El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares ha cometido posibles violaciones a derechos constitucionales contra los manifestantes que reclaman la renuncia del primer mandatario, según establecieron este mediodía dos abogados constitucionalistas.

Según afirmó Reyes Gil durante una conferencia de prensa realizada en el Colegio de Abogados, “no le corresponde al estado, al gobierno, a la Policía determinar cuándo comienza ni cuando termina una manifestación. Tampoco le corresponde a la Policía decir, es incorrecto, es un disparate decir que una protesta no está protegida por el derecho constitucional. El derecho constitucional les corresponde a los individuos, corresponde a los ciudadanos, corresponde a la gente. Y son las personas que están en sus manifestaciones quienes determinan cuándo empieza y cuando termina (la protesta) y los derechos constitucionales son frente al estado. Así que es completamente incorrecto decir que una protesta no está protegida por un derecho constitucional”.

El pasado miércoles, cuando los artistas Residente, Bad Bunny y Ricky Martin, entre otros, lograron realizar una multitudinaria manifestación para reclamar la renuncia de Rosselló Nevares, un oficial de la Policía a cargo de la seguridad en la intersección de la calle Del Cristo y Fortaleza dijo en varias ocasiones por un altoparlante que la manifestación ya no estaba protegida por la Constitución de Puerto Rico y ordenó el desalojo de la zona. Esto ocurrió momentos antes de que se determinara lanzar gases lacrimógenos y bolas de goma para dispersar a la multitud, ya que se les había lanzado varias bombas molotov a los agentes.

Garrón Peralta afirmó que “si es que alguien en efecto incurrió en un acto de violencia (durante la manifestación), como vimos fuego y unas roturas de cristales, pues estas personas no tienen protección constitucional para su conducta violenta. Pero eso no le quita protección constitucional a las personas que lo que hacen es expresarse. Es de regímenes totalitarios que se utiliza la pedrada tirada para arrasar con una manifestación”.

El abogado constitucionalista informó que las personas que sientan que sus derechos fueron violentados cuando la Policía ordenó cesar la manifestación, pueden acudir a los tribunales a querellarse.

No obstante, Reyes Gil informó que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) considera radicar un recurso para exponer que se les ha violentado el derecho a los manifestantes.

El representante legal de la ACLU, Fermín Arraiza, informó a Primera Hora que “no se radicó querella lo que se radica es una moción informativa al juez (presidente del Tribunal federal de Distrito, Gustavo) Gelpí indicándole lo que está ocurriendo”.

“Henry Escalera, (comisionado del Negociado de la Policía), ni Elmer Román, (secretario de Seguridad Pública), ni nadie en Puerto Rico tiene la facultad para suspender garantías constitucionales en las circunstancias en que se está viviendo en el país. Ellos no tienen la autoridad. Ni tan siquiera en un estado de emergencia son las personas llamadas a suspender garantías constitucionales. En ese sentido, nos parece una gran irresponsabilidad y denota, además, el plan premeditado, concertado y la conspiración del alto mano de la Policía de Puerto Rico para poner fin a una manifestación legítima bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y bajo la Constitución de Puerto Rico, utilizando el pretexto fabricado por ellos, porque es una fabricación del pretexto, para interferir en los derechos constitucionales de los manifestantes”.

El abogado no cree que sea correcto acudir a establecer un nuevo pleito de la Policía por sus acciones ante los manifestantes, pues ya hay uno activo en el foro federal.

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román, informó que citó a una reunión de emergencia mañana a las 10:00 a.m. para evaluar todo lo acontecido en las manifestaciones que se han reportado desde el pasado sábado para fijar una posición y evaluar las acciones que podrían tomar.

Por otro lado, Reyes Gil opinó que el estado está respondiendo de forma violenta a las manifestaciones que, “incluso el propio gobernador de Puerto Rico hizo manifestaciones en el pasado criticando otros gobiernos que reaccionaron de manera violenta contra manifestantes”.

Señaló que estas acciones pudiesen ser tan constitutivas de delito como lo es el controvertible chat de Telegram.

“El gobernador no solo podemos ver que en el chat que ha cometido delito, sino que continúa un patrón de violaciones de derechos a los manifestantes, a persona que residen en el Viejo San Juan”, planteó.

La abogada señaló que estas violaciones no solo se cometen cuando se culmina una manifestación por orden de la Policía, sino cuando utilizan gases lacrimógenos en zonas residenciales y confinadas para dispersar a la multitud.