La sombra de la corrupción vuelve a merodear por los alrededores del ejecutivo de Puerto Rico por lo que éste ha decidido referir un asunto relacionado con contratos de varias agencias del gobierno con una empresa consultora, a la Oficina de la Inspectora General para que realice una auditoría sobre los mismos, después de que se desvelara que el FBI indaga el asunto.

Tal y como desvelan este jueves varios medios de la isla, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha enviado citaciones a funcionarios y exempleados de distintas agencias, entre ellas del Departamento de Hacienda relacionadas con dichos contratos.

Se trataría de los contratos de la consultora BDO con los Departamentos de Educación y Hacienda y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y el Departamento de Educación indican,varios diarios de la Isla. 

El secretario de asuntos públicos de Puerto Rico, Anthony Maceira, indicó en un comunicado hoy que la política pública de la administración del gobernador, Ricardo Rosselló, es de "transparencia y apertura".

"Tan pronto advinimos en conocimiento sobre las peticiones de información relacionadas a la empresa BDO, se ordenó a las agencias de gobierno cooperar con las autoridades y suministrar toda la información requerida, solicitada o pertinente", subrayó.

Además, se refirió el asunto a la Oficina de la Inspectora General para que realizara una auditoría de estos contratos, adicional a las auditorías internas que puedan ejecutarse o haberse realizado, agregó Maceira.

"Siendo esta nueva agencia independiente, cualquier hallazgo encontrado luego de su análisis será atendido inmediatamente", reiteró.

Asimismo, como medida cautelar, las agencias, reveló, han comenzado a rescindir los servicios con dicha empresa.

"Todo funcionario tiene el deber y la obligación moral de cooperar con las autoridades. Reiteramos que nadie está por encima de la ley y que cualquier funcionario o contratista que le haya faltado a sus funciones inherentes o al interés público, no tendrá cabida en esta administración y será referido a las autoridades de ley y orden", subrayó.

"No podemos permitir que asuntos como estos distraigan nuestra misión de restaurar la credibilidad y confianza de todos, lo que es uno de los mayores retos de gobernanza de toda administración. Es por esto que el gobernador Rosselló ha sido firme en su política de cero tolerancia a la corrupción y no le ha temblado el pulso en actuar cuando así amerita basado", concluyó.

Al respecto el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, indicó y reconoció que se ha pedido información por parte de las autoridades federales y que ya no hay contratos con la citada empresa "tras la orden" para la cancelación el pasado 10 de mayo de los contratos.

"Le corresponde a las autoridades pertinentes emitir cualquier declaración de su propósito o alcance", reiteró.

"El mayor reto que ha tenido esta administración ha sido ganarse la credibilidad con el pueblo y con el mundo. Por eso empezamos a emitir información financiera con transparencia, pagando los reintegros a tiempo y emitiendo los estados financieros que la pasada Administración no realizó", agregó.

Por ello, especificó, "no podemos permitir que ningún funcionario o contratista distraiga nuestra misión de restaurar la credibilidad con transparencia porque como medida cautelar decidimos descontinuar los servicios con dicha empresa".

"Al momento, no tenemos información de si algún empleado de la agencia ha sido entrevistado por las autoridades federales", dijo Maldonado, quien manifestó que se continúa trabajando para "reestructurar el sistema financiero y asegurarse que la política pública del gobernador de cerrar la brecha de desigualdad se ejecute proveyendo recursos y empoderando a los más vulnerables".

"Continuaremos los trabajos de Hacienda con normalidad y mejorando nuestras nuevas iniciativas", indicó.

De acuerdo con el diario El Nuevo Día, una fuente indicó que las autoridades federales indagan sobre la gestión de una persona que ejerce como asesor o consejero principal de BDO en ASES.

"La auditoría interna encontró irregularidades", aseguró la fuente.

Durante este año fiscal, ASES firmó dos contratos con BDO, uno por $800,000 y otro por $90,000, por servicios relacionados con los sistemas de información y servicios de auditorías.

Los acuerdos vencen el 30 de junio, reveló hoy el citado periódico.

Hay 23 contratos vigentes de la firma con el gobierno.

A todo ello se une la información divulgada el pasado 11 de junio por medios de la isla en el sentido de que el FBI estaría también investigando al exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) Elías Sánchez, sobre una presunta trama de tráfico de influencias.

BDO reacciona

La empresa a la que le cancelaron los contratos, BDO, aseguró que coopera con el FBI para aclarar cualquier duda pero que "en ningún momento se nos informado de alguna irregularidad", según declaraciones del socio administrador e BDO Puerto Rico, Gabriel Hernández, publicadas en El Nuevo Día.

Sobre la decisión del gobierno de cancelarle sus contratos, Hernández dijo que "estaremos evaluando el impacto de la misma".