Varias organizaciones feministas y que defienden los derechos de las mujeres aseguran que han cumplido con el pedido de la gobernadora Wanda Vázquez de someter propuestas de medidas para atender la crisis de violencia de género y feminicidios que enfrenta la Isla, y reclamaron que ahora le corresponde a la primera ejecutiva hacer su parte y declarar un estado de emergencia nacional para atender la situación.

Luego de una reunión en Fortaleza el 22 de agosto con varias líderes de organizaciones defensoras de la mujer, la gobernadora pidió a cada organización que le llevaran cinco medidas a una siguiente reunión, una semana después. Ese encuentro se retrasó por el paso cercano del huracán Dorian, y se llevará a cabo este miércoles.

De esa cita, explicaron las líderes, esperan salir con la declaración de estado de emergencia por la violencia contra la mujer.

Entre las organizaciones que llevan el reclamo están la Colectiva Feminista en Construcción, Movimiento Amplio de Mujeres, Taller Salud, Proyecto Matria, Coordinadora Paz para la Mujer, así como el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Asimismo, se unió al reclamo la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Aclararon, no obstante, que son muchas más las organizaciones que respaldan la exigencia de declarar un estado de emergencia.

Zoan Dávila, de la Colectiva Feminista en Construcción explicó que quieren “reiterar una vez más nuestra exigencia de que la gobernadora declare un estado de emergencia nacional por la violencia de género, y para presentar de manera oficial nuestras propuestas para que se atienda este problema”.

Las propuestas, que han sido endosadas por unas 40 organizaciones, giran en torno a cinco ejes para atender de inmediato la crisis: campañas de prevención, educación, seguridad, techo seguro y cero impunidad.

De acuerdo con cifras provistas por las organizaciones en este año han ocurrido 11 asesinatos de mujeres por violencia de pareja. Además, hay otros 3 casos en que se sospecha hubo violencia de pareja y otros 15 “bajo investigación”.

“Hemos resaltado la necesidad de implantar nuevamente un currículo de perspectiva de género, no solo en las escuelas, sino también en las agencias que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género”, agregó Dávila.

Entre las propuestas también se incluye adiestramientos intensivos a policías estatales y municipales, fiscales, jueces y todas las personas que intervienen en la investigación y denuncia de estos delitos.

Asimismo, reclamaron que el estado promueva, con campañas claras, de una política de cero tolerancia a la violencia de género. De igual forma, exigieron una política de cero impunidad, pues el alto número de casos sin atender y sin resolver resultan en un aliento para los agresores, pues creen que no les pasará nada por sus acciones.

“Declarar a Puerto Rico en estado de emergencia nacional por violencia machista es un paso imprescindible. Cada siete días una mujer es asesinada. No podemos esperar más. Hemos hecho el trabajo con la prontitud y la urgencia que lo amerita y esperamos que la gobernadora asuma su rol con la misma responsabilidad”, reclamó Lourdes Inoa Monegro, de Taller Salud.

El grupo advirtió que, si la gobernadora no acepta declarar el estado de emergencia, no se quedarían de brazos cruzados.

“Hemos demostrado que estamos listas y comprometidas con esto. Y si la gobernadora no declara un estado de emergencia, nosotras lo vamos a declarar. Y vamos a seguir presionando para que eso ocurra. Sería un error enorme de la gobernadora no declararlo. Si mida las redes, si mira la prensa hay una aprobación y un endoso del país al estado de emergencia”, afirmó Sara Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres, quien resaltó que las organizaciones, aunque no cuentan con recursos económicos, sí tienen el capital humano y la experiencia para asistir al gobierno en el trabajo educativo.

“La presión debe estar sobre la gobernadora. Nosotras hicimos el trabajo, estamos aquí y estamos cumpliendo con nuestra parte del compromiso”, insistió Monegro.

El grupo detalló que con el decreto de estado de emergencia se busca “que el estado reconozca que este problema existe, y que hay que atenderlo de manera urgente”.

“Se trata de una declaración de política pública que ponga como prioridad el eliminar la violencia hacia las mujeres. Como toda buena política pública, eso requiere la asignación de fondos y que el gobierno haga su gestión e identifique fondos. Y que haya una rendición de cuentas sobre cómo se han estado utilizando los recursos destinados a erradicar la violencia hacia las mujeres en los pasados años, y que se corrijan las deficiencias que identifiquen, porque estamos seguras que las van a identificar”, insistió Amárilis Pagán, de Proyecto Matria, quien recalcó en la importancia de “una campaña efectiva, que no cuesta tanto dinero, sobre todo cuando tienen decenas y veintenas de organizaciones diciéndole nosotros te apoyaríamos en la campaña”.