Considerada una de las prisiones más "crueles" de Estados Unidos, el complejo penitenciario de Florence tiene los días contados ante el reciente anuncio del gobernador, Doug Ducey, de clausurar la prisión más antigua de Arizona.

El trato de los detenidos en el centro detenciones de Florence ha sido el blanco de críticas en los últimos años por parte de grupos de derechos de los migrantes y sus familiares, quienes se quejan de abusos y discriminación que sufren sus seres queridos.

Para el "Compa Chuy", como lo llamaban los reos de Florence y como pidió ser identificado, pensar en aquellos tiempos cuando estuvo recluido por más de un año le causa angustia, no solo por las "terribles" condiciones del lugar, sino por el trato psicológico que recibió por parte del personal.

"Nos hacen sentir que no somos nada, que nuestras derechos no existen, Florence es una cárcel fuerte, mucho más custodiada, donde el trato es malo", dijo a Efe Chuy, de 51 años y quien fue recluido en 2015 por manejar en estado de ebriedad y portar marihuana.

Además, recuerda, la comida se encuentra en mal estado: "De desayuno es un pan duro, una fruta y leche congelada, no importa si hace calor o frío, a veces avena echada a perder y solo una vez a la semana te dan pollo".

“Todo tiene un saborcito a limón”, afirmó.

A eso hay que sumarle los habituales confinamientos en solitario, la “discriminación” racial hacia los latinos, el escaso ejercicio al que tienen derecho y el trabajo voluntario de ocho horas por sólo un dólar.

“Yo mejor no trabajé, afuera me pagaban a 20 dólares la hora”, dijo Chuy.

Sofía Martínez, madre de Emmanuel Flores, quien fue recluido en Florence cuando tenía 19 años antes de ser deportado, todavía recuerda con dolor su paso por este centro de detención.

“Estaba muy chico cuando lo detuvieron, sufría mucho. Recuerdo que lo trataban horrible, la comida era fatal y pasaba mucho frío, los cuartos eran como hieleras. No los atendían cuando se sentían mal y muchos preferían morir que estar ahí encerrados”, comentó Martínez a Efe.

Bajo el argumento de evitar los costosos gastos de reparación y mantenimiento de esta prisión con más de cien años de antigüedad, el Gobierno estatal pretende trasladar a los reos de Florence a otras instalaciones públicas y prisiones privadas.

Florence alberga a 3,881 prisioneros, según datos del Departamento de Correcciones de Arizona (ADC), y la oficina del gobernador ha enfatizado que el cierre de la prisión llevará tiempo, posiblemente hasta dos años.

Los reclusos terminaron de construirla en 1908 en reemplazo de la prisión territorial en Yuma, y es considerada la cárcel más antigua de Arizona y una de las más “crueles” por su largo historial de muertes y suicidios.

Las historias de “crueldad” que cuentan personas y familiares que han vivido la detención en Florence de cerca es la que preocupa a líderes comunitarios, ya que si se privatizan centros penitenciarios como este, consideran, los derechos de los prisioneros serán más vulnerables.

“La privatización es la salida más barata y la forma de no hacerse responsables de lo que sucede en las cárceles. Sabemos que las cárceles de Arizona se destacan por el trato inhumano, y ahora será más difícil regular lo que pasa dentro de una prisión privada”, dijo a Efe Carlos García, concejal de la Ciudad de Phoenix.

La Oficina del Gobernador de Arizona se refirió recientemente al cierre de la penitenciaria como algo positivo que se verá reflejado en el bolsillo de los contribuyentes con un ahorro superior a los 200 millones de dólares en tres años.

Pero a líderes comunitarios les preocupa la idea de privatizar más cárceles, ya que aseguran es una salida fácil del gobierno de no hacerse responsables de las condiciones de las penitenciarías.

Salvador Reza, activista que en repetidas ocasiones ha apoyado a los familiares de los presos que se encuentran en las cárceles de Arizona ante las denuncias de malos tratos y comida en mal estado, se mostró contrario a esta medida.

Denunció que los prisioneros ya se enfrentan ante un sistema injusto, donde los reos con problemas de salud mental o enfermedades crónicas no reciben ningún tipo de tratamiento.

“Hemos retrocedido terriblemente, lo peor es que ya se hizo común. Las prisiones son horribles y si las privatizan será peor, habrá menos inspecciones y menos supervisión”, afirmó a Efe.