“Nosotros vamos a hacer cumplir la ley. No tenemos para escoger. Yo tengo que hacer valer la ley”, sentenció la fiscal.

A la medida solo le falta la firma del presidente Donald Trump, que ya había anticipado que la estamparía y se espera lo haga de un momento a otro.

“Independientemente de nuestra opinión personal, o nuestro interés personal, tenemos que hacer la ley federal en Puerto Rico. Así que si eso se hace ley federal, la haremos valer”, insistió Rodríguez Vélez. “Si esto se convierte en ley, les garantizo que vamos a tener que ponerla en vigor, según ponemos en vigor otras leyes federales, que a lo mejor no son las más simpáticas, pero nosotros estamos aquí para imponer la ley federal”.

Recordó que “hemos llevado casos de maltrato de animales, de peleas de perro y demás, con mucho éxito”. A manera de ejemplo dijo que “el año pasado se ganó el caso del individuo que tenía todos los pitbulls para peleas” y que terminó sentenciado a un año de prisión. Agregó que como beneficio colateral se pudieron salvar muchos de los perritos que se ocuparon en la finca, y a pesar del gasto y el trabajo que significó, “muchos de estos perritos están felices ahora en nuevos hogares”.

Según evaluó, aunque haciendo la salvedad de que habría que ver todos los detalles de la ley, la misma sería similar a la vigente en otros estados y a la que prohíbe las peleas de perros. En tal caso, cualquier persona que participe de alguna manera en las peleas de gallos, sea para promoverlas u organizarlas, entrenar los animales, exportarlos para peleas en otros lugares, participar o asistir a las peleas, tener un negocio que permita y opere las peleas, o cualquier otra actividad relacionada a las peleas de gallos, podría exponerse a penas de hasta cinco años de prisión, dependiendo de cada caso.

Rodríguez Vélez hizo esas expresiones durante una presentación ante la prensa, en la que repasó el trabajo hecho por la fiscalía federal durante el pasado año fiscal, y aseguró estar satisfecha con los resultados logrados, a pesar de que la agencia se vio bastante afectada por la pérdida de fiscales y otro personal, entre otras cosas por el efecto nefasto que tuvo el huracán María.

La fiscal destacó que Puerto Rico continúa entre las jurisdicciones con mayor número de casos y de acusados, en particular en casos de armas de fuego, donde se coloca entre los primeros diez.

Precisó que precisamente por la alta incidencia de delitos con armas de fuego, se estarán creando una unidad nueva de armas, separada de la unidad especializada de crímenes violentos (asaltos a bancos, carjackings, asaltos a gasolineras).

Rodríguez Vélez aseguró que gracias a la iniciativa de para bajar el crimen violento, en la que trabajan tanto fiscales federales como estatales y que ha puesto énfasis en las armas ilegales, han podido “sacar de la calle” a muchas personas “que hemos identificado que son los que matan, que tratan de liquidarse unos a otros”.

A manera de ejemplo puso el reciente asesinato de una persona justo frente a las oficinas de la agencia en Hato Rey, cuyos familiares fueron arrestados pocas horas después con armas con las que planeaban llevar a cabo una venganza, y con eso “pudimos evitar una masacre”. Aclaró que esos casos no reciben publicidad, porque los acusados se registran como “John Doe”, pero “es un trabajo proactivo, para evitar más violencia”.

“Si no hay más violencia, yo les puedo garantizar que ese trabajo tiene mucho que ver con la ausencia de más violencia y más asesinatos”, afirmó la fiscal. “Yo estoy segura que no hay más asesinatos por todos los esfuerzos que está haciendo la Policía con el (plan) 30-60-90 y nuestras iniciativas en conjunto, que son gangas, las de armas, las de narcotráfico. Si no, tendríamos más. Puerto Rico geográficamente está liquidado. Estamos en el mismo medio de los Estados Unidos y Sudamérica. Si nos movieran a Canadá les garantizo que estarían haciendo noticias de otras cosas. Pero estamos en un lugar estratégico extraordinario, inclusive para Europa”.

“Yo me siento muy orgullosa de mis empleados. Y los agentes más aún. Estos agentes de ‘strike force’, son héroes anónimos”, insistió.

Precisó que donde continúan viendo más crimen es el “área metropolitana, Bayamón, Toa Baja, Carolina, y todos esos sitios que tienen incidencia de gangas. (Las gangas) ya no se están limitando a un residencial, sino que están proliferando en zonas. Y pueden ver un asesinato en Santurce, y son personas que son de Toa Alta, o de Carolina, gangas que no tienen nada que ver dónde ocurrió el delito”.

Asimismo, la fiscal destacó los casos internacionales de narcotráfico. “Puerto Rico está en este momento, si no el primero, el segundo, en todo los Estados Unidos en esos casos. Nos acaban de dar dos fiscales más que se van a coger para esos casos de narcotráfico internacional”, destacó.

Dijo que han detectado algunas nuevas rutas de tráfico, como la surgida entre California y Puerto Rico a través de la cual están llegando metanfetaminas y fentanilo además de cocaína y otras drogas.

Rodríguez Vélez anunció con júbilo que Justicia federal les había otorgado cinco fiscales más para atender crímenes violentos.

Aclaró, no obstante, que luego de María perdieron 17 empleados. “Muchos se mudaron a oficinas en los Estados Unidos, uno hasta se fue con FEMA. Perdimos fiscales y personal de apoyo. Todo el mundo se afectó”, lamentó, agregando que continúan teniendo dificultades para traer agentes y fiscales para la Isla, a pesar que incluso ofrecen incentivos y bonos para eso.

Entre los casos más significativos del año, la fiscal destacó el de Áurea Vázquez Rijos, quien fue hallada culpable por conspirar para el asesinato por encargo de su esposo Adam Anhang en 2005; el caso del asesinato en 2011 del banquero Maurice Spagnoletti, por el cual acaban de arrestar y encausar a cuatro personas; el caso del asalto a un banco de Añasco, en el que murieron dos inocentes y que ya fue esclarecido; el caso del teniente Osvaldo Albarati que fue asesinado en 2013 saliendo de la cárcel federal, y por el cual se declararon culpables cuatro sujetos y un quinto fue hallado culpable por jurado.

También resaltó “casos de corrupción pública”, como el de las finanzas de Toa Baja, cuya investigación continúa abierta; el de Abel Nazario que continúa pendiente de juicio; el del exalcalde de Sabana Grande Miguel “Papín” Ortiz Vélez, entre otros.

Rodríguez Vélez adelantó que para el próximo año se verán dos casos ya certificados para pena de muerte. Uno de ellos es el caso contra Alexis Candelario Santana, por la llamada Masacre de la Tómbola, que se verá nuevamente en su totalidad luego que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston lo devolviera, mientras analizaba una apelación. El otro está relacionado a un ‘carjacking’ y asesinato ocurrido en noviembre de 2016 en San Lorenzo. Aclaró que hay otros casos más pendientes de certificación para pena de muerte.

También anunció que para el próximo año “vamos a sacar unos cuantos casos de gangas violentas que tienen 60, 70 y hasta 100 acusados”.

Rodríguez Vélez también anticipó que verían bastante actividad relacionada a fraudes una vez comience a llegar las grandes cantidades de dinero que se espera lleguen para las labores de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Asimismo, dijo que estarían prestando particular atención a los abusos, fraudes, engaños y robos contra personas de edad avanzada, un tipo de crimen que está ocurriendo cada vez más en la Isla.

“Ya verán. Creo que van a venir muchos casos”, finalizó Rodríguez Vélez.