La Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico llegaron a un acuerdo preliminar con los bonistas Senior y Junior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

El ente federal impuesto por el Congreso espera que este acuerdo lleve a un plan de ajuste consensual para Cofina, y esto “representa un paso significativo hacia resolver la crisis de deuda de Puerto Rico”, expresó la Junta en un parte de prensa.  

“Nuestro objetivo ha sido poder lograr un acuerdo de reestructuración de deuda con todos los representantes de Cofina, consistente con el acuerdo en principio al cual llegaron los agentes para Cofina y el Gobierno de Puerto Rico, cuyos términos fueron anunciados el 7 de junio de 2018, y entendemos que este acuerdo honra ese objetivo”, dijo la directora ejecutiva Natalie Jaresko.

“Más aún, este acuerdo consensual con todos los bonistas de Cofina comprueba el compromiso de la Junta y el Gobierno de concretar acuerdos consensuales sobre la deuda de Puerto Rico cuando sea posible”, sostuvo.

Según informaron, el acuerdo provee para una reducción de más de 32% en la deuda de Cofina, logra aproximadamente $17,500 millones en ahorros en el servicio de deuda para Puerto Rico, evita litigios costosos que consumen mucho tiempo, permite que los bonistas individuales locales en Puerto Rico reciban una recuperación significativa, y provee flexibilidad al Gobierno de Puerto Rico en el manejo de su refinanciamiento de deuda futuro, mientras evita préstamos de liquidez que contribuyeron a la crisis actual.

“Le damos la bienvenida a este acuerdo, el cual representa un gran paso adelante hacia lograr los mandatos de Promesa y para continuar reestructurando responsablemente la deuda de Puerto Rico de forma sostenible”, añadió Jaresko.

En declaraciones separadas, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares expuso que como política pública ha establecido lograr acuerdos consensuales con los acreedores, pero que no afecten los servicios a los más vulnerables.

“Este acuerdo representa un gran avance en la reestructuración de la deuda de la Isla y confirma una vez más la credibilidad de nuestra gestión. El mismo se une a los acuerdos que ya hemos alcanzado con los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento y con los de la Autoridad de Energía Eléctrica y demuestra que estamos reestableciendo la confianza en Puerto Rico. Además, estos acuerdos son un paso importante para recuperar el acceso a los mercados de capital”, expresó el primer mandatario.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino Vega, informó que este acuerdo le brindará al gobierno acceso a $425 millones anuales, en promedio, por los próximos 40 años.

“Este acuerdo en principio con los bonistas de Cofina adelanta los mejores intereses de todas las partes envueltas, incluyendo el Gobierno de Puerto Rico y los bonistas locales. Con este entendido en principio, se evitan gastos de litigios y se asegura que el Gobierno cuente con los fondos necesarios para continuar brindando servicios a la ciudadanía” indicó el licenciado.

El acuerdo es producto del proceso de mediación ordenado por la jueza Laura Taylor Swain en el caso de Título III de Cofina y liderado por la jueza Barbara Houser y su equipo de jueces mediadores.