El Partido Popular Democrático (PPD) arremetió contra la propuesta para transformar la ley electoral que presentó el Partido Nuevo Progresista (PNP) tanto en la Cámara como en el Senado, por considerar que la misma es “un atentado contra una institución que le ha servido bien a la democracia”.

Según argumentó el presidente del PPD Aníbal José Torres, la propuesta es un “banquete político para el PNP… que le permitiría el dominio total en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, y por tal razón estarán oponiéndose a ella. Se espera que hoy se discuta el proyecto en la Legislatura, y que el PNP lo apruebe antes del 25 de junio, que es el último día en que se puede aprobar una medida en esta sesión legislativa.

Torres señaló 14 puntos del proyecto que el PPD está objetando, y aseguró que ya habían expresado sus preocupaciones al PNP, sin que las mismas fueran atendidas. Entre otras cosas, expresó que el PPD se opone a los poderes que se le darían al presidente de la CEE, la forma en que sería nombrado, así como las limitaciones que se impondrían sobre los partidos políticos y sus comisionados electorales.

El líder popular detalló que objetan el mecanismo de selección para el nombramiento del presidente de la CEE, que quedaría en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde hay una mayoría de jueces nombrados por el PNP. Actualmente se elige por un consenso entre los comisionados electorales que representan a los partidos políticos, y si no hay unanimidad, el gobernador hace el nombramiento con la confirmación de Cámara y Senado.

También criticaron el proceso de recusaciones de la propuesta por entender que “criminaliza la acción de una persona que tiene conocimiento y puede documentar” que alguien vaya a votar donde no le corresponde. Incluso, calificaría con el delito de acecho levantar esa información.

Otra crítica fue para el voto ausente o adelantado, que ahora podría ser usado por muchas más personas, incluyendo a cualquier elector que vaya a estar fuera de Puerto Rico el día de las elecciones. Ese voto se haría de manera electrónica, con un proceso que, según Torres, tiene la limitación de que “impide el proceso de escrutinio y recuento”.

Más todavía, incluso luego de hacer un voto adelantado, podría ir el día de las elecciones a votar nuevamente y pedir que cuenten el último voto, que también se haría de manera electrónica.

Torres también criticó que se elimine el balance electoral en las posiciones de dirección en la CEE, donde actualmente hay representación de todos los partidos, creando una “junta de balance institucional” en la que los directores de área serían nombrados por el presidente del CEE.

También objetaron que se eliminen los cuestionamientos que se puedan hacer sobre la intención de un elector, y deja todo en “lo que diga la máquina”.

Asimismo, condenaron que se le dé al presidente de la CEE el poder de inscribir, bajo un determinado partido político, aun si la comisión de dicho partido lo hubiera descalificado, a un candidato que acuda ante la CEE con cierta cantidad de endosos. “Eso es una intromisión totalmente política en los procesos internos de los partidos políticos”, condenó Torres.

Además, la CEE tendría la autoridad para aprobar los reglamentos de los partidos políticos, y “le dan una orden directa al presidente de la CEE, para realizar gestiones y acciones para lograr el aval federal para un plebiscito o referéndum de estatus. Es una obsesión con la estatidad”.

Asimismo “eliminan la legitimación activa de los comisionados electorales para los asuntos administrativos en la CEE”, algo que Torres atribuye al escándalo del “robo de vagones y la utilización de la CEE para coordinar una respuesta política paralela a los alcaldes y alcaldesas” que fue denunciada por los comisionados electorales. 

También, elimina la legitimación de los comisionados electorales de tener alguna participación en los procesos electorales donde el partido o el comisionado no establezca una participación directa. En el pasado, dijo Torres, el PPD pudo tener observadores aun cuando no participó de una consulta de estatus.

Otro punto que “repudiamos totalmente” es la forma en que se hará el nombramiento del secretario de la CEE, que con esta propuesta excluiría la participación de los comisionados electorales y quedaría solo en manos el presidente de la CEE. 

Asimismo, cuestionaron la eliminación de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), luego de una reducción a solo 12. Torres preguntó que pasaría con los empleados de las JIP, pues si bien el proyecto dice que usaría el empleador único, ese proceso es para los empleados de carrera y los empleados de las JIP son de confianza. “¿Cómo ellos van a trabajar ese asunto? No está especificado en el proyecto”.

Por otro lado, criticaron el movimiento de la primarias presidenciales republicanas y demócratas, por considerar que responde a una intención de inflar los números de la primera al ponerla junto al proceso de primarias local. “Sin embargo, las del Partido Demócrata las adelantan para marzo. ¿Cuál es la razón para eso? No dice. Si es en aras de lograr mayor economía, pues hagan todas las primarias el mismo día, en igualdad de condiciones, y la participación va a ser justa para todos”.

Por su parte, el veterano político popular Héctor Luis Acevedo lamentó que se busque trastocar un sistema electoral que aseguró ha estado “fuera de la controversia ordinaria del país”. 

“Nosotros logramos consenso en la Ley Electoral. Ocho elecciones sin ninguna impugnación, por consenso. Todas las garantías que se han provisto en las elecciones en Puerto Rico en los últimos 40 años de paz electoral en el país, las elimina o debilita este proyecto. Esto es el huracán María en el proceso electoral. Aquí se pone a perpetuidad el control del PNP en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones”, afirmó Acevedo.