Legisladores y alcaldes del Partido Partido Popular Democrático (PPD) presentaron un recurso al Tribunal Supremo de Estados Unidos como «amigos de la corte» para validar las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), esto en el pleito en el que se impugna la legalidad de los nombramientos de los integrantes de esta entidad creada por la ley federal PROMESA para supervisar las finanzas del gobierno, denunciaron portavoces de uno de los demandantes, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

En Radio Isla, el abogado de UTIER, Rolando Emmanuelli, dijo que el recurso de los funcionarios electos del PPD plantea que, aunque los nombramientos son inconstitucionales porque fueron nombrados en violación a la cláusula de nombramientos federal, al mismo tiempo dice que se deben validar las acciones pasadas de la junta.

«Me parece que eso es un error estratégico muy grande», sostuvo el abogado en la entrevista radial.

En el periodo en cuestión, la junta ha aprobado el acuerdo con COFINA, que se alega es nocivo para el pueblo; el acuerdo de AEE que incluye un alza en la factura, ha aprobado presupuestos sin respetar lo que dice la Asamblea Legislativa, entre otras, dijo Emmanuelli.

"La lista de decisiones de la junta que ellos (los líderes del PPD) con sus acciones están avalando es verdaderamente desastrosa", agregó el letrado.

Por su parte, el presidente de UTIER, Angel Figueroa Jaramillo tronó en sus redes sociales contra la acción de los populares.

"Miren que canallada del @ppdpr. Mientras el país está pendiente y atento a Dorian. Radicaron un amicus curiae en el Supremo de los EEUU indicando que las actuaciones de la Junta de Control Fiscal fueron razonables. En palabras sencillas validan todas las acciones de la JCF", sostuvo Figueroa Jaramillo.

"Cobardes como siempre actuando a espaldas del pueblo. Bueno que caraj...se puede pedir ellos trajeron a Promesa y la Junta Control Fiscal", dijo el líder obrero, dijo 

La ley federal PROMESA, que incluye a la JSF, se aprobó en el pasado cuatrienio, bajo la administración del presidente Barack Obama y el gobernador PPD, Alejandro García Padilla, en un esfuerzo que tuvo en su momento el apoyo del entonces presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi.

El caso fue ganado a nivel del Tribunal de Apelaciones de Boston por UTIER y otros demandantes, pero la JSF acudió mediante certiorari ante la Corte Siprema de Estados Unidos.