El Senado de Puerto Rico aprobó hoy la resolución conjunta de ese cuerpo 172, de la autoría del legislador Larry Seilhamer, que ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que actualice el Código de Construcción en un plazo de 240 días o antes.

La Cámara baja informó a través de un comunicado de que esto recobra prominencia tras los destrozos que ocasionó el huracán María en la infraestructura en Puerto Rico.

"Lo que busca realmente esta medida es modernizar, atemperar, actualizar el Código de Construcción, lo que tiene mayor importancia ahora ya que el paso del huracán María manifestó y expuso la necesidad de revisar estas guías", sostuvo Seilhamer.

Añadió que "una Orden Administrativa de 2011 crea un comité para la adopción y revisión del Código de Construcción de Puerto Rico, por lo que corresponde ahora activar este grupo de profesionales y actualizar el documento atemperándolo a nuestra realidad".

El también ingeniero dijo que "la última revisión que acogió lo establecido en el 'International Building Code' es de 2011 y contempla vientos de 145 millas por hora. Sabemos que Puerto Rico fue embestido por un huracán de categoría mayor con vientos de más intensidad de 145 millas. La realidad es que hay una necesidad apremiante de que reformemos nuestro sistema de construcción en todos sus ámbitos".

La exposición de motivos de la pieza legislativa detalla que la experiencia vivida tras el paso del huracán María, que trajo consigo ráfagas que alcanzaron los 190 millas por hora y precipitaciones intensas de lluvia, demostró que las infraestructuras no estaban diseñada o construida para resistir un fenómeno de tal proporción.

El Código de Construcción de 2011 es el vigente, aunque debe ser revisado cada 3 años.

El mismo se elaboró contemplando cargas de viento de 145 millas por hora, pero el Código Internacional más reciente elaborado por el "International Code Council" en el 2016 contempla cargas de viento de 170 o más millas por hora.

"Los códigos de construcción proporcionan normas mínimas para salvaguardar la vida, la salud, la prosperidad y el bienestar público, regulando el diseño, la construcción, la calidad, la ubicación y el mantenimiento de todas las edificaciones y estructuras dentro de una jurisdicción", concluyó el legislador.