Las ahora exreporteras del programa “Lo sé todo”, de Wapa TV, Sylvia Hernández y Jéssica Serrano, están unidas en una demanda contra la mencionada estación televisiva por despido injustificado y constructivo, así como reclamo por pago de salarios, vacaciones, bono de Navidad y discrimen por el embarazo de la última.

La demanda civil presentada el pasado viernes en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan contra la televisora expone en 30 páginas como las comunicadoras fueron, presuntamente, presionadas por la estación para que renunciaran a ser empleadas y que al hacerlo entonces serían reclutadas como “contratistas independientes”, de acuerdo a lo establecido por la nueva Ley Obama.

Este argumento, según descrito el documento, fue el utilizado por el presidente de la estación Joe Ramos, y Jimmy Arteaga, director de programación, para persuadir a Hernández y Serrano en una reunión, en la que también, se alega, estuvo presente la jefa de recursos humanos del canal, Gisela González, quien advirtió a los ejecutivos que era ilegal solicitarles que renunciaran.

“Entonces el señor Arteaga expresó que no se podía pedir la renuncia, pero ‘las querellantes podían renunciar voluntariamente si querían y eso no era ilegal’”, dijo el director de programación de acuerdo al inciso 25 de la demanda.

Los problemas de las exreporteras comenzaron con los cambios de horarios y la reducción en sus apariciones en el programa, por petición de la supervisora directa Niria Ruiz.

El 7 de agosto de 2015 Hernández y Serrano fueron citadas a una reunión con Ramos, la que presuntamente se tornó violenta luego que el ejecutivo se molestara por las reclamaciones de Serrano por los cambios de horarios y la disminución en su exposición en vivo en el espacio.

Entonces Ramos “le indicó a Jessica que ‘dejara de utilizar su embarazo como excusa’, que ‘estaba jarto de esto del embarazo’”, plantea el inciso 49 del documento firmado por el abogado Manuel Porro-Vizcarra.

El acaloramiento llegó al punto que Ramos “empezó a abalanzarse hacia Jessica con su mano, lo que propició que Sylvia tuviese que intervenir levantándose de su asiento y estirando su brazo derecho para bloquear el brazo de Ramos y proteger a Jessica de la agresión inminente”, se indica.

Serrano debió regresar de su maternidad el pasado 1 de febrero, pero un día antes se comunicó con su supervisora, quien le informó que su horario sería de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., lo que evidentemente la dejaba fuera de la transmisión en directo del programa. Al conocer el horario, Serrano solicitó las vacaciones que tuviera acumuladas, las que culminarán el 24 de febrero. No obstante, decidió que no regresará “porque ha sufrido tanto por las actuaciones discriminatorias y en represalia de su patrono que sería irrazonable esperar que pudiese seguir trabajando en un ambiente tan hostil”.

Sobre el sorpresivo despido de Hernández se expone que ocurrió luego que la jefa de Recursos Humanos le informara que, bajo una nueva ley federal se obligaba a los patronos a leer los emails de la empresa, mas no así los mensajes de texto ni las cuentas personales de la reportera.

Hernández, se asegura, entregó su celular para la verificación advirtiendo que tenía información de índole personal. El 21 de agosto de 2015 fue despedida y la empresa adujo que la empleada había “confabulado contra la empresa para pasar información a la competencia”; que “había atentado contra los gerenciales del canal”, y que “había insultado a un talento del canal”.

Hernández y Serrano reclaman el pago de sus salarios por cinco años, para un total aproximado de $325,115 y $386,163.60, respectivamente. Reclaman además el pago de $100,000 para cada una por daños y angustias mentales, así como el saldo de horas extras, almuerzos, vacaciones y bonos de Navidad pendientes de cobrar.