Denver. Las Escuelas Públicas de Denver (DPS), Colorado, eliminarán la presencia de policías uniformados dentro de sus centros educativos de manera gradual a lo largo de los próximos seis meses, decisión adoptada en medio de las protestas en el país en contra de la violencia policial.

Según lo decidido este viernes por la junta directiva de DPS, a partir del 1 de enero del próximo año ya no habrá “oficiales de recursos” en las escuelas del distrito escolar más populoso de Colorado, y con mayoría de hispanos, y en su reemplazo habrán consejeros y personal experto en salud física y mental.

De esta manera, y cuando en el país se suceden las protestas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnseta, a manos de un policía de raza blanca, Denver toma una medida similar adoptada en Minneapolis y Portland, Oregón.

Tay Anderson y Jennifer Bacon, dos miembros afroamericanos de la Junta Directiva de DPS, impulsaron la resolución por la que no se renueva el contrato con el Departamento de Policía local, que provee casi cien efectivos con presencia permanente en escuelas de la capital de Colorado, con un costo anual cercano a los 750,000 dólares.

A nivel nacional, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES), en 2016, el último año del que se tienen estadísticas, el 43% de las escuelas públicas tenían policías armados de manera permanente o semipermanente para responder a casos de mala conducta por parte de los estudiantes.

Según la organización Padres y Jóvenes, en DPS los estudiantes latinos o afroamericanos tienen 2.5 veces más posibilidades de ser arrestados por un oficial de recursos que un estudiante blanco.

Tras esos arrestos esos estudiantes quedan con un prontuario delictivo, incluso si el caso se resuelve, lo que les perjudica de por vida para obtener trabajos o incluso ayuda financiera para ir a la universidad, según la organización que celebró la decisión de DPS.

“Enfrentados con el asesinato de George Floyd y con la enraizada actitud histórica contra los afroamericanos que lo motivó, era inaceptable que DPS continuase retrasando la decisión de eliminar la presencia policial. Consejeros sí, policías no”, dijo Elsa Bañuelos, directora ejecutiva de Padres y Jóvenes Unidos.

En rueda de prensa, Susana Cordova, superintendente de ese distrito escolar, afirmó que es “absolutamente necesario terminar con la conexión entre escuelas y prisiones”, y enfatizó que la educación sólo puede ocurrir en escuelas donde los estudiantes se sientan “seguros, cuidados y protegidos”.

La Asociación de Maestros de Denver y el Grupo de Maestros Afroamericanos de DPS también respaldaron la iniciativa de Taylor y Bacon, quienes presentaron la medida en las escalinatas de la Escuela Secundaria West, donde hace 51 años estudiantes chicanos protestaron durante días contra la violencia policial.

Según datos de DPS, este distrito cuenta con unos 92,000 estudiantes, el 58% de ellos hispanos. Entre los latinos, unos 13,000 hablan sólo español.