La reacción de los ejecutivos municipales fue emitida luego de que Primera Hora revelara múltiples deficiencias detectadas en los análisis financieros de los pueblos, identificadas en una evaluación que realizó la organización ABRE Puerto Rico del ciclo fiscal del 2017.

El estudio mostró que los municipios con más problemas fiscales fueron Maunabo, Ponce, Patillas, Lajas, San Juan, Cabo Rojo, Peñuelas, Maricao, Salinas, Yauco y Guayama. Estos sacaron F.

Mientras que Fajardo, Cayey, Barranquitas, Aibonito, Hatillo e Isabela fueron los agraciados, ya que sacaron A.

El resto de los municipios fluctuaron entre la B y la D o no entregaron sus informes financieros para ser evaluados.

San Juan: “Un daño infligido por el gobierno”

Para la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, el gobierno central desangra los presupuestos de los municipios para el pago de sus deudas, por lo que propuso la creación de una comisión especial que reconcilie las finanzas del país y que aplique mano dura contra aquellos que malgasten los fondos públicos.

La funcionaria recalcó lo que llamó “un daño infligido por el gobierno Ricardo Rosselló y Jenniffer González a las finanzas de todos los municipios” con la eliminación de ingresos, la imposición de nuevos impuestos y el impago del dinero depositado en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de los intereses ganados, entre otros factores mencionados.

Su reacción surgió en repuesta al informe sobre el índice de la salud fiscal que le dio nota de F y cuyo analista, Arnaldo Cruz, expuso su alarma “de que un municipio tan endeudado se atreva a sobregirarse en $94.7 millones. Eso es el equivalente a un exceso de gastos de 22% de su presupuesto”.

Cruz Soto respondió que “yo estoy de acuerdo cuando él habla de irresponsabilidad fiscal del gobierno central, de seguir usando a los municipios como la ATH para pagar las deudas que se asumieron por décadas y que ellos no pueden pagar, y ese contexto no se lo da el informe que hace hoy esa organización. Así que yo le he pedido a nuestros asesores financieros que se comuniquen con la organización, porque eso no es solamente para el municipio, todos los municipios de Puerto Rico han sufrido”.

La alcaldesa dijo no conocer la organización, que ha preparado el informe por los pasados cinco años, y puso en perspectiva la situación financiera del municipio, ya que del año fiscal 2012 al 2013 hasta el 2018 y el 2019 ha reducido de $113 millones su presupuesto de fondos ordinarios anualmente, excepto un año que se quedó igual. A pesar de ello, dijo no haber eliminado servicios esenciales, no se ha reducido la jornada laboral y se han descartado contratos, menos en el área de salud.

Caguas: No está de acuerdo

William Miranda Torres, alcalde de Caguas, discrepó con el resultado del informe y manifestó que pidió un análisis a su equipo de trabajo, llegando a la conclusión de que los índices utilizados por ABRE Puerto Rico “no miden, necesariamente, la capacidad financiera de los municipios”.

Indicó que “aunque todos los comparados son municipios, son organizaciones completamente heterogéneas.  Esa es parte de las razones por la cual los municipios con mayores recursos resultan con índices similares y, curiosamente, todos están entre las peores notas: Guaynabo, Bayamón, Carolina, Mayagüez, Caguas, Ponce y San Juan”.

Ejemplificó que de los 13 indicadores que se tienen como referencia, siete de ellos se ven impactados por el balance de deuda en circulación de cada municipio.  “La principal fuente de repago de préstamos es la CAE (Contribución Adicional Especial) la cual forma parte de la Contribución sobre la Propiedad.  Es decir, los municipios con mayores ingresos de Property Tax son los que van a generar mayor capacidad de pago para emitir deuda y hacer obra pública.  Por otro lado, los municipios que no tienen esa capacidad no pueden incurrir en grandes emisiones de bonos (deuda) y por tanto sus indicadores en este estudio resultan más favorables”.

Para Miranda Torres, el análisis no mide el desempeño de los alcaldes. “Los gobiernos son empresas de servicio, no son centros de ahorro o inversión. Los recursos deben estar disponibles en beneficio del pueblo”.

Carolina: No le cuadran los números

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, aclaró que para el año fiscal 2017 su municipio solo destinó un 5.11% del presupuesto al pago de deudas, contrario a lo informado en el análisis, que detalla que fue un 31%.

Aponte indicó que “el Municipio generó ingresos por $120,065,384 para su fondo general en el 2017. Durante esa misma fecha, se realizaron desembolsos de préstamos pagaderos con recursos del Fondo General por el total de $6,142,083.52. Una clara desemejanza con el 31% comprometido en pagos de deudas y préstamos informados en el reportaje. La cifra real es de un 5.11% por ciento”.

