¿Dónde está el contrato que viabiliza el acuerdo que fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals (PTN), y le concedería a esta la operación total de los muelles de Puerto Nuevo? ¿Quiénes están detrás de ese contrato?, ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico realiza este acuerdo en un cuarto a oscuras?

Estas y otras interrogantes son parte del reclamo del colectivo Junte de Voluntades -el cual reúne a personas y organizaciones de la sociedad civil opuestas a la aplicación en Puerto Rico de las leyes de cabotaje de Estados Unidos- quienes emplazaron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que desautorice al director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, a dar continuidad al acuerdo.

Según explicó Mark Anthony Bimbela, portavoz del colectivo, bajo el nuevo acuerdo (conocido como el Agreement No. 201292) el PNT manejaría aproximadamente el 80% de la carga marítima que llega al puerto en contenedores, y 11 de las 14 grúas en el Puerto de San Juan. Mientras que Crowley se quedaría con el restante 20% y sólo tres grúas. A ambas empresas se les ha señalado por ponerse de acuerdo para fijar precios y oferta en la carga marítima doméstica.

“Siendo Puerto Rico una isla que depende del transporte marítimo para todo su comercio y su viabilidad económica y alimentaria, resulta un escándalo bochornoso el que la Autoridad de los Puertos haya convenido el control del 100% de los muelles en San Juan, precisamente, con varias empresas navieras que luego del paso del huracán María se opusieron a que barcos con bandera internacional trajeran mercancías a Puerto Rico”, expresó Bimbela en una conferencia celebrada en la sede del Colegio de Abogados.

El expresidente del Colegio de Abogados dijo que la peligrosidad del acuerdo será patente cuando comience el proceso de reconstrucción en Puerto Rico, tras el embate de María.

“¿Por qué?  Porque todas las varillas, cemento, bloques y todas  esas cosas tienen el costo de acarreo marítimo más costoso del mundo y ahora esas mismas compañías tendrán el control de operación de los puertos. ¡Es terrible!”, dijo a Primera Hora.

Bajo este escenario el llamado del colectivo es que el gobierno de Puerto Rico “tome cartas inmediatamente en el asunto para detener esa transacción”.

Bimbela insistió en que la Gobernadora -quien ha fomentado ser parte de un gobierno transparente- debe otorgar al grupo una “reunión urgente”. “Esta controversia presenta una excelente oportunidad para que la gobernadora demuestre su palabra con acción”, sostuvo.

Ante la seriedad del asunto, el colectivo solicita también que el Departamento de Justicia y el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) lleven un recurso de interdicto preliminar inmediato para detener la transacción mientras culmina la investigación que realiza la Oficina de Asuntos Monopolísticos.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, catalogó de “inverosímil” que, después del historial que han tenido estas navieras, la Autoridad de Puertos los haya recompensado con el control absoluto del Puerto de San Juan.

Denunció, además, la falta de transparencia y de discusión pública respecto al contrato.

“No tenemos los nombres de las personas que pudieron ser cabilderos  o representaron a las navieras en este proceso de transacción… el Estado debe tener la transparencia y responsabilidad de informarle al pueblo. Ni siquiera se ha visto ese contrato”, denunció Reyes.

Trascendió que por tratarse de una transacción monopolística el acuerdo fue sometido antes de abril por las empresas participantes ante la Comisión Marítima Federal (CMF) a fin de conocer si les aplicaba alguna de las excepción que la ley marítima federal otorga a ciertas prácticas.

Según Germán Vázquez, de la Unión de Transporte de Puerto Rico, ese organismo federal expresó la semana pasada tener “serias preocupaciones” por los efectos del acuerdo e, incluso, alegó que los comisionados no se pudieron poner de acuerdo en si la agencia tenía jurisdicción.

El grupo advirtió que siendo el Gobierno de Puerto Rico el dueño de los terrenos, tiene potestad de detener toda cesión o enajenación de espacios portuarios hasta tanto se evalúen las transacciones.

Otros que pusieron el grito en el cielo fueron los miembros de la Unión de Empleados de Muelles (ILA), quienes expresaron que el junte marítimo será perjudicial para la isla, al tiempo que podría perjudicar la negociación de un convenio colectivo que vence el 30 de septiembre.

Carlos Sánchez, presidente de ILA, denunció que han encontrado obstáculos para llega a acuerdos concretos con su patrono (LAC), quien se niega a ofrecer información pertinente a la unión.

“Solicitudes de información relacionada a su relación con esta entidad y la forma en que este modelo de negocios afectará a los miembros de la organización sindical han sido negadas de distintas maneras, poniendo en riesgo la negociación del convenio colectivo”, indicó por comunicado de prensa.

Recordó que la coalición representaría un control excesivo de dos empresas sobre la entrada de bienes al país.

“Además, estas dos empresas controlarían las tarifas por traer bienes y productos a la isla. No olvidemos que Crowley y TOTE, antes (Sea Star Lines) ya fueron convictas por fijación de precios y violación a las leyes antimonopolísticas federales. Ambas pagaron multas ascendentes a los $100 millones y al menos seis personas fueron arrestadas o cumplieron cárcel”, destacó.