La vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, denunció hoy que un indeterminado número de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial “no están recibiendo servicios” luego que los planteles se afectarán por los sismos que siguen sacudiendo al país.

Desde el pasado 28 de diciembre la Isla se ha visto impactada por sismos, que han afectado de manera especial al área sur. El del pasado 7 de enero provocó el colapso de la Escuela Agripina Seda de Guánica, y dejó otras escuelas afectadas en la Isla. 

Hoy, la candidata al Senado por acumulación participó de una conferencia de prensa junto al Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, la Alianza Autismo de Puerto Rico y organizaciones afines en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, en la que exigieron también a la agencia que atienda de inmediato el asunto de la seguridad de las escuelas.

La licenciada Santiago sostuvo que Educación incumple “con la misión que tiene hacia esos niños de Educación Especial. Hay escuelas que sabemos que no son rehabilitables; la de Guánica, la de Guayanilla, y no hay ninguna iniciativa del Departamento para diligentemente reubicar esos niños. Tampoco hay un censo de cuántos niños de Educación Especial se van a ver afectados por el colapso de las escuelas”, indicó a Primera Hora.

Expresó que la agencia tampoco ha presentado alternativas que puede incluir el “iniciar la provisión de servicios relacionados, como terapias, que no tienen que darse necesariamente dentro de la escuela”.

El grupo que hizo las denuncias en el Departamento de Educación, también recabó apoyo psicológico y emocional a los damnificados y a la comunidad estudiantil en general.

De otro lado, Santiago que fungió como portavoz de los denunciantes, mencionó que reina la incertidumbre y preocupación “por la seguridad de todas las escuelas”.

Sostuvo que el secretario de Educación, Eligio Hernández, declaró que “la certificación que se va a emitir” tras la evaluación de todos los planteles “es a los efectos de que las escuelas no sufrieron daños por los temblores”.

Argumentó “que, si el terremoto hubiese sido en San Juan, quizás la escuela de Guánica y la de Guayanilla pasaban la inspección porque no fue que sufrieron daños por el terremoto”.

Por eso, dijo que es un concepto distinto expresar “que no sufrieron daños a decir que es que están estructuralmente inseguras”.

El Colegio de Ingenieros de Puerto Rico expresó recientemente que alrededor de 500 escuelas del sistema público no son seguras hasta que se corrija el problema de columnas cortas que presentan todas ellas.

El grupo también denunció que más allá de Educación retrasar el inicio de clases hasta el próximo 21 de enero, no ha presentado planes concretos para atender las diversas problemáticas que impactan a la población estudiantil y a la facultad de las escuelas afectadas.

De otro lado, la exlegisladora informó que a fin de mes se agota el presupuesto asignado por la Junta de Supervisión Fiscal al Programa de Educación Especial para el año escolar 2019-2020.

“Hay un silencio absoluto de cuál va a ser el destino del programa a partir de febrero”, indicó.

Por eso, reclamó a Educación que informe la cantidad exacta de dinero que se necesita para operar el programa entre febrero y junio de 2020 y el plan de trabajo que han establecido.

El grupo, además, exigió copia del informe rendido por el grupo de trabajo creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y los planes de la agencia para evitar que el Programa de Educación Especial vuelva a enfrentar déficit presupuestario.