Manifestó que ese porciento “es poco más de la mitad permitida por el artículo 19c de la Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico, que establece un máximo de 10% del presupuesto de un municipio como cantidad máxima comprometida para el pago de préstamos contra el Fondo General”.

“Mantener unas finanzas saludables ha sido parte importante de nuestro éxito como ciudad a la hora de poder mantener la prestación de servicios y la creación de proyectos dedicados al fortalecimiento de la calidad de vida ciudadana. Nuestro presupuesto es uno dinámico, pues constantemente es analizado de manera que se tenga una visión real de la situación fiscal del ayuntamiento”, añadió.

“Yo creo que es de gran importancia la labor investigativa en tiempos de crisis en todo lo relacionado a las finanzas, tanto estatales como municipales. En esta ocasión, sin embargo, nos topamos con unas cifras que no concuerdan con la realidad de nuestro municipio y es por esto que nos vimos en la necesidad de aclarar algunos datos. Invitamos a la organización ABRE (Puerto Rico) a que se comunique con nosotros para aclarar cualquier duda que les surja”, expresó el alcalde Aponte.

Maunabo: “De ninguna manera vamos a salir de este hoyo”

El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez Pérez, señaló que “no tiene sentido” calificar a los municipios por notas. Dijo que lo que se debe hacer es evaluar con cuánto presupuesto cuentan y qué servicios se les provee a la ciudadanía.

Maunabo, por ejemplo, fracasó en el manejo de sus finanzas, según un estudio de la organización ABRE Puerto Rico.

Márquez Pérez aceptó que su ayuntamiento arrastra con un déficit de $3 millones y que el presupuesto general es de $5 millones.

“En la medida que los municipios hemos ido asumiendo responsabilidades del gobierno central, debe haber más gastos. Y, si el gobierno central sigue quitando recursos, de ninguna manera vamos a salir de este hoyo”, afirmó el alcalde.

Márquez Pérez también señaló que se debe tomar en cuenta que los municipios pequeños tienen iguales responsabilidades que los grandes. A modo de ejemplo, indicó que pagan por los servicios de salud o tienen que arreglar las carreteras cuando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realiza reparaciones.

Asimismo, afirmó que “los municipios no son entidades para guardar dinero, es para darle servicio a la ciudadanía”.

“Es muy fácil ver un número y no mirar la realidad interna de los municipios. Los municipios no se miden por notas como en la escuela, es por la calidad del servicio”, acotó Márquez Pérez.

Lajas: “Estamos haciendo ajustes”

Marcos “Turín” Irizarry, alcalde de Lajas, también se colgó en el manejo de sus finanzas, pero lo achacó al déficit que encontró cuando entró al ayuntamiento en el 2012, pese a que el estudio evalúa el año fiscal 2017.

“Al eliminarle a los municipios el Fondo de Equiparación, y al paso del desastre del huracán María, la cosa se ha complicado para los municipios pequeños. Aun así, este año la proyección es bajar a $1 millón ese déficit acumulado. Estamos movilizando, haciendo los ajustes necesarios para salir hacia adelante”, expuso Irizarry.

Hay que aclarar que el informe corresponde al año fiscal 2017, que cerró en junio de ese año, es decir, bastante antes de que el huracán María apareciera en el horizonte, por lo que no se puede achacar el desbarajuste fiscal al desastre natural. 

El alcalde expresó que los gastos en los pueblos han ido aumentando, más han tenido que invertir en ampliaciones para el vertedero.

“Hay un déficit acumulado. Ahí refleja que todos los que están en déficit, ellos dan esa nota (de F). Pero, fíjese, yo no he bajado horas a los empleados, no cobro por el recogido de basura, sigo implementando turismo con la Parguera, abriendo dos fábricas de costura en nuestro pueblo, y seguimos dando servicio”, expuso.

Yauco: Toma “medidas de recortes de gastos”

El alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres, reconoció que el municipio atraviesa por dificultades económicas, pero aseguró que ha estado tomando medidas para mejorar las finanzas. El informe de ABRE Puerto Rico colocó a Yauco con F, entre los peores municipios en cuanto al manejo de sus finanzas. 

“Quería notificar que soy un alcalde entrante y ese era el último presupuesto a medias, compartido con la pasada administración (del ahora senador Abel Nazario)”, explicó Torres. “Yauco ha tenido una situación deficitaria muy difícil por los pasados 8 años”.

No obstante, Torres afirmó que al asumir la alcaldía comenzó a tomar “medidas de recortes de gastos”. Entre esas medidas mencionó “la no contratación de unos 200 empleados irregulares”, con lo cual bajó de 300 a 92 los empleados en esa categoría.

