Por breves instantes, nos llenó de ilusión la posibilidad de que, por lo menos por una vez, fuese posible que el gobierno nos alivie la carga económica que pesa sobre nuestras espaldas. Nada más y nada menos que en el costo de uno de los productos de los cuales dependemos para todo: la gasolina.

Se abrió una ventana de esperanza para la reducción de la famosa “crudita”, pero nos quedamos con la carabina al hombro, porque en cuestión de horas, el gobierno y la Junta se encargaron de matarnos la ilusión. Dicen que no es posible eliminar el infame impuesto.

La semana pasada se anunció la privatización de otras cuatro autopistas. La misma empresa que ya administra el expreso PR-22, Metropistas, se encargará de aquí en delante de manejar otras carreteras como el expreso PR-52, que va de San Juan a Ponce. La vía que está en proceso de reconstrucción, con chavitos federales, se le entregará ahora nuevecita a Metropistas.

La compañía ha realizado un buen trabajo en el mantenimiento y seguridad de la principal vía de la zona norte del país. Todo el que ha pasado por ahí puede reconocer que esa Alianza Público Privada ha redundado en un beneficio para los conductores. Pero eso tiene un precio que aumenta todos los años y es el costo de los peajes.

Con la entrega de los otros expresos, para su manejo privado, debemos esperar que el costo de esos peajes también aumente. La cosa es que con el dinero de esta multimillonaria transacción se va a saldar la deuda de la Autoridad de Carreteras, entonces se supone que ya no hará falta que nos cobren la crudita, que se impuso para pagar la deuda de esa corporación pública.

Este arbitrio, impone entre 3 y 4 centavos a cada litro de gasolina. En tiempos en que el conflicto en Israel, sumado al de Ucrania, nos garantiza que el precio de la gasolina no bajará, esos centavitos serían un gran alivio. Pero ya Hacienda y la Junta han dicho que no es posible, porque ese dinero está ya comprometido para el fondo general.

Nada, que siempre saldrá perdiendo el ciudadano de a pie. La crudita la impuso un gobierno del Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista la abraza y la mantiene sin dar mayor consideración a otras opciones que puedan suplantar ese ingreso, calculado en más de $300 millones al año.

El país no cuenta con un sistema de transporte colectivo confiable y que sea verdaderamente masivo. El tren urbano no es un sistema de transporte masivo, pues solo cubre una ruta y corta. La Autoridad Metropolitana de Autobuses también tiene rutas limitadas a la zona metropolitana y la frecuencia no es confiable. ¿Y las pisicorre? esas desaparecieron hace ya mucho tiempo. Entonces, las miles de personas que viajan a San Juan a diario y dejan parte de su día en la carretera, no tienen más remedio que usar su automóvil, pagar la gasolina cara y el impuesto que va sobre el arbitrio a la gasolina.

La cosa va así: usted y yo pagamos contribuciones al gobierno que se supone que nos ofrezca un servicio en áreas que sirven a toda la comunidad, entre ellos la transportación. Sin embargo, no podemos usar la transportación pública. Entonces tenemos que comprar un automóvil porque no hay otra alternativa y pagamos los arbitrios sobre el carro también. Como hay que echarle gasolina pagamos la crudita, que era para la deuda, pero ahora es para continuar pagando los servicios que no recibimos. Y la cherry en el postre, será el aumento en el costo del peaje. Suma y sigue.