Alcaldes azules y rojos le dieron su aval hoy a una propuesta que se cocina en el Senado para descentralizar el Centro de Recaudación de Ingresos Municiples (CRIM) y devolver a los municipios el control de los recaudos de la propiedad mueble e inmueble.

Unos 41 alcaldes, penepés y populares, acudieron a una tercera cumbre municipal convocada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Esta vez el cónclave fue en el Capitolio.

“Nosotros entendemos que el CRIM es una institución fundamental para los municipios. Es uno de los grandes avances de la reforma bajo la ley de autonomía municipal. Se están evaluando posibilidades para que esa institución prevalezca en el tiempo, no estamos de acuerdo con que se suspenda, cancele o elimine”, subrayó el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz Velázquez.

“Si hay cambios al CRIM esperamos que sean de manera positiva, en beneficio de la institución municipal porque el CRIM es una de las grandes conquistas de los gobiernos municipales”, sostuvo el alcalde popular. “Estamos en la etapa de discutir distintos temas lo que no puede sacarse del escenario es que podemos tener grandes avances en legislación, pero si los municipios no existen porque no tenemos los recursos económicos para subsistir de nada valen las reformas”, agregó.

Otro popular, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez planteó que lo que ha estado ocurriendo es lo de siempre: la desconección del gobierno central con los municipios y el desmantelamiento de la ley de municipios autónomos en los pasados 20 años, de los gobiernos de los dos partidos políticos.

Puntualizó que si los municipios no tienen fuentes de financiamiento, es porque “que se la quitaron en la administración pasada y no tenemos alternativas para responderle a la gente, máxime con los recortes de la Junta de Control Fiscal y todo lo que ha estado avalando este gobierno en estos dos años”.

Vemos el mismo patrón cada vez que hay que recortar buscan seguirle quitando recursos a los municipios. Los incentivos, exención de patentes municipales y de la propiedad mueble e inmueble, son de los recursos de los municipios y así es un ñame.

Se quejó de que se ha reunido una sola vez con el gobernador Ricardo Rosselló, al principio del cuatrenio. “Todavía no ha atendido ninguno de los asuntos que le planteamos y vamos a enviarle una carta para saber si esa reunión fue una pérdida de tiempo”, sostuvo.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera dijo que lo que se busca es hacer un nuevo marco legal a la Ley de Municipios Autónomos que sea “mucho más efectivo, más eficiente y más adaptado a las realidades del siglo 21”.

Otro alcalde de la Palma, Ángel Pérez, de Guaynabo detalló que se busca establecer un código municipal, no solamente para trabajar con los asuntos del CRIM, sino de revisitar la Ley 81, que controla la gobernanza de los municipios y la Ley 83 del CRIM.

“Lo que está proponiendo el Senado es que se puedan hacer varios libros en cuanto a lo que es el sistema de gobernanza de los municipios”, sostuvo Pérez, quien destacó que los municipios tienen problemas de financiamiento.

El presidente del Senado dijo por su parte que eventualmente podría aprobarse legislación para transformar la estructura y operación del CRIM y sostuvo que de legalizarse las máquinas tragamonedas en la reforma contributiva se podría destinar un porciento de los recaudos a la aportación que hacen los municipios a la Reforma de Salud. 

“No es desaparecer el CRIM. Se trata de darle facultad a los gobiernos municipales para que la gestión de cobro y efectiva para lograr el recaudo les resulte beneficiosa mientras más activo sea el gobierno”, dijo Rivera Schatz, a preguntas de periodistas.

“¿Hacia dónde se movería la estructura del CRIM? Hacia los pueblos para que el gobierno municipal tenga la oportunidad de hacer, cobrar y de gestionar directamente y no entre en un aparato burocrático que diluye su esfuerzo y premia la ineficiencia. No importa la gestión que hagan ciertos gobiernos municipales van a seguir haciendo lo mismo y eso no te incentiva”, sostuvo.

Rivera Schatz aseguró que la “inmensa mayoría” de los gobiernos municipales cuentan con la estructura para atender el CRIM y los que no lo tienen pueden entablar acuerdos colaborativos con municipios vecinos “para que los ayuden”. 

El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez Pérez urgió a la Legislatura a que se cambie la ley que dio paso al CRIM.  “Basado en la realidad económica de nuestro País es momento de que el CRIM se transforme”, expresó.

Favoreció que los municipios manejen el CRIM e incluso propuso que se establezcan oficinas de auditorías internas para fiscalizar los recaudos. Asimismo, presentó la idea de que se reestructure el fondo de equiparación municipal y que el mismo sea congelado “a ciertos años” lo que a su juicio estimularía que los pueblos que tengan mayor capacidad de captación puedan realizar las gestiones de cobro.

Por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández le propuso en una carta al Gobernador crear un frente unido en contra de las políticas y determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. “Puerto Rico no tiene nada que perder en el intento de empujar y tratar de generar una discusión que dé origen a un verdadero cambio que transforme la Ley PROMESA”, dijo Hernández.