El gobernador Ricardo Rosselló hizo entrega de otras 75 nuevas patrullas a la Policía, que se destinarán a las regiones policiales de Bayamón y Carolina, reiterando su “compromiso como prioridad principal con la seguridad del pueblo de Puerto Rico”.

El grupo de patrullas es parte de un paquete de 211 patrullas y 122 motoras que adquirió la Uniformada, y del cual ya se habían entregado anteriormente 50 patrullas que fueron al área de San Juan y 35 motoras.

En la misma ceremonia se hizo también entrega de 75 nuevas pistolas de reglamento.

Rosselló calificó los nuevos equipos como “materiales indispensables e importantes para poder atacar la criminalidad y para tener un Puerto Rico seguro”, y que les permitirán a los miembros de la Policía poder “combatir de tú a tú con los criminales y con narcotraficantes”.

Según detallaron el gobernador y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, tanto las patrullas -vehículos Dodge Charger del 2019 acondicionados especialmente para la Policía- como las pistolas -el más reciente modelo Sig Sauer- son los equipos más modernos y eficientes, y en el caso de las patrullas cuentan, además, con la última tecnología.

El costo de las 75 patrullas fue estimado en $2.25 millones, dinero que salió de una asignación especial del Fondo General.

Pesquera explicó que, como parte de la compra, se adquirió una garantía de cinco años o 100,000 millas para los vehículos.

Sobre la adquisición de las nuevas armas, Rosselló detalló que se hizo mediante un modelo ‘trade-in’ que “no implica un impacto fiscal”.

La ceremonia tuvo lugar en la Academia de la Policía en Gurabo, institución que se espera retome sus funciones de entrenar nuevos agentes de la Policía para finales de febrero o principios de marzo.

Según anunció el comisionado de la Policía, Henry Escalera, al momento están en distintas etapas de investigación de 760 candidatos que han solicitado entrar a la Academia.

El gobernador aprovechó también la ocasión para insistir en que hace falta más recursos para las autoridades encargadas de velar por la seguridad en la Isla, y reiteró su solicitud para que la Junta de Supervisión Fiscal no intervenga en las decisiones del gobierno de definir sus prioridades de gastos.