El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez, rechazó hoy irregularidades en los procesos de subastas de la agencia señaladas por el senador popular, Cirilo Tirado Rivera, entre ellas, las relacionadas con la compra de un sistema para impedir comunicaciones no autorizados dentro de las instituciones carcelarias, que se conoce como Managed Access Systems (MAS).

“No solo son incorrectas las imputaciones, sino que el legislador demuestra total desconocimiento sobre los procesos de como comprar y contratar servicios en la esfera gubernamental”, dijo Rolón Suárez en declaraciones escritas.

El funcionario acusó a Tirado Rivera de avalar “lo practicado por el DCR durante la pasada administración ante contratos y subastas vencidas por años”.

“Dicha práctica consistió en realizar contratos, que de ordinario requieren procesos públicos y formales, mediante simples modificaciones a los contratos existentes, como lo son cláusulas automáticas de renovación, cláusulas a favor de los proveedores de servicios y órdenes de compra. Claramente lo anterior no es cónsono con la transparencia que requieren los procesos gubernamentales”, sostuvo Rolón Suárez.

Ayer, el senador Tirado Rivera anunció que presentó una resolución para que el Senado investigue alegadas irregularidades en varias subastas en el DCR y que se evalúen los reglamentos que rigen estos procesos para determinar si necesitan cambios que garanticen el mejor uso de los fondos públicos.

El legislador popular reclamó a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, la destitución de Rolón Suárez.

En sus declaraciones escritas, el Secretario indicó que el proceso para adquirir el sistema para impedir comunicaciones no autorizadas inició el pasado mes de enero, al amparo de los requerimientos de la Ley Núm. 117 del 2017, que persigue trabajar a favor de erradicar las llamadas de extorsión, práctica conocida como canteo.

“A la fecha, la determinación de la Junta de Subastas del DCR se encuentra en su fase estándar de reconsideración y revisión”, indicó para agregar que el estatuto requiere al Secretario de Corrección y Rehabilitación “que se inicien los trámites para establecer un sistema de control de comunicaciones, conocido como “Managed Access System”, con el fin de impedir comunicaciones no autorizadas en las instituciones correccionales, sus predios y perímetros;  lo cual resultaría en un gran beneficio a favor de la seguridad pública evitando las llamadas de extorsión y la práctica del canteo.  Según surge del historial legislativo, el senador votó en contra de este loable esfuerzo”.

En cuanto a la adquisición de servicios de alimentos, operación de las comisarías y remodelación de las lavanderías, Rolón Suárez dijo el mismo inició el pasado 8 de diciembre de 2017. “Contrario a las expresiones del senador, el proceso no ha sido revocado en sus méritos y continúa en su fase estándar de revisión y reconsideración. Además, se aclara que no existe investigación por parte del FBI sobre este particular”, dijo el funcionario.

Respecto al proceso que busca adquirir los servicios de llamadas para la población correccional, la Junta de Subastas del DCR determinó otorgar la subasta a la compañía Global Tel*Link (GTL) y sostuvo “que la determinación fue confirmada como correcta al culminar los procesos de reconsideración y revisión judicial”.

El Secretario del DCR también dijo que se ha reunido con el cabildero Elías Sánchez Sifonte, pero alegó que “ninguna de las reuniones ha sido en los pasados meses y mucho menos posterior a la aprobación de la Orden Ejecutiva 2019-31 sobre el Registro de Cabilderos” y que “ninguno de los temas discutidos en dichas reuniones ha resultado en contratos a favor de los clientes representados por el licenciado Sánchez”.