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Keleher siente que querían hacerle daño

Por Bárbara J. Figueroa Rosa / [email protected] 02/19/2019 |11:45 p.m.
Recalcó que la responsabilidad sobre lo ocurrido recae en la oficina de la División Legal del DE, quienes debieron advertirle de antemano los requerimientos que había hecho el tribunal federal, una acción que, insiste, no ocurrió. ([email protected])  
Secretaria de Educación está enfocada en cambiar la cultura de trabajo de la agencia, pero asegura que no será a merced de cesantías por errores cometidos.

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, negó rotundamente que la orden de arresto que hubo en su contra la semana pasada concluya con una ronda de despidos en la agencia, aunque sostuvo que el incidente legal en el que se vio involucrada pudo haberse evitado y fue suscitado por empleados que están trabajando “con falta de compromiso y de profesionalismo”.

El jueves pasado Keleher ocupó los principales titulares de los medios de comunicación tras darse a conocer que el juez federal Jay A. García Gregory emitió una orden de arresto por desacato civil contra la funcionaria, pues el DE no había cumplido con una orden de requerimiento de documentos solicitados desde hace cuatro meses y que están relacionados a un presunto esquema de fraude a unas tutorías que involucran a la empresa Rocket Learning (compañía que enfrenta un juicio criminal por, supuestamente, un defalco de casi $1 millón en el Programa de Servicios Educativos Suplementarios). Este es un caso federal que se litiga desde el 2015 en el Tribunal Federal de Puerto Rico.

Posteriormente, la orden de arresto se dejó sin efecto, ya que el director de la División Legal del DE se personó a la sala del juez García Gregory y se comprometió con la entrega de la información requerida. En cambio, mientras este acuerdo se concretaba, alguaciles del Tribunal Federal se dirigían al DE para localizar a Keleher, quien para entonces se encontraba de viaje en California.

En entrevista con Primera Hora, la titular dijo que la situación le preocupó no solo porque siente que trataron de “hacerle daño”, sino porque deja en evidencia lo que -a su juicio- es “falta de compromiso con la misión educativa que deben tener con el país”.

Recalcó que la responsabilidad sobre lo ocurrido recae en la oficina de la División Legal del DE, quienes debieron advertirle de antemano los requerimientos que había hecho el tribunal federal, una acción que, insiste, no ocurrió.

“En algunas oficinas no se está trabajando de manera correcta, no están alertando de situaciones que están ocurriendo y uno tiene que preguntarse por qué será… no puedo pasar juicio sobre algo que desconozco. Tal vez sea falta de compromiso, puede ser falta de profesionalismo, pudo ser algo intencional y uno sin saber los riesgos que corría porque (los empleados legales) no hicieron nada al respecto y eso es lamentable. No solo le hacen daño a una persona, que en este caso es a mí, sino que le hacen daño a lo que es nuestra misión en el Departamento y al enfoque que tenemos de trabajar por el bienestar de nuestros niños. Eso, más que nada, me entristece”, manifestó.

¿Qué podría estar provocando esa situación que describe?, se le preguntó.

La secretaria adjudicó el asunto a un “problema de años en la agencia” donde, según dijo, persevera una cultura de trabajo dividida en dos bandos “no importa la administración que esté”.

“Están las personas que obstaculizan los trabajos y otros que la viabilizan… y esto no es de ahora. El problema es que la agencia tiene una cultura que hace que esas acciones sean permisibles y hay que cambiar esa cultura y hacer un llamado a trabajar en conjunto”, respondió.

Expresó que desde que entró en el cargo ha impulsado una serie de cambios estructurales y de reorganización que pudiera estar incomodando a muchas personas. “Puede ser que haya gente trabajando en mi contra por esa razón, no lo sé… estoy dando solo una opinión. Pero estoy tratando de analizar las cosas que están pasando y buscarles sentido… además, son situaciones que solo sirven para desenfocarnos de lo que es nuestra responsabilidad con el sistema educativo y que afecta grandemente el servicio que queremos brindar a nuestros niños”, agregó.

¿Es cierto que habrá una ronda de despidos a raíz de lo ocurrido el jueves?

“Eso no es cierto. Nunca dije eso. Lo que he dicho es que los empleados tienen un derecho constitucional sobre su puesto y hay una reglamentación que rige lo que yo puedo o no puedo hacer. No puedo brincar esos procedimientos. El Gobierno, a diferencia de la empresa privada, no es de libre remoción… yo no puedo despedir a nadie de hoy a mañana. No lo puedo hacer… no soy persona que busca la manera de perjudicar a las personas. Eso fue otro mensaje que se llevó tratando de hacer daño y que lo que hizo fue provocar miedo y ansiedad en otros empleados”, manifestó.

Añadió que lo que sí pretende hacer, como lección tras lo acontecido, es tratar de elevar el nivel de profesionalismo entre los empleados fomentando el trabajo en equipo y tratando de romper los niveles de resistencia.

“Estas cosas no pueden volver a pasar. Y te explico: todo esto ocurrió porque están acostumbrados a trabajar pasándose la papa caliente. Y eso es un gran error. Aquí hubo una petición de documentos desde hace meses y nadie se encargó de decirlo a la jefa –o sea, yo- y para colmo, los que tenían el deber de buscar la información, en vez de trabajar en equipo, delegaron en unos y en otros sin darles seguimiento, en lugar de trabajar hombro a hombro para cumplir con lo requerido”, aseveró sin entrar más detalles del caso, pues según dijo, está limitada por tratarse de un caso activo a nivel legal. Sí, adelantó que hoy se llevaría a cabo una reunión con los abogados del caso.

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