Según detalló Maceira, se trata del caso de USA vs Juan Pedro Vidal, quien está acusado de cinco cargos, incluyendo carjacking, secuestro y el uso de un arma en un delito que causó la muerte a otra persona.

El secretario dijo que sostuvieron una reunión con el procurador general, y determinaron que estarían sometiendo ese recurso de amicus curiae para expresar la posición del gobierno en contra de la pena de muerte.

Maceira repasó que en Puerto Rico se abolió la pena de muerte en 1918, y luego estableció expresamente la prohibición de esa pena en su Constitución en 1952. Insistió en que esa postura es respaldada por el gobierno de Puerto Rico, que “repudia la pena de muerte contra cualquier persona en cualquier lugar”.

“La política pública es contraria a la pena de muerte. Entendemos que nadie debe tener el poder de arrebatar la vida a otra persona”, reiteró el secretario.

Recordó que todos los intentos recientes de imponer la pena de muerte habían encontrado jurados que no lo habían avalado de forma unánime, como se requiere que sean los fallos en el tribunal federal.

Indicó que el mismo juez federal Gustavo Gelpí había extendido la invitación al gobierno a expresarse, conociendo la situación de Puerto Rico. “Nos invita a presentar nuestra postura”, aseguró.

Agregó que, según le habían informado, el juez había verbalizado su intención de celebrar una vista sobre el asunto.

Según el reporte policiaco, en la madrugada del 21 de noviembre, los individuos secuestraron a dos jóvenes, uno de ellos de 16 años, en el residencial La Lorenzana, en San Lorenzo, y los llevaron al barrio Rincón, en Gurabo, donde les dispararon, dejando a uno herido y al otro muerto en el baúl de un automóvil.

Según la teoría de los investigadores, los individuos operaban un punto de venta de drogas y sospechaban que uno de los jóvenes había dado información a sus rivales.  

Los secuestradores dispararon al baúl donde estaban las víctimas y en un descuido, mientras incendiaban el vehículo, el adolescente de 16 años, que recibió tres balazos en el brazo izquierdo, pudo escapar.

La pandilla quemó al otro secuestrado, identificado como Joniel García Reyes, dentro del baúl.

Este sería el segundo caso en Puerto Rico en el que pudiera aplicar la pena de muerte, pues el Tribunal Federal también procesa el de Alexis Candelario Santana, imputado por la masacre reportada el 17 de octubre de 2009 en el negocio La Tómbola de Toa Baja.