La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció este mediodía la radicación de una demanda contra el estado “por la práctica de declarar una actividad como ilegal para terminarla y comenzar a lanzar gas lacrimógeno”, como ocurrió durante tres días de las multitudinarias manifestaciones que se registraron para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Los detalles del injuction preliminar y permanente, así como de sentencia declaratoria, los dio a conocer durante una conferencia de prensa realizada en el Coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey.

Según se detalló, la demanda es contra el gobernador; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, así como el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román.

El abogado del municipio en este caso, el exrepresentante popular, Charlie Hernández, explicó que con la demanda se busca que se declare como una conducta ilegal la intención del gobierno de decidir cuándo se termina una manifestación, así como que se prohíba el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y la persecución de las personas que van en la huida cuando estos son lanzados.

Además del municipio de San Juan, representados por empleados afectados, la demanda incluye a residentes, comerciantes y manifestantes.

Una vista judicial de esta demanda fue citada para hoy a las 2:00 p.m. a la sala de la jueza Lauracelis Roque. El abogado Hernández adelantó que en la misma se podría comenzar un descubrimiento de prueba o la solicitud de mociones de parte del estado de desestimación.

Según denunció la alcaldesa, durante las manifestaciones que se realizaron por 12 días en el Viejo San Juan para exigirle la renuncia al gobernador, “el señor Esclera o un representante de este acudía al megáfono a decir que la actividad legítima de protesta y cobijada por la libertad de expresión era inconstitucional o ilegal. Eso tenía el propósito, según él, aunque no expresado, de suspender los derechos constitucionales y los derechos civiles de todos los puertorriqueños y personas allí congregados para hacer uso de la libertad de expresión y la libertad de reunión”.

“Sorpresivamente, no se puede descartar que existan infiltrados, después de eso venía una botella de agua del lado de los manifestantes a los policías, que estaban vestido como ‘transformers’, una botella de agua no podía hacer nada a policías que estaban vestidos como militares. Entonces, procedían a cazar a los manifestantes y están los videos”, añadió Cruz Soto. 

Prosiguió que “los policías, algunos de ellos de la escuadra de Corrección, que no tenían el adiestramiento para manejo adecuado de multitudes, apuntaban a alguien y disparaban ya sea con balas de goma o con el propio artefacto que disparaba el ‘pepper spray’. Corrían y perseguían a los manifestantes, cosa nunca antes vista, en ocasiones hasta la Plaza San José”.

La alcaldesa insistió que estas acciones violentaron en derecho de reunión y de libertad de expresión, cobijados tanto en la Constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos.

Dijo que determinaciones sobre cuándo termina una manifestación solo la puede tomar un tribunal. Por ello, entiende que los representantes del gobierno demandados “se arrogaron un espacio y poder que no le corresponde”.

Cruz Soto indicó que esta no es la primera ocasión que la Policía decide terminar una manifestación utilizando gases lacrimógenos. Recordó que en la manifestación del 1 de mayo de 2018 realizada en la Milla de Oro, en Hato Rey, ocurrió lanzamiento de gases y los manifestantes fueron perseguidos hasta la urbanización Santa Rita, en Río Piedras.

Cruz Soto indicó que, en esta ocasión, promueve esta demanda para que “quede claro que los derechos civiles de nuestra gente no son un juguete con las cuales el gobierno puede jugar o puede suspender”.

Por otro lado, Cruz Soto informó que toda persona que se sienta afectada por las acciones del gobierno durante las manifestaciones puede comunicarse con el municipio para unirse a la demanda.

“Cualquier persona adicional a las que están en nuestra demanda que sienta que sus derechos fueron violentados, que fueron perseguidos, cazados, hay una imagen horrible en internert de un joven que le dispararon tres veces con balas de goma en la cara, pueda llamar a la Casa Alcaldía para unirse a la demanda”, concluyó la alcaldesa.

El pasado 16 de julio la Legislatura Municipal de San Juan aprobó una ordenanza que autoriza a la alcaldesa a “llevar a cabo todas aquellas gestiones" necesarias sobre los pedidos de renuncia que se le hicieron al gobernador. Por lo que esta acción, está cobijada por ese mandato.

El lanzamiento de gases

De los 12 días de manifestaciones que se realizaron en el Viejo San Juan antes de que renunciara Rosselló Nevares, la Policía lanzó gases lacrimógenos en tres ocasiones. La primera fue el lunes, 15 de julio, luego de que se alegara que los manifestantes le lanzaron con pedazos de adoquines, piedras, botellas de agua y otros artículos a los agentes. Estos actos provocaron que un oficial dijera por un altoparlante que la actividad dejó de ser cobijada por la Constitución de Puerto Rico y ordenó el desalojo. Ante la negativa del público, se dispersó a la multitud con gases y disparos de bala de goma.

El segundo acto ocurrió el miércoles, 17 de julio, cuando ocurrió la marcha convocada por los artistas Residente, Bad Bunny y Ricky Martin. En esta ocasión, se registró dos lanzamientos de gases lacrimógenos contra los manifestantes.

Cabe destacar que el primer lanzamiento de gases ocurrió luego de que manifestantes lanzaran varias bombas Molotov y fuegos artificiales a los agentes de la Policía.

Mientras, el pasado lunes, luego de que se realizara el Paro Nacional en Hato Rey, los manifestantes se congregaron en la intersección de las calles Fortaleza y Del Cristo. Poco antes de la medianoche, la Policía también alegó que la marcha se había convertido en una ilegal, por lo que procedió al desalojo de manifestante a fuerza de gases lacrimógenos.

En medio de los lanzamientos, la Policía quemó una guagua Hyundai Tucson que se encontraba estacionada en una de las calles de la antigua ciudad. La agencia tuvo que pagar los gastos de lo ocurrido.

Además de estos lanzamientos de gases lacrimógenos, la Policía lanzó el 13 y 14 de julio, primeros días de la manifestación gases pimienta contra los manifestantes.

Esta es la primera demanda que se ha informado sobre estos hechos, ya que el representante de la Unión Americana de Libertades Civiles, Fermín Arraiza, indicó que los esfuerzos del organismo se limitarían a denunciar los actos al juez federal a cargo de la Reforma de la Policía, Gustavo Gelpí.

Rosselló Nevares renunció el pasado miércoles sumido en un escándalo por arrestos de corrupción y tras la divulgación de un chat en la aplicación de Telegram en los que se realizaron comentarios clasistas, machistas, homofóbicos, amenazantes y burlescos.