¿Está el gobierno listo para ofrecer alternativas a los empleados públicos cuando entre en vigor la reducción de la aportación patronal al seguro médico el primero de marzo?  La pregunta se quedó ayer sobre el tintero en una vista pública en la Cámara de Representantes.

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, no fue categórica cuándo el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, le preguntó qué estaba haciendo la corporación pública para cumplir con el término que se aproxima.

“Hemos continuado el proceso ordinario que ASES viene mandado a realizar dentro de Ley 95 y (de Beneficios de Salud para los Empleados Públicos) y es buscar unos productos que cumplan, que razonablemente representen la realidad que hay en el mercado, esto sin nosotros determinar la aportación para los empleados”, indicó Ávila.

Sostuvo, sin embargo, que la facultad de negociar y acordar cubiertas de seguros de salud “más económicas” con aseguradoras privadas o bajo cubierta pública para la elección de los empleados públicos se la otorgó la Ley de Comité de Cumplimiento con el Plan Fiscal, de 2017, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF).

La funcionaria dijo que los empleados del gobierno central reciben una aportación mínima de $125 y los de las corporaciones públicas reciben una aportación mayor. Añadió que la intención del gobernador Ricardo Rosselló de uniformar la aportación patronal del gobierno en una no mayor de $125 fue para “traer alguna razonabilidad y justicia”.

En torno a los reclamos de los dentistas de que se revisen sus tarifas de hace 28 años, Ávila dijo que están evaluando “la razonabilidad de las mismas” de acuerdo con el nuevo Plan Vital del gobierno.

“El plan médico no es un lujo que tiene la ciudadanía, es una necesidad que vivimos porque todos sabemos los altos costos de medicamentos. Voy a solicitar una reunión con Aafaf [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal] y, que es la entidad a la cual se le delegó hacer todo este andamiaje y evaluar que están haciendo”, dijo, por su parte, el representante Morales a periodistas al concluir la vista pública.

El legislador expresó, además, que la fecha del 1 de marzo está muy cercana y “no nos va a dar tiempo de hacer algo que sea responsable para los servidores públicos”.

Dijo que para algunos empleados de las corporaciones pública el impacto será de $400 mensuales y en agencias del gobierno central la reducción sería de $80 y $85.

“El salario de estos empleados no es muy alto tampoco. Estamos hablando de salarios de $2,400”, dijo para agregar que la Legislatura “estará muy pendiente de lo que se va a hacer”.

“Mi preocupación principal es que cuando el empleado público vea que esto le cuesta $300 y 400, la decisión sea no coger un plan médico”, indicó.

Dos sindicatos, que representan a empleados públicos, expresaron, a su vez, que la reducción en aportación al plan médico pondrá en riesgo la salud de los servidores públicos y de sus familiares.

La presidenta de Servidores Públicos Unidos, Annette González, sostuvo que familias de la clase trabajadora podrían caer bajo el índice federal de pobreza y que algunos trabajadores podrían optar por racionar los servicios médicos y/o los medicamentos.

“Intentar resolver el asunto de la aportación de plan médico a los empleados públicos ofreciéndoles el beneficio de entrar al plan Mi Salud no es la panacea a los problemas fiscales”, sostuvo González.

Por su parte, la Hermandad de Empleados de la Autoridad de los Puertos advirtió que ni ASES, ni los patronos ni el gobierno central “tiene una lista para definir como dice la ley aquellos casos clasificados como catastróficos para que estos empleados no se vean afectados con esta reducción salarial”.