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Evidencia pone en la mira la cuota

01/18/2011 |
La crisis fiscal por la cual se quiere imponer la cuota de $800 no se debió al mal manejo de fondos de la pasada administración según documentos presentados por legisladores populares. Arriba, estudiantes del Recinto de Mayagüez protestan por la polémica cuota.  (Para Primera Hora / Olimpo Ramos )  

El representante Jorge Colberg Toro y el senador Eder Ortiz Ortiz sacaron ayer a la luz pública documentos internos de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de la Junta de Síndicos que echan por tierra la campaña publicitaria del Gobierno que intenta justificar la imposición de la cuota especial de $800, y que culpa a la pasada administración por el déficit fiscal.

Los legisladores populares mostraron copia de los documentos sometidos por el presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, y de la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, que confirman que la Ley 7 provocó la crisis fiscal del primer centro docente del país.

Colberg Toro y Ortiz Ortiz revelaron el informe confidencial y los memorandos que sometió De la Torre a Antonio Silva, de la Comisión de Hacienda, el pasado 17 de diciembre.

Uno de los anejos del informe señala que hubo una reducción de $1.3 billones en los ingresos gubernamentales de $8.4 billones en el año fiscal 2010-2011. “El impacto en la UPR fue una reducción en los ingresos de $144 millones, debido a una reducción en la fórmula, de $835 millones en el año fiscal 2008-2009 a $691 millones en el año fiscal 2010-2011”, indica el documento.

Medidas de ahorro

Los legisladores mostraron 10 memorandos internos y cartas enviadas entre enero y julio de 2009 por el entonces presidente de la UPR, Antonio García Padilla, sobre medidas de reducción de gastos que incluyeron la eliminación de vehículos, reducción de consumo de energía, cancelación de tarjetas de crédito, viajes, contratos, reducción de horas extras, congelación de plazas y cancelación de equipos celulares, lo que ascendieron a $19.2 millones en ahorros.

Llamaron la atención a dos memorandos internos de la Presidencia y la Junta de Síndicos, el primero enviado por García Padilla al gobernador Luis Fortuño, el 13 de marzo de 2009, solicitándole ayuda para tramitar la solicitud de la UPR para los fondos ARRA (American Recovery and Reinvestment Act).

En otro de los documentos, firmado por Ygrí Rivera y el ex candidato a la Gobernación por el PNP y miembro de la Junta de Síndicos, Carlos Pesquera, y que fue enviado a la coordinadora de los fondos ARRA, Cristina Custodio, el 4 de abril de 2009, se señala que la reducción presupuestaria en la UPR se debe a la aplicación de la Ley 7, que no debe incrementarse la matrícula y que la administración de García Padilla manejó prudentemente sus finanzas, generando economías millonarias, redirigiendo sus inversiones, diversificando sus ingresos, y que “en anticipación a la actual situación fiscal del país, la UPR ha establecido una serie de medidas cautelares que generarán economías de cerca de $40 millones durante los próximos dos años fiscales”.

“Estos documentos confirman que la campaña publicitaria de encargo político de este Gobierno, la cual es financiada con fondos públicos, es una patraña maliciosa, plagada de mentiras, cobarde y bajuna, cuyo único propósito es hacerle daño al senador Alejandro García Padilla, tratando de mancillar la gestión de excelencia de su hermano Antonio”, dijo Colberg en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Cambios en el ingreso

El representante denunció, además, que la Admistración de la UPR se encamina a reducir el número de estudiantes de nuevo ingreso, lo que provocará el desplazamiento de estudiantes de escasos recursos económicos.

“Por primera vez en la historia de la institución universitaria, a partir de agosto próximo, la mayoría de los estudiantes a ser admitidos provendrán de colegios privados y no del sistema de educación pública”, sostuvo.