El secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, estableció que la situación fiscal y los recortes de 20% en servicios profesionales no ha permitido comenzar con el adiestramiento de lenguaje de señas en las distintas agencias gubernamentales y tampoco han facilitado el poder contratar los recursos necesarios para cumplir con las leyes firmadas a favor de la comunidad sorda el pasado año.

“Para ser honestos, no hemos comenzado con el adiestramiento en todas las agencias de gobierno para que tengan personal adiestrado en este tipo de lenguaje, por las situaciones fiscales. Ha habido unos recortes de sobre un 20% en servicios profesionales en todas las agencias conforme a los planes fiscales que estamos cumpliendo, y eso es una limitación”, aceptó el funcionario.

En el caso particular de la Ley 136, que dispone que toda agencia gubernamental proveerá un intérprete de señas que asistirá a las personas con impedimentos auditivos, el secretario admitió que no cuentan con los recursos para implementarla como establece.

“En la otorgación de servicios directos en las agencias, sería óptimo poder contar con un recurso en cada uno de los Cesco [Centro de Servicios al Conductor] y en todo lugar donde se dan servicios de Energía Eléctrica y Acueductos. Pero, ciertamente, tenemos una limitación de recursos y tenemos un plan fiscal que nos ordena reducir la plantilla de empleados en las agencias. Tenemos un poco de limitación en el aspecto fiscal para tener todos los recursos donde quisiéramos”, dijo el secretario de la gobernación.

Sin embargo, entiende que la falta de personal con conocimiento en lenguaje de señas no ha afectado los servicios a personas con condiciones auditivas en las agencias gubernamentales.

“Dentro de la información que yo tengo, nunca ha habido una situación que se me ha planteado que en alguna agencia alguien se vio afectado porque no había un traductor o alguien que conociera el lenguaje de señas.  Pero, estamos atendiendo el aspecto de recursos para poder añadirle accesibilidad a esta comunidad”, detalló.

A su vez, Llerandi espera que para el próximo año fiscal se pueda hallar el presupuesto para el adiestramiento de los empleados gubernamentales y asegura que buscarán trabajar iniciativas por medio de la Procuraduría de Personas con Impedimentos. 

“En cuanto al adiestramiento de personal, sí (se realizará). Que eso convierta y certifique al empleado en un profesional de lenguaje de señas, pues no necesariamente. Pero, nosotros nos estamos moviendo a de alguna manera maximizar los recursos de las procuradurías y eso quizás nos permita tener mayor accesibilidad para poder destinar dinero a iniciativas como estas”, indicó. 

Justicia está en ley... por ahora

Por otro lado, el funcionario público confirmó las gestiones que el gobierno sí ha podido realizar para cumplir con la Ley 174-2018, que busca garantizar el acceso a la justicia.

Esta ley obliga al Departamento de Justicia a tener intérpretes de señas o un acomodo razonable en cualquier proceso judicial o administrativo, con el fin de que las personas sordas o con condiciones que le impiden comunicarse efectivamente puedan entender los procesos adversativos que se lleven en su contra.

“El Departamento ha contratado una compañía y cuando un fiscal indica que tiene persona que necesita intérprete, se coordina con esta persona para que lo acompañe.  También, a través del Programa de Asistencia a Víctimas, se proveen estos servicios”, dijo el secretario.

Sin embargo, aceptó que “para el próximo año fiscal, Justicia tiene unas limitaciones en la contratación de servicios profesionales, pero vamos a estar trabajando en el nuevo presupuesto para poder cumplir con la ley”.

Asimismo, en el caso de la implementación de la Ley 266-2018 “Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno”, donde toda publicidad visual con sonido de las tres Ramas de Gobierno deberá utilizar un intérprete de señas, afirmó que “está comenzando a trabajarse con las nuevas campañas, a partir de la firma de la ley”.

No obstante, dejó establecido que esta ley también representa un reto fiscal, ya que implica un aumento en el presupuesto para la contratación de intérpretes.

“Esto encarece un poco las campañas publicitarias y es un elemento adicional que las agencias publicitarias tienen que contratar para que se incluya en los vídeos. Pero, tenemos la oficina central de comunicaciones que tienen eso (Ley 266-2018) presente. Ellos han pensado en las nuevas campañas y esperan que en el nuevo presupuesto pueda ser incluido”, sostuvo el funcionario.