La Agencia federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), involucradas en el esquema de fraude develado este martes por la Fiscalía federal de Puerto Rico, evitaron dar detalles sobre la contratación irregular de la empresa Cobra para reparar el sistema eléctrico de la Isla tras la devastación causada por los huracanes Irma y María.

Sin embargo, la agencia federal y la corporación pública boricua insistieron -en declaraciones escritas- en que colaboran con las autoridades federales en la pesquisa que llevó al arresto de Ahsha Nateef Tribble, administradora regional adjunta de FEMA; Donald Keith Ellison, el presidente de Cobra Acquisitions, así como Jovanda Patterson, conocida como “Jojo”, quien fuera subjefa regional de FEMA y renunciara en julio de 2018 a su cargo para trabajar en Cobra Energy.

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Según denunció la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, “los acusados usaron la posición de Tribble para beneficiarse, enriquecerse y defraudar a los Estados Unidos”.

Se alega que la funcionaria de FEMA presionó a la AEE para beneficiar a Cobra con asignaciones de tareas y cambios al contrato. A cambio, la funcionaria recibió favores y regalos.

Una portavoz de prensa de FEMA, Abbey Dennis, envió a este diario una declaración en la que no indicó cuál será el futuro de Tribble en la agencia ni qué medidas tomarán para evitar fraudes futuros, contestaciones requeridas por Primera Hora sobre esta situación.

“FEMA no puede comentar sobre asuntos de personal. Sin embargo, la agencia está cooperando completamente con los investigadores federales. La misión de FEMA es ayudar al pueblo estadounidense antes, durante y después de los desastres, y nuestra misión solo se puede lograr manteniendo la confianza pública de quienes servimos. Como tal, la agencia toma las acusaciones de mala conducta de los empleados extremadamente en serio y mantiene a todos los empleados con los más altos estándares éticos, lo que les exige proteger los recursos del gobierno y colocar el servicio público sobre el beneficio privado en todo lo que hacen”, detalló.

Mientras, el presidente de la AEE, José Ortiz Vázquez, recalcó que la corporación “ha cooperado y seguirá cooperando con las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, Homeland Security y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que produjeron el arresto de dos funcionarios de FEMA”.

Comentó, en una declaración escrita, que solicitarán una reunión con funcionarios de FEMA para establecer los pasos a seguir tras estas acusaciones.

Asimismo, el funcionario recordó que en marzo pasado se cancelaron los contratos que la AEE mantenía con Cobra Acquisition. La medida se tomó cuando trascendió que las autoridades federales investigaban “las gestiones llevadas a cabo como parte del proceso de recuperación del huracán María”.

Especificó que los contratos con Cobra ascendieron a $1,900 millones, y se desembolsaron al 31 de marzo de este año $1,100 millones. La diferencia obedece a cantidades no utilizadas y disputas de facturación.

“Siempre ha sido una prioridad para nosotros el poder asistir y colaborar con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades locales y federales, y así lo continuaremos haciendo, como parte de nuestro deber ministerial de velar por el buen uso de los fondos públicos”, dijo Ortiz Vázquez.