La controvertible compra de drones anaranjados a $500 cada uno para la construcción y reparación de vías en el país, cobró otro sorpresivo giro para muchos cuando el representante novoprogresista José “Pichy” Torres Zamora reveló que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), bajo las administraciones de dos exgobernadores populares, Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, también realizó compras de cientos de safety drums por la misma suma.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes reconoció, no obstante, que si los drones se pagaron a sobreprecio “está mal para el PNP como para el Partido Popular (Democrático, PPD)”.

“Es la doble vara del PPD que, por un lado, denuncian unas cosas del PNP y de la administración de Ricardo Rosselló y ellos hacían lo mismo”, expresó el legislador de la Palma al tiempo que reclamó que la compra de drones bajo esta administración se hizo en una situación de emergencia que encarecía los costos, como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María.

Torres Zamora sostuvo que en 2002 y 2008 “no había una crisis que pudiera justificar un pago por esa cantidad”. Además, dijo que estos drones tienen un “costo unitario”, que incluye “comprar el dron, marcar el dron, rotularlo, llevarlo y ponerlo en el sitio”. “También hay que darle mantenimiento por un año, verificarlo semanalmente, cambiarlo y si desaparece, reponerlo. Si el costo unitario de $500 está mal, estamos mal todos, pero ese era el precio que se pagaba”, reclamó.

 Dijo, además, que los drones que se adquirieron en esta administración permanecen en la ACT y mientras que los comprados en administraciones populares “el contratista se quedó con ellos una vez terminó cada proyecto”.

La semana pasada, Primera Hora reveló que ACT pagó $300,000 por 600 drones anaranjados luego del paso del huracán María, cuando el costo promedio por unidad es de $75.

En sus primeras declaraciones sobre el tema, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que investigaría el asunto, pero estableció que los aparatos fueron adquiridos en medio de una emergencia.

ACT no pudo precisar el inventario actual de este tipo de señalización vial.

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¿Cuántos compraron?

Según documentos en poder de Primera Hora, sometidos a la Highway Authority and Transportation -ente federal que reembolsa el dinero- y que suponen el estatus de proyectos realizados en la Isla, la empresa Grounting Specialists of PR, Inc., habría completado unos trabajos para el gobierno en el 2002 por la cantidad de $603,683.60. De esta cifra, $55,000 fueron invertidos en 110 drones a razón  de $500 cada uno.

La misma corporación realizó otros trabajos en el mismo año por la cantidad de $2,543,378.04. Unos $125,000 fueron destinados para la compra de 250 drones al controvertible precio.

De la misma forma, Carro and Carro Enterprises, Inc. tendría un acuerdo con el gobierno para el mismo año por la cantidad de $7,445,778.43. Para entonces, la empresa compró, según el documento, 466 drones a $500 por unidad, para un total de $233,000.

Esa misma empresa luego llegó a nuevos pactos con el gobierno en el mismo 2002 para completar unos trabajos por la cantidad de $7,277,804.23. De esa cantidad, $165,000 se usaron para comprar 330 drones a razón de $500 cada uno.

Por último, la Constructora Rodríguez Sevilla, Inc. cobraría $1,426,906.28 por varios trabajos en el 2008.

A ellos también se les pagó $500 por cada uno de 192 drones, para un total de $96,000.

“Independientemente, si el dron está a 500 pesos y es a sobreprecio, la realidad del Partido Popular es que le fallan al pueblo de Puerto Rico cuando denuncian y traen ese ítem de los $500 por dron, cuando ellos también pagaban 500 pesos por dron, porque era el precio unitario que se estaba pagando en ese momento, y ahora se adjudicó en una subasta que iba a pagar el gobierno federal y que se pagó para marcar carreteras que estaban en problemas”, dijo Torres Zamora a este diario.

El legislador invitó, asimismo, al representante popular, José “Conny” Varela, “para que enmiende la Resolución que radicó para investigar la compra de drones por esta administración e incluya los periodos de 2002 y 2008, para que el pueblo de Puerto Rico conozca las razones por las que en ese entonces también se pagaron los drones anaranjados a $500 cada uno”.

El también subsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) destacó que “varios de los contratos otorgados por la administración popular de Sila M. Calderón para la compra de drones anaranjados, fueron adjudicados a la compañía Carro & Carro, la misma empresa  que se llevó la subasta que denunciaron los populares la semana pasada, y que alegaron favoritismo por vincular a su dueño con líderes del Partido Nuevo Progresista”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres Torres, quien hizo pública la denuncia a través de Primera Hora, dijo que el PNP demuestra impunidad cuando recurre, en su defensa, a decir que otros gobiernos lo hicieron mal, cuando pagaron $500, por cada dron, y que “por lo tanto, no hay nada malo en hacerlo de nuevo”.

“Eso evidencia el grado de impunidad que prevalece en el PNP y la absoluta resolución de no hacer nada por poner costo a las malas prácticas que han empujado a Puerto Rico a su peor crisis fiscal. Sea quien sea, y del partido que sea, sabe que lo ha hecho mal”, agregó Torres Torres.

“Me parece interesante que el planteamiento del PNP, pasada ya una semana desde que salió la denuncia, sea hoy que administraciones del PPD compraron drones pagando esa misma cantidad. Ellos tienen todos los elementos siendo gobierno para hacer las investigaciones y tratan de justificar un mal con un mal”, reaccionó Torres Torres.

Dispuesto a enmendar

Por su parte, Varela dijo que está dispuesto a enmendar la medida que radicó para investigar el asunto. “Que abran los libros, que aprueben la resolución que radiqué y vemos si hubo o no alguna irregularidad en el proceso de subasta que llevó a cabo la Autoridad de Carreteras”, expresó.

“Si buscamos transparencia para que los procesos se lleven bien para beneficio del País, que se haga todo lo que tiene que hacerse. Estoy dispuesto a sentarme con el compañero (Torres Zamora) a ver esos contratos de otras administraciones que él dice y si hay evidencia de algo irregular, que se traiga a la luz pública”, indicó el representante popular.

Ante la controversia, el portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos, señaló que la discusión de los drones no es si se compraron o no, y sí “dónde el sistema está fallando para que se dé esa compra de $500”.

Insistió que “la discusión debe ser por qué los estamos pagando, dónde el sistema está fallando y cómo lo puedo corregir”.