En medio de la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico, no existen impedimentos legales ni reglamentarios que impidan al Sistema de la Reserva Federal y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos proveerle asistencia financiera a la Isla, según concluye un estudio del economista Arturo Estrella sobre las normas y prácticas del gobierno estadounidense para prestar ayuda en este tipo de situaciones.

La investigación denominada “Puerto Rico Government Debt and the U.S. Federal Government: Potential Assistance Tool and Policy Practice”, comisionada por la Fundación Francisco Carvajal, fue presentada hoy, jueves, por los miembros de su Junta de Directores Alfredo Salazar y Juan B. Aponte, y por su autor, quien fue vicepresidente senior del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Estrella analizó la forma en que las leyes y reglamentos del Sistema de la Reserva Federal han tratado a Puerto Rico y precisó que el tratamiento ha sido inconsistente. En algunas disposiciones, Puerto Rico aparece como parte del segundo distrito de Nueva York, en otras como un estado de Estados Unidos y en otras tantas se le trata como un país extranjero. 

Aún así, su estudio sugiere que el gobierno federal podría ser de ayuda para resolver los problemas de liquidez de Puerto Rico sin que esto signifique un “bailout” o rescate. 

Entre las alternativas, mencionó que la Reserva podría comprar la deuda de Puerto Rico, ya fuera considerando la Isla como una municipalidad o como un país extranjero. Igualmente, podría extender crédito a las corporaciones del gobierno de Puerto Rico; ofrecer otro tipo de préstamo o garantías de deuda e, incluso, tanto la Reserva como el Tesoro podrían asistir en la planificación financiera.

“Estos pasos se pueden tomar uno por uno o se pueden tomar en conjunto”, destacó el también profesor del Instituto Politécnico Rensselaer.

Sin embargo, sobre la compra de la deuda, Estrella consideró que “no hace falta que el Fed preste 70 billones (estimado de la deuda) a Puerto Rico”. La ayuda, dijo, podría ser para problemas de liquidez de corto plazo, como la compra de notas en anticipación de contribuciones e ingresos, las llamadas “TRANs”, por sus siglas en inglés.

Para llegar a estas conclusiones, además de analizar la reglamentación de la Reserva y el Tesoro, Estrella también examinó la historia sobre las prestaciones que han hecho estas entidades, destacando los préstamos y la ayuda en planificación financiera que se le proveyeron a Nueva York en 1975, cuando la ciudad estuvo al borde de la quiebra, y las garantías de préstamos que se le ofrecieron a la compañía Chrysler en 1979.

Más recientemente, durante la crisis financiera de 2008, la Reserva dio préstamos al banco de inversión global Bear Stearns y a AIG.

En otros casos, se concedieron préstamos de corto plazo para propósitos de liquidez a compañías como General Electric, Harley-Davidson, Verizon, Mitsubishi e, incluso, al Banco de Fomento de Corea.

Aun con este historial, dos casos negativos resaltan del resumen de Estrella: la ciudad de Detroit, en Michigan, y el condado de Jefferson, en Alabama, a las cuales la Reserva decidió no ofrecerles asistencia.

El estudio demuestra que la Reserva interpreta los estatutos de forma flexible, toma acciones que no están prohibidas, pero que tampoco se limitan a lo establecido por ley, trabaja con el Congreso para pasar legislación que le permita actuar en casos de crisis y utiliza discreción para actuar rápidamente.

“¿Qué es lo que se puede hacer con Puerto Rico? Primero, hay que decidir si Puerto Rico se trata como estado o como país extranjero. Cualquiera de las dos decisiones conlleva un resultado específico. Si se trata como estado, la deuda de Puerto Rico se puede tratar como deuda municipal y el Fed la puede comprar en esa parte. Si se considera que es un país extranjero para propósitos del reglamento, se puede comprar sin que haya límite”, insistió el economista sobre las posibilidades de ayuda. 

La Fundación Carvajal entregó en diciembre de 2014 copias del estudio al gobernador Alejandro García Padilla y a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta. Esta última respondió parcamente en una carta dirigida a Aponte, con fecha del 24 de marzo de 2015, que “las conclusiones del estudio, junto a otros esfuerzos que consultores del Gobierno de Puerto Rico han hecho, nos han permitido plantear con efectividad, en las más altas esferas del Gobierno de los Estados Unidos, el problema fiscal y financiero de nuestro pueblo”.