“Aparte, tomamos medidas también para reducir gastos de combustible en un 25% adicional. También redujimos contratos de servicios profesionales en un 55%. En adición, eliminamos todos los (contratos de) edificios alquilados por el municipio. Eran cinco establecimientos que estaban alquilados y cancelamos los contratos y los mudamos a dependencias municipales”, enumeró Torres.

“No obstante, reconocemos que falta mucho por recorrer”, admitió el alcalde.

El municipio tiene actualmente un presupuesto de $10.8 millones, luego del primer recorte en las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Su nómina, detalló Torres, es de 506 empleados, 300 de carrera, 123 transitorios y 87 irregulares.

“Hemos tomado medidas, pero, con honestidad, tendremos que tomar más medidas severas para poder mejorar esas notas”, insistió.

Explicó que para 2020-21, una vez pase la fase post María en la que han recibido fondos adicionales para la recuperación, Yauco tendrá que enfrentarse a la realidad de que está listado como uno de los más de 40 municipios que no serían operables para el 2024 cuando ocurra el segundo recorte en subsidios del CRIM, pues “no tendría los fondos recurrentes para pagar su nómina y a los acreedores”.

No obstante, Torres se mostró esperanzado en que las medidas que han tomado y las que proyecta llevar a cabo, empiecen a dar resultados positivos.

“Esperamos que este primer año se reflejen esas medidas que estamos tomando. Luego de María, que sería un año atípico, esperamos que se vea el resultado”, auguró.

Bayamón: “Una cosa es trabajar desde el escritorio y otro es el día a día y saber administrar”

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, criticó duramente el estudio de la organización ABRE, porque a su juicio no se ajusta a la realidad de su municipio. Dijo que no está claro la fórmula que utilizaron para darle notas a los municipios, se contradice en la información provista y pretende que los municipios no utilicen el dinero del superávit.

Según el informe, Bayamón había mantenido B en los pasados años, pero en el 2017 cayó a D.

“No está cónsono con la realidad nuestra. El municipio de Bayamón siempre ha presentado todos sus estados financieros a tiempo, siempre paga sus deudas, tiene el ‘range’ de presupuesto de gasto de nómina más bajo en Puerto Rico, con solamente 28%; es reconocido por agencias federales por su desempeño y no tenemos déficit presupuestario, tenemos superávit”, destacó.

También recordó que ese año fiscal los municipios tuvieron que poner en pérdida todo el dinero que quedó en el Banco Gubernamental de Fomento, cuando la entidad se acogió a la quiebra,

Rivera Cruz también expuso que si la organización ABRE Puerto Rico le bajó las notas porque utilizó dinero del superávit para darle unos servicios al pueblo, pues en el próximo año todos los pueblos sacarán F.

Esto se debe a que estos fondos se redirigieron para atender la emergencia ocasionada por el huracán María.

“Una cosa es trabajar desde el escritorio y otro es el día a día y saber administrar… Si por utilizar los chavos que tenemos ahorrados es un criterio para ser mal administrador, si ese es el criterio, me pueden dar F todos los años subsiguientes, porque yo voy a seguir trabajando”, afirmó Rivera Cruz, al señalar que en el 2017 el superávit de Bayamón era de $24 millones.

A su juicio, Bayamón está “extraordinariamente bien administrado y voy a mí. Yo voy a atender la ciudadanía independientemente un técnico se invente una manera de interpretarlos (los informes financieros)”.

Cabo Rojo: Difiere del informe

Mientras, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, indicó que el estudio solo evalúa los números que se plantean en las auditorías y no las notas, las cuales dijo que establecen las condiciones que se tuvieron para llegar a esos números.

Por ejemplo, planteó que no se tomó en cuenta una serie de condiciones que ocurrieron en el 2017 que afectaron a los municipios.

“No es un secreto que los municipios están pasando por una dificultad, pero no mencionan el impacto millonario de la Aportación Adicional Uniforme, que buscaban rescatar el déficit de Retiro haciendo uso de fondos municipales; la Contribución en Lugar de Impuesto (CELI) con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que no paga patentes municipales, arbitrios de construcción ni servidumbre de paso y ese año (2017) el empieza a pagar por la luz a la AEE, y hubo una confiscación de dinero atrapado en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando se declararon insolventes”, resumió.

Ramírez Kurtz también se quejó que no tomaran en cuenta que disminuyó el déficit en gastos operacionales de $7.5 millones, que era lo que tenía Cabo Rojo cuando asumió la administración, a menos de $3 millones.

“La situación deficitaria fue heredada”, sentenció.

El alcalde también se quejó porque el informe alude que el municipio no tomó acción para detener los gastos. Dijo que esa información es falsa, porque ese año comenzaron la reducción de la jornada laboral.

“Otro de lo que habla (el informe de la organización ABRE Puerto Rico) es que el municipio utilizó $5.8 millones de préstamo del BGF para pagar deuda, cuando en el 2016, 2017 el BGF ya no emitía ningún préstamo”, explicó el caborrojeño.

