La exsenadora popular Maritere González enfrentará juicio por 12 de los 13 cargos que le imputa la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

El juez Rafael Taboas del Tribunal de San Juan le encontró causa probable hoy en todos los cargos, con excepción de una violación al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.

Este artículo dispone que "un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley".

El juez falló en su contra en los cargos de violación a los artículos del Código Penal 212, (4) por falsedadideológica, 217 (4), por posesión y  traspaso de documentos falsificados y (4) 269 por perjurio.

“Lo más importante es que el caso más fuerte que tiene el FEI se cayó”, reclamó el abogado de defensa, Yuseph Lamboy

Según la teoría del FEI, la exsenadora recibió ayuda financiera del convicto empresario Anaudi Hernández, exrecaudador del Partido Popular Democrático y exmiembro del comité de finanzas del expresidente cameral Jaime Perelló, a cambio de lograr la confirmación de Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL).

Como parte de esos alegados beneficios económicos, González vivió sin pagar alquiler en un apartamento de un socio de Anaudi y nunca lo notificó en sus informes ante la OEG. De haber pagado, hubiese tenido que desembolsar alrededor de $43,000 en tres años.

Las acusaciones contra la exlegisladora surgieron del caso federal por corrupción gubernamental contra Hernández, quien se declaró culpable por un esquema de soborno en varias agencias del gobierno. Durante el juicio federal, salió a relucir la estrecha relación de amistad entre Hernández y González y hasta se presentaron mensajes de texto que se intercambiaron ambos.

La exlegisladora fue sentada en la silla de los testigos y cuando fue abordada sobre detalles sobre donativos a su campaña, se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no autoincriminarse al ser cuestionada sobre una alegada donación de $2,000 que recibió de Hernández.