenta la familia de Cornier González, que dice poseer la documentación que certifica que el edificio es propiedad del “Estado Libre Asociado”, por lo que desea que se le sea traspasada. Pese a que la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, señaló que su departamento es quien mantiene custodia del antiguo plantel, un ciudadano privado alega ser dueño de la propiedad, premisa con la que concuerda el alcalde peñolano, Gregory Gonsález Souchet. Por ende, este ciudadano lucha por la salida de Cornier González y su familia.

“Yo he pasado tantos mal ratos, tantos dolores de cabeza, tantas humillaciones, tanto (por) el alcalde como familiares que dicen que esto es de ellos. Ahora yo lo que pido al gobierno es que, si pueden, me gustaría quedarme y me den un título de propiedad o me lo alquilen, porque yo se lo he dicho bien claro al gobierno: ‘alquílamela para yo poderla arreglar o cédemela, porque ya ha habido escuelas aquí que las han cedido (a otras personas)’”, resaltó.

“Yo no veo cuál es el problema que se me pueda ayudar a mí. Que se (me) haga lo mismo”, agregó.

Gonsález Souchet está consciente de la disputa entre ambas familias y adujo que desde que asumió la poltrona municipal en el 2019 se ha prestado para asistir a Cornier González en su búsqueda de un nuevo hogar a través del Departamento de la Vivienda, haciendo énfasis de que su directora de asuntos al ciudadano, Mayra López, también los visitó después del paso de María para estos fines.

“Nosotros gestionamos algunas ayudas”, dijo el Ejecutivo Municipal. “Yo estoy dispuesto a ayudarle de la manera que sea a través del Departamento de la Vivienda, que es la opción real que tenemos. Yo no lo voy a sacar, pero yo no puedo tampoco obligar al dueño del terreno a que se lo ceda”, continuó.

Entretanto, Cornier González rechazó vehemente lo manifestado por el alcalde.

“Me atrevo a decirle embustero en la cara, porque si usted me ofrece a mí una paleta yo soy agradecido con esa paleta. Si usted me echa la bendición, con eso yo ando feliz de la vida. Tantas personas por ahí que me dicen ‘Dios quiera y eches pa’ lante’. Con eso yo soy agradecido en la vida, pero no me digas que me ofreció algo (que no). Si él viene, yo se lo digo en la cara y le tengo dos o tres reservadas”, arremetió al sostener que todas las promesas de Gonsález Souchet han sido “de la boca pa’ fuera”.

“No porque yo sea pobre, yo sea un infeliz. Yo tengo dignidad. Yo tengo vergüenza. ¿Que no me dejo trepar a nadie encima de mí? Sí. Con mentiras (e) hipocresía no. Conmigo no van pa’ ningún lao. Les digo a mis hijas: ‘El día que yo muera, si todavía no lo he logrado, sigan luchando. Ustedes tienen los papeles, tienen los documentos. Recuérdense, que su papá luchó peleando (por) esto. Sigan ustedes luchando. No echen pa’ atrás, ni pa’ coger impulso’”, repitió.

Pese a la controversia, Gonsález Souchet insistió que está “dispuesto a recibirlo nuevamente, a coordinarle una cita directamente con el Departamento de la Vivienda, brindarle la transportación si es necesario, si es requerido” y que no tiene “ningún problema con eso y, mucho menos, ningún problema con él, diga lo que diga”.

“Yo estoy dispuesto y disponible”, afirmó.

Mientras, el alcalde de Yauco, Ángel Torres Ortiz, enfrenta una controversia similar, por cuanto en el barrio Naranjo vive un hombre en la escuela abandonada Francisco Julio Calder.

La comunidad, así como la administración municipal, desean hacer uso del espacio para convertirla en un laboratorio de computadoras, un refugio temporero y una oficina para asuntos comunitarios. La idea, explicó Torres Ortiz, es que se establezca un refugio y centro comunitario como se hizo en escuelas abandonadas en los barrios Rancheras y Algarrobos para que, en el momento de una emergencia natural, exista la mayor cantidad de centros de albergue y acopio posible en las áreas más rurales y de difícil acceso del municipio sureño.

“La comunidad está interesada que (el hombre) salga. Tenemos muchos planes junto con la comunidad”, indicó el alcalde. “Como nosotros no hemos visto de parte de la persona una urgencia para irse, pues es algo que en las próximas semanas tendré que sostener un diálogo con la persona para ver qué alternativas podemos proveerle adicional, qué opciones él tiene para tomar una decisión”, adelantó.

Conforme a Torres Ortiz, la opción inmediata para el hombre es asegurarle un espacio para construirle una vivienda en los terrenos del barrio Susúa Alta, donados por el Departamento de la Vivienda para la construcción de hogares para damnificados de las recientes emergencias naturales.

“Sin duda, yo entiendo que tenemos que buscar una alternativa para concederle el deseo de la comunidad, porque la escuela es bastante amplia y yo sé que sería insostenible el que pueda converger ambas situaciones: alguien viviendo en una escuela y las necesidades que tiene la comunidad de tener su oficina y, también, para tener un ‘shelter’ y ‘community center’ temporero, no permanente como es en este caso, y que puedan tener un área de computadoras. Así que, para mí sí es una alta prioridad. La comunidad tiene totalmente la razón. Ya es momento de que (el hombre) busque una alternativa y es algo que, como alcalde, la tengo que buscar. De buena fe, hemos permitido que él permanezca, pero hay muchas cosas que la comunidad necesita y esa es una de ellas”, puntualizó.

En contraste, los alcaldes de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, y Lares, Fabián Arroyo, avalaron que estarían dispuestos a gestionar el traspaso de las escuelas donde viven sus constituyentes para que permanezcan ahí. Ambos ejecutivos coincidieron que no han enfrentado fricción alguna de terceros sobre este asunto.