Tras exponer estas razones, Ramírez Kurtz indicó que “tenemos una crisis financiera, pero no de la manera que lo están expresando”.

San Lorenzo: Se deben discutir “otros datos fundamentales”

El alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, cuyo municipio aparece en la lista de los que no entregó el informe de salud fiscal, no ofreció las razones para no cumplir con la fecha de presentación, pero quiso aportar “otros datos fundamentales que se deben discutir”.

Dijo que fue en ese año 2017 cuando el gobierno central eliminó la aportación de bono de Navidad para los empleados municipales y se realizaron ajustes al acuerdo del CELI para que los municipios pagaran utilidades que históricamente estaban exentas.

“Ese fue el año cuando el gobernador presentó un plan fiscal reduciendo millones de las aportaciones del CRIM para los municipios y se impuso una tarifa millonaria llamada Aportación Adicional Uniforme para que los municipios ayudaran a cubrir el déficit del Fondo del Retiro”, recordó.

“Y como si eso fuera poco, ese 2017 fue el año cuando el ahora extinto Banco Gubernamental de Fomento confiscó los fondos que estaban depositados en las cuentas de los municipios. Ese fue el huracán administrativo que nos impactó tremendamente en el 2017”, añadió.

“Finalmente, a diferencia de los financieros, que realizan una función importantísima, los alcaldes administramos entidades que no son negocios en el sentido estricto de la palabra, administramos servicios de todo tipo y nuestra función cubre desde atención a la seguridad, salud, vías públicas, deportes, recreación y atención social. En ese sentido, nuestra función debe verse y analizarse en tu totalidad, en su justo contexto. Esta discusión pública debe continuar y que todos los datos estén sobre la mesa”, manifesto Román Abreu.

Adjuntas y Moca: Aseguran que presentaron el informe

Jaime Barlucea, alcalde de Adjuntas, explicó que le municipio sí presentó el single audit correspondiente al año fiscal 2016 -2017, contrario a lo informado por ABRE Puerto Rico. Recordó que una vez concluido el periodo auditado (1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017), los municipios tenían hasta 31 de marzo del 2018 para la entrega del documento.

“El paso del huracán María retrasó la entrega de la auditoría, ya que como es de conocimiento general, Adjuntas fue uno de los pueblos con mayor devastación en su infraestructura de telecomunicaciones, la cual colapsó. Además, el gobierno federal otorgó prórrogas para la entrega del mismo y el municipio se acogió a las mismas. Esta prórroga fue vigente hasta 31 de marzo del 2019. Aun así, el CPA Carlos Díaz preparó la auditoria y radicó la misma para la fecha del 16 de octubre del 2018. Se notificó la aceptación de la misma el 14 de marzo del 2019”, manifestó Barlucea.

Añadió que “las finanzas del municipio permanecen estables. En ingresos y gastos no se presentó déficit alguno. Pero, el Estado retiene la cantidad de $601,635  por concepto de pago de una demanda al alcalde anterior por discrimen político. Es esta retención la que hace que se refleje una deficiencia de $18,845”.

Mientras, el primer ejecutivo de Moca, José E. Avilés Santiago, aclaró que su municipio sometió el informe de single audit correspondiente al año fiscal 2017 a las agencias correspondientes y en el tiempo estipulado por ley.

“Como Gobierno Municipal siempre hemos cumplido con lo que nos exige la ley... Al ser un documento público se puede conseguir la información veraz de manera simple a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, o a través de nuestro municipio. A nosotros nos caracteriza la transparencia en los procesos”, indicó por escrito.

Isabela: Una de las excepciones

El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, está que se ríe solo con la A que recibió en este estudio de ABRE Puerto Rico.

“Eso es de celebrar en estos tiempos”, señaló el aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático.

Dijo que su éxito ha sido “preparar presupuestos balanceados y no salirnos de él”.

Añadió que “hay que procurar dar todos los servicios que se tienen comprometidos a base de ese presupuesto. Gracias a esa disciplina fiscal, hemos logrado un superávit que se ha mantenido en los 18 años que llevo como alcalde”.

El superávit de Isabela llegó a estar en $28 millones, pero disminuyó a $25 millones tras el paso del huracán María.

“Después del huracán María hemos utilizado ese dinero para la recuperación. Aun no hemos tenido algunos desembolsos de FEMA (Agencia federal para el Manejo de Emergencias) y se ha estado utilizando dinero para que comunidades se mantengan con unos servicios estables”, explicó Delgado Altieri.

Por último, el isabelino recomendó a sus compañeros alcaldes que “mantener un presupuesto balanceado es la clave para la gestión administrativa”. 

Frances Rosario también colaboró en esta historia.