Los auditores de la Oficina de la Contralor que trabajaron en el informe de auditoría del Municipio de Mayagüez fueron citados por la División de Integridad del Departamento de Justicia para mañana, para analizar los hallazgos referidos por la contralora Yesmín Valdivieso.

Estos hallazgos ya habían sido referidos al entonces secretario de Justicia, Guillermo Somoza, en el 2010 y el 2011, aunque no sucedió nada. Quedó “pendiente a resolución”.

Ahora, el director de la División de integridad Alberto Valcárcel , asignó un fiscal, reactivando la pesquisa.

Unos de los hallazgos bajo consideración, el 2, trata de la contratación de Norma Martínez, de N&M Construction, para prestar servicios de ingeniería, sin contar con la licencia requerida y posible conflicto de intereses mientras fungía como presidenta del Comité Técnico Municipal.

En el otro hallazgo referido, el 4, se señalan los pagos indebidos a un promotor, Julio César Sanabria, de Empresas Sanabria, Inc., por servicios facturados que no fueron realizados.

El referido en el caso de la contratista, se fundamenta en presuntas violaciones a la Ley 173 del 12 de agosto de 1988, Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, que dispone que es ilegal para cualquier persona practicar en Puerto Rico la ingeniería, o una de las profesiones mencionadas sin licencia.

“Constituye delito grave y, a su vez, le impone responsabilidad a cualquier persona que se asocie, contrate o propicie la práctica ilegal”, se establece en la ley.

“Esta Oficina informó la situación comentada... al Secretario de Justicia y al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico mediante cartas del 28 de enero de 2010, para las medidas correspondientes. Al 31 de mayo de 2013, la situación continuaba pendiente de resolución”, indica en el informe.

Del hallazgo 4 y el pago por trabajos no realizados a Sanabria, “esta Oficina informó las situaciones comentadas al Secretario de Justicia mediante carta del 8 de diciembre de 2011, para las medidas correspondientes. Al 31 de mayo de 2013, la situación continuaba pendiente de resolución”, expuso.