El alcalde adjunteño, a su vez, aseguró que la única razón por la que aún no se ha intentado comenzar este trámite en la escuela Aquilino Rivera Olán es porque no le ha llegado una petición a su oficina específicamente, pues ya pasó a la división legal una solicitud similar de tres familias que viven en una escuela abandonada -propiedad del municipio- en el barrio Pellejas. Tampoco encontró documentos de alguna solicitud que se sometió durante la incumbencia del pasado alcalde, Jaime Barlucea Maldondo.

“Se tendría que ver primero cuán seguro sería ante un evento fuerte de la naturaleza, pero yo no tendría problemas en hacer las gestiones para que se queden. Seguro. Yo no tengo ningún reparo que se le pase a esas familias”, expresó Soto Rivera al resaltar que la estructura sufrió daños estructurales por los temblores que estremecieron la región suroeste en enero de 2020.

Entretanto, el alcalde de Lares concordó que también estaría dispuesto en ayudar a que la escuela Segunda Unidad Manuel Rojas sea traspasada a los residentes, ya que consideró que ha resultado en “algo positivo” para el municipio, porque además de servir de techo a 15 personas, el edificio se comparte con la comunidad para proyectos locales.

“En aquel momento (en el 2017), entraron a la escuela por necesidad, se les dejó vivir ahí, y hay un grupito que está bien organizado. Qué no han hecho (ahí). (Es) algo positivo”, destacó.

“Hasta ahora, todo está funcionando muy bien. No representa un peligro a la comunidad; al revés. Nadie tiene quejas de eso. No hay problemas que, si la comunidad desea, se la cedan. Ha funcionado muy bien”, añadió al resaltar que el único “roce” que ha tenido es con un hombre que vive en la antigua escuela Consuelo González, contigua al residencial Francisco Sein, controversia que se busca apaciguar desde los tribunales.

“Claro que me preocupa”

La secretaria del DTOP indicó, en declaraciones escritas, que su departamento es custodio de las escuelas Segunda Unidad Manuel Rojas, en Lares; Aquilino Rivera Olán, en Adjuntas; Fernando Julio Calder, en Yauco; y la antigua escuela del barrio Macaná, en Peñuelas. No obstante, de acuerdo a la Ley 85 de 2018, la responsabilidad del mantenimiento de las propiedades es del Departamento de Educación a través de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas o de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

“El DTOP es custodio de las propiedades antes mencionadas, no el titular”, explicó al citar que la Ley 26 del 2017 creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), que es la entidad facultada en ley para la disposición de bienes inmuebles del gobierno, ya sea por desuso, venta o arrendamiento.

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Vélez Vega reveló, además, que “no hay ante el DTOP ni el CEDBI alguna petición para el traspaso de las propiedades mencionadas”.

“Ante la información recibida de que hay familias ocupando algunas de estas estructuras, el DTOP visitará las mismas, para auscultar la situación y delinear el plan de servicios que proceda, según las leyes y reglamentos vigentes”, anticipó.

Entretanto, los directores regionales de la AEP aseveraron, a través de su oficial de prensa Betsy Rivera, que en ninguna de sus propiedades clausuradas a nivel Isla hay personas residiendo, aunque se comprometieron en inspeccionarlas todas.

Por su parte, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, mostró aturdimiento al intuir a través de este medio de la realidad que viven estas familias.

“Toda persona que no tenga un hogar, que no viva en unas condiciones salubres, claro que me preocupa, claro que me consterna. No debería existir nadie viviendo en condiciones no dignas y, para eso, vamos a visitar a todas estas familias para poder reubicarlos. Para eso estamos nosotros aquí. Esa es nuestra misión y vamos a cumplir con ese objetivo. Sin duda”, enunció.

Rodríguez Rodríguez aceptó que, aunque no era el titular de la agencia para el 2017, supo a través de directores regionales y empleados del Departamento que muchas personas acudieron a escuelas para refugiarse del huracán, pero que- para aquel entonces- “se hicieron las gestiones” para conseguirles hogar.

“Hubo gente que las aceptó, hubo gente que no las aceptó. Eso es parte del proceso. Todos estos procesos son voluntarios”, atestiguó.

No obstante, el funcionario garantizó que haría “lo propio” con los municipios “para ir a visitar” a los residentes de escuelas abandonadas con una oferta de vales, ya sea de Sección 8, Vivienda Pública u otros vales que tengan disponibles para personas sin hogar. Las ayudas, aclaró, estarán sujetas a la aceptación de cada persona, pues los programas del Departamento “son de índole voluntario”.

“(La ayuda) lo podemos ubicar y podemos buscarles otras ayudas. Lo que necesiten. Estamos en la mejor disposición de poderlos llevar a un hogar seguro, que cumplan con los estándares de vivienda y donde ellos se encuentren en un ambiente que sea el óptimo”, apostilló.

“Nosotros hacemos las ofertas, pero si nosotros entendemos que tenemos que canalizar otras ayudas, ya sean ayudas de algún tipo de ayuda psicológica, ya sea ayuda a través de algún servicio del Departamento de la Familia, pues nosotros vamos canalizándolas de la manera que tratamos de convencerlas, pero nosotros, sin duda, no podemos obligar a las familias a aceptar cualquiera de las ayudas que nosotros ofrecemos, porque todos nuestros programas son de índole voluntario y, así mismo, se ha establecido por parte del gobierno federal”, agregó al prometer que elaborará “un plan de trabajo” para ellos.

Primera Hora solicitó una reacción del Departamento de Educación en varias instancias, pero al cierre de esta edición no se concedió la petición.