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En espera la UPR de una respuesta favorable de agencia federal

03/05/2013 |07:38 p.m.
La institución entiende que ha realizado importantes avances en el cumplimiento con los requisitos de la Fundación Nacional de las Ciencias.

La Universidad de Puerto Rico entiende que ha realizado importantes avances en el cumplimiento con los requisitos de la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF por sus siglas en inglés) y esperan que ella apruebe las medidas correctivas que han adoptado y se evite de esa forma una terminación del apoyo económico a los programas de investigación del primer centro docente del país.

El vicepresidente de Investigación y Tecnología de la UPR, José A. Lasalde, explicó este martes en una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Federales e Internacionales de la Cámara de Representantes, las gestiones que ha hecho desde que se inició en el puesto en noviembre de 2010, luego de que se notificara a la institución suspensión de pagos por violaciones a las normas que regulan el pago de labores a los investigadores.

Ese esfuerzo, que comenzó revisando lo que se había propuesto en el Plan de Acción Correctiva que había aprobado ya la universidad, culminó en tres certificaciones de la Junta de Síndicos que cambiaron todo el sistema para el pago de las labores de investigación financiadas con fondos federales, afirmó Lasalde.

El académico reconoció que no hubo la suficiente diligencia en los cuerpos directivos de la UPR para poner en vigor las soluciones que se habían acordado. Relató que desde julio de 2011, se distribuyó el primer borrador del manual con el nuevo sistema propuesto.

Las certificaciones con el cambio de política se aprobaron el 17 de septiembre de 2011, pero no fue hasta mediados de marzo de 2012, que el presidente de la UPR, Miguel Munoz, emite la circular autorizando la implantación de la misma.

Lasalde reconoció que por haberse iniciado ya el semestre, no fue hasta el verano de 2012, que se comenzó a trabajar con el nuevo sistema, con el que esperaban cumplir con los requisitos federales.

Ya para esa fecha se había emitido la suspensión de fondos por parte de la NSF, que persiste todavía y que podría hacerse permanente a mediados de este mes si la agencia concluye que la UPR todavía no cumple con sus normas.

El funcionario universitario relató además las múltiples conversaciones y negociaciones con la NSF para presentarles los ajustes y cambios realizados.

“Lo más vital para la universidad fue establecer durante ese periodo de verano 2012, que las políticas y procedimientos discutidos con la agencia estaban en cumplimiento con la normativa federal aplicable”, dijo.

Expresó que luego de numerosas conversaciones y de recibir una opinión favorable del asesor de la Universidad, resultó inesperada la respuesta de NSF en febrero de este año, en la que extiende la suspensión.

Indicó que la UPR sometió una carta el 15 de febrero pasado, solicitando clarificaciones sobre los asuntos discutidos en una teleconferencia en la que tanto el asesor de la Universidad, como los abogados que le representan en este caso, reclamaron ante los funcionarios federales que las normas adoptadas cumplían con lo requerido y estos así lo admitieron, por lo que ahora “estamos en espera de una contestación de NSF”.

Problema viejo

Durante la audiencia legislativa, se afirmó que la situación que llevó a la UPR al estado actual tiene su origen en determinaciones tomadas hace muchos años por otros presidentes y otros directivos universitarios.

Se inició bajo la presidencia de Norman Maldonado, cuando en el 1997, se aprobó la certificación 66, que estableció el sistema de remuneración a los profesores que trabajaban en las investigaciones, que es lo que ahora es cuestionado por la agencia federal NSF.

Pasó por la presidencia de Antonio García Padilla, que en el 2006, recibió una advertencia cuando una empresa independiente de auditores levantó interrogantes sobre el sistema de pago y alertó sobre posibles violaciones a las normas federales. En ese momento no se hizo nada para corregir la situación, se indicó.

La visita de oficiales de NSF a la Isla, que culminó en la suspensión de los pagos, se realizó en febrero de 2010, bajo la presidencia de José R. de la Torre.

Bajo la dirección del actual presidente, Miguel Muñoz, es que se han producido las dilaciones en corregir el problema y cumplir incluso con el propio plan de acción correctiva que diseñó la universidad, lo que agudizó la amenaza de una cancelación definitiva de estos fondos.

Además de Lasalde, declararon ante la comisión cameral los representantes del claustro y los estudiantes en la Junta de Síndicos, Carmen Ana Miranda Rivera y Ana Matanzo Vicens; y Christopher Torres Lugo, respectivamente.

También compareció el director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería, Manuel Gómez, quien responsabilizó a Lasalde por la crisis, y el director del Centro de Investigación y Desarrollo del Recinto de Mayaguez, Walter F. Silva Araya.