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Demanda la JSF al gobernador por la reducción de jornada

Por Daniel Rivera Vargas 08/28/2017 |12:57 p.m.
"El gobernador está legalmente obligado a cumplir y poner en vigor la totalidad del Plan Fiscal, incluyendo sus enmiendas (que incluyen la reducción de jornada)", reza la demanda. (Archivo)  
Piden a la jueza que emita una orden para obligarlo a cumplir con la directriz de quitarle dos días de trabajo a miles de empleados públicos.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió ante la jueza Laura Taylor Swain una demanda en la que piden que se emita una sentencia declaratoria y un interdicto que obligue al gobernador Ricardo Rosselló a acatar su directriz de imponer una reducción a la jornada laboral, por estar incluido en el plan fiscal.


"Una vez certificado por la JSF, el gobernador debe cumplir con el plan fiscal", reza la demanda

La demanda en sus primeras tres páginas recuerda que el plan fiscal fue aprobado en marzo con dos enmiendas que incluyen un recorte de jornada si no se cumplen las expectativas presupuestarias establecidas y que el gobernador y su entonces representante ante la JSF, Elías Sánchez, "ninguno cuestionó que ambas enmiendas eran parte integral del plan fiscal".

"El gobernador está legalmente obligado a cumplir y poner en vigor la totalidad del Plan Fiscal, incluyendo sus enmiendas (que incluyen la reducción de jornada)", sostuvo.

A principios de agosto, la JSF le advirtió al gobernador en una vista pública que no se cumplieron las expectativas presupuestarias y que habría que reducir la jornada laboral de todos los empleados públicos, comenzando el primero de septiembre pero, relata la demanda, representantes la Rama Ejecutiva ha dicho que no van a acatar con esta directriz del plan.

La reducción de jornada aprobada en agosto aplica a todos los empleados públicos excepto los policías y sería del 10% de su jornada o dos días.

Una orden judicial de interdicto es necesaria para prohibir al gobernador tratar las enmiendas al Plan Fiscal como recomendaciones, según el recurso judicial.

"El gobernador no se afecta por un interdicto preliminar a estos efectos, porque las enmiendas son parte del Plan Fiscal del Estado Libre Asociado que es requerido en cumplimiento de un asunto de ley federal", reza la demanda de 23 páginas.

Asimismo, mediante comunicado de prensa, se expresó que se le pide al tribunal que declare que: el Plan Fiscal para Puerto Rico tal cual fue certificado por la Junta bajo PROMESA incluye sus Enmiendas (incluyendo las enmiendas que requieren (1) un programa de reducción parcial de jornada si ciertas metas no se cumplen y (2) una reforma de pensiones); las Enmiendas son disposiciones mandatorias y obligatorias del Plan Fiscal para Puerto Rico; y el Gobernador tiene que cumplir con y hacer cumplir el Plan Fiscal.

“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo en declaraciones escritas Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión.  


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