Los empleados y funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción se les ofrecerá gratuitamente la asistencia legal necesaria para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja.

Esto luego que la gobernadora Wanda Vázquez convirtió en la Ley 144-2019 un proyecto del senador Miguel Romero, que enmienda el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

La asistencia será a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al amparo de las protecciones que les otorga el Título IV de dicho Código.

“Esto es un incentivo para que nuestros empleados públicos tomen el paso al frente y denuncien cualquier acto que atente contra el buen funcionamiento del Gobierno sin temor a represalias. Esta Ley definitivamente se establece con la intención de restaurar la confianza del Pueblo en nuestras instituciones públicas. Los empleados públicos que tienen la valentía de denunciar la corrupción están cumpliendo con un deber y, en el cumplimiento de ese deber, el Gobierno tiene una responsabilidad de proteger al que cumple con la ley y ayuda a combatir este mal”, expuso Romero en un parte de prensa.

Añadió, además, que “no debe haber un solo empleado público que, haciendo denuncias legítimas en protección del propio Gobierno, deba sentirse en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su permanencia en su empleo tras hacer lo correcto”.

El senador agradeció a la gobernadora por la firma.