La jueza Laura Taylor Swain, a cargo de dirigir los procesos de quiebra y reajuste de la deuda de Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley Promesa, acogió con buenos ojos los acuerdos alcanzados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con un gremio representante de los maestros del sistema de educación pública y con un comité representantes de pensionados del gobierno.

Los acuerdos, no obstante, están sujetos todavía a posibles demandas y reclamaciones, y la revisión y aprobación por parte de la jueza.

Sin embargo, el representante legal de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf) criticó ambos pactos y advirtió que el gobierno se opondrá a los mismos.

El abogado Peter Friedman insistió en que el gobierno entiende que ya los pensionados han sufrido suficientes recortes y que es su deber proteger a los más vulnerables. Agregó que los recaudos logrados por el gobierno y las proyecciones de recaudos indican que hay dinero suficiente para que el gobierno pueda cumplir con los pagos de pensiones.

Por otro lado, el abogado de la JSF anunció que en 30 días someterían el plan de ajuste del gobierno. También alertó de que había otras negociaciones importantes en curso, cuyos resultados podrían anunciar pronto.

Por otro lado, la jueza regañó a la JSF por no atender con la diligencia adecuada el problema de demandas consideradas duplicativas. Ordenó revisar dichas demandas y someter nuevamente documentación explicativa a los demandantes.

La audiencia continuará en la tarde, cuando se espera se atiendan asuntos relacionados al acuerdo de restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al sistema de retiro de la Judicatura, entre otros.