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Junta logra acuerdo en el marco para una restructuración de $35,000 millones de la deuda

Por Primerahora.com 06/16/2019 |07:09 p.m.
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Acuerdo representa “avance para resolver la crisis de Puerto Rico”, aseguran.

La Junta de Supervisión Fiscal anunció hoy que logró un acuerdo con ciertos bonistas del Gobierno de Puerto Rico en el marco de un plan de ajuste para resolver $35,000 millones en deuda y las reclamaciones -no relacionadas con la deuda- contra el Gobierno de Puerto Rico.

El acuerdo reducirá el monto de los bonos del Gobierno de Puerto Rico en circulación a menos de $12,000 millones, equivalente a una reducción que supera un 60%.    

Mientras, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de $43,000 millones a $21,000.  

“El acuerdo con los acreedores, evidentemente, es un reconocimiento de parte de los bonistas y otros sectores con reclamaciones contra el gobierno de que la difícil situación financiera que atraviesa Puerto Rico requiere una reducción significativa de su deuda a niveles sostenibles. Este acuerdo es un elemento importante del plan de ajuste que permitirá a Puerto Rico salir de la deuda a principios del año que viene”, indicó el ente federal impuesto por el Congreso en declaraciones escritas a la prensa.

La Junta espera someter un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 días.

Este acuerdo se suma a aquellos que se lograron la semana pasada con el Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) para resolver los $55,000 millones en reclamaciones relacionadas con pensiones; y con varias uniones, en relación con acuerdos de negociación colectiva y beneficios de retiro.

“Los acuerdos con acreedores, con el COR y las uniones es un logro importante para Puerto Rico de cara a un futuro en el que pueda mantener un pago de la deuda sostenible, asegurar pensiones y estabilidad fiscal. El plan de ajuste del gobierno proveerá confianza a los inversores de que Puerto Rico superó la crisis financiera. La ciudadanía finalmente podrá vivir sin la incertidumbre de una deuda insostenible del gobierno, que afectó negativamente la habilidad de atraer inversiones, generar empleos y crecimiento económico”, dijo el presidente José Carrión.    

El acuerdo provee un recorte promedio que supera 60% para la totalidad de $35,000 millones en reclamaciones contra el gobierno, un 36% de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales de Puerto Rico, y un 27% de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos, garantizados por el gobierno. 

Este convenio con los bonistas, conjuntamente con el acuerdo de reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) aprobado en febrero pasado, reduce el servicio máximo a la deuda que se pagaría en años futuros por más de 70%, de $4,200 millones anuales a menos de $1,500 millones al año.     

“Hemos trabajado arduamente en beneficio de los intereses de los residentes de Puerto Rico y estamos contentos de haber alcanzado un acuerdo mutuo con los acreedores, que reduce significativamente la deuda total de Puerto Rico y el de su pago anual. Fue un proceso de negociación riguroso y estamos confiados en que alcanzamos el mejor acuerdo posible para Puerto Rico y dejar atrás la práctica de estar incurriendo en deudas que eran insostenibles”, expresó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.

La Junta radicará un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico ante el Tribunal que ventila el caso de Título III durante los próximos 30 días y espera salir de la quiebra a principios del 2020.

Responde el gobierno

De acuerdo a declaraciones escritas enviadas al unísono con las expresiones de la Junta, el principal ejecutivo y presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, dijo tener conocimiento del Acuerdo para Respaldar un Plan de Ajuste (PSA, por sus siglas en inglés) recientemente divulgado por la Junta de Supervisión Fiscal, respecto a los términos propuestos en un plan de ajuste de deuda para el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que el ente federal negoció con ciertos tenedores de bonos de obligaciones generales.

“El Gobierno de Puerto Rico sigue con su firme compromiso de trabajar con todas las partes en transacciones de restructuración consensuales para resolver los casos pendientes de Título III y restablecer el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital. Los numerosos acuerdos de restructuración pactados hasta la fecha (incluyendo los acuerdos anunciados recientemente para respaldar restructuraciones negociadas con ciertos acreedores de los bonos de la Serie 2011 emitidos por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, así como la modificación cualificada para el Banco Gubernamental de Fomento al amparo del Título VI y el Plan de Ajuste de Título III de COFINA, recientemente consumados), reflejan la disposición del Gobierno y su capacidad de trabajar de buena fe con los diferentes grupos de acreedores y con la Junta de Supervisión en soluciones sofisticadas, confiables y justas para los diferentes desafíos de restructuración que enfrenta Puerto Rico”, sostuvo el funcionario por escrito.

Sin embargo, indicó que el gobierno “no accedió a ser parte de y no apoya” el PSA.

“El PSA se fundamenta en el plan fiscal enmendado certificado por la Junta de Supervisión el 9 de mayo de 2019, el cual incluye reducciones a los beneficios de los pensionados que son inaceptables para el Gobierno. Más aún, ni una sola palabra contenida en el PSA es aceptable para AAFAF y podemos decir con plena confianza que no se promoverá ninguna legislación, acción ejecutiva, ni ninguna otra aprobación administrativa requerida del Gobierno de Puerto Rico para implementar un acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que recorte los pagos a nuestros pensionados. Más aún, cualquier compensación financiera incluida en el PSA que procura incentivar apoyo o suscripción al PSA no debe presumirse que estará disponible ahora o en el futuro dado que el Gobierno de Puerto Rico no ha provisto su consentimiento a la misma”, señaló.

“La Junta de Supervisión, los acreedores y otras partes interesadas saben muy bien que sin la participación del Gobierno de Puerto Rico para promover legislación, acciones ejecutivas o acciones administrativas, ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable. Más aún, todos tienen pleno conocimiento de las consideraciones que se requiere para lograr que el Gobierno de Puerto Rico consienta. Finalmente, el Gobierno de Puerto Rico ya ha manifestado a la Junta de Supervisión en numerosas instancias que el Gobierno de Puerto Rico no presta su consentimiento ni expresa el deseo de someter otra entidad gubernamental o instrumentalidad a un proceso de reestructuración bajo el Título III en adición a aquellos procesos ya comenzados en el 2017”, dijo Sobrino.

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