El Senado aprobó hoy un proyecto de La Fortaleza que extiende hasta el 30 de junio próximo el término que tienen los médicos para acogerse al decreto contributivo concedido en la Ley 14 de 2017, que tiene como propósito detener la fuga masiva de estos profesionales, así como fomentar su retención y retorno.

La Ley 14 de 2017 estableció una tasa fija de contribución sobre ingresos de cuatro por ciento sobre los ingresos generados por el médico como consecuencia de su práctica profesional. Para obtener el beneficio, el médico debe ser residente de Puerto Rico o establecer su vivienda en la isla.

Las solicitudes para obtener el decreto vencían hoy lunes, ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por lo que el proyecto de ley extiende el término hasta el 30 de junio de este año.

“Esta Asamblea Legislativa entiende necesario conceder un periodo adicional para que los médicos puedan evaluar y tomar la decisión de acogerse al referido decreto”, dice el proyecto de ley, que pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.

La medida, que recibió un voto en contra del senador independentista Juan Dalmau, también otorga un año adicional para solicitar el decreto a los médicos que no viven en Puerto Rico, pero desean retornar a la Isla y establecer su residencia.

En la sesión de hoy, el Senado también aprobó una resolución que ordena a la Comisión Especial de Asuntos de Energía a realizar una investigación abarcadora sobre la condición en la que se encuentran los vertederos en la Isla.

La medida, del senador Larry Seilhamer dice en su exposición de motivos, que en Puerto Rico operan 29 vertederos, de los cuales solo 11 están en cumplimiento con las normas ambientales y poseen revestimientos sintéticos para evitar la percolación de lixiviados al subsuelo y a los acuíferos. Los restantes 18 vertederos son conocidos como “open dumps” y operan en violación a las regulaciones ambientales. De éstos, 11 tienen órdenes de cierre y acuerdos por consentimiento de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

El Senado aprobó también hoy un proyecto que busca fortalecer las cooperativas juveniles escolares.

La medida, del senador independentista Juan Dalmau, indica que durante el año fiscal 2017-2018, pese al impacto de los huracanes Irma y María, las cooperativas juveniles escolares, agruparon 25,891 socios, emplearon a 127 personas, generaron un volumen de negocios de $3.8 millones y contaron con $2.4 millones en activos.

En cuanto al nombramiento del designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer González, será evaluado en una vista pública mañana y se espera que mañana mismo sea confirmado por el Senado.