El director ejecutivo de la autoridad de Puertos, Anthony Maceira, aseguró hoy que el contrato de Puerto Nuevo Terminals (PNT) es uno exclusivo entre dos empresas de transporte marítimo privadas y que el único fiscalizador del acuerdo confidencial entre las partes es la Federal Maritime Commission (FMC).

Las expresiones de Maceira surgen como reacción al reclamo que hiciera en conferencia de prensa el colectivo Junte de Voluntades – el cual reúne a personas y organizaciones de la sociedad civil opuestas a la aplicación en Puerto Rico de las leyes de cabotaje de Estados Unidos- quienes emplazaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que desautorizara al funcionario a dar continuidad al contrato conocido como el Agreement No.201292. Este contrato, según lo trascendido, fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals (PTN), y le concedería a esta la operación total de los muelles de Puerto Nuevo.

En entrevista con Primera Hora, Maceira sostuvo que el gobierno no es parte del contrato que se firmó en mayo y que, por ley federal, es la FCM el ente regulador de la operación de estas empresas que bajo el PNT manejarían el 80% de la carga marítima que llega al puerto en contenedores. El restante 20% quedaría bajo operación de Crowley.

De hecho, explicó que la comisión federal evaluó en los pasados meses parte de las preocupaciones surgidas con el contrato y en una votación de tres a uno con sus miembros se determinó que, pese a que comprendieron las alertas de algunos sectores- no se podía probar que hubiera algún efecto negativo.

Aun así, destacó Maceira, la FCM estableció unos “mecanismos de monitoreo más robustos” que estarían pendiente a, por ejemplo, evidenciar que la implementación del PTN no reduzca la competencia, no reduzca los servicios de transportación o cause algún incremento en los costos de transportación.

“Si en ese monitoreo ellos muestran que estuviera ocurriendo algo tomarán la acción legal que corresponda”, indicó al explicar que podrían ordenar vistas de investigación o informes especiales.

De otra parte, lamentó que el colectivo Junte de Voluntades recurrieran a realizar una conferencia de prensa en lugar de solicitar una reunión con él para aclarar dudas.

“Parte de lo que lamento es que ninguno hizo algún tipo de acercamiento para tratar de aclarar información o dialogar a pesar de que, por lo menos tres de ellos, me conocen previo a yo entrar a la administración. Tienen comunicación conmigo directa y cuando han necesitado algo para su matrícula me han llamado y se les atiende”, expresó Maceira.

El funcionario aclaró, además, que los terrenos donde operan las empresas sí pertenecen a la Autoridad de Puertos, en cambio el equipo y las grúas son “privadas”. “Aquí antes el gobierno era competido y el mercado lo eliminó quedándose en manos completas del privado… tal vez ese sí sea un asunto de discusión de política pública que se pueda evaluar para los años por venir”, dijo.

Sobre la posibilidad de que haya una práctica monopolística, dijo que esa es una evaluación que está haciendo el Departamento de Justicia de Puerto Rico. “Nos pusimos a disposición de Justicia para ofrecerle la información que podamos tener de manera que eso les ayude a acelerar su investigación”, agregó Maceira.

El reclamo

Entre los portavoces del colectivo que critican el contrato de PNT se encuentra el expresidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela, quien catalogó el acuerdo como “bochornoso”.

“Siendo Puerto Rico una isla que depende del transporte marítimo para todo su comercio y su viabilidad económica y alimentaria, resulta un escándalo bochornoso el que la Autoridad de los Puertos haya convenido el control del 100% de los muelles en San Juan, precisamente, con varias empresas navieras que luego del paso del huracán María se opusieron a que barcos con bandera internacional trajeran mercancías a Puerto Rico”, expresó Bimbela en una conferencia celebrada en la sede del Colegio de Abogados.

Agregó que la peligrosidad del acuerdo será patente cuando comience el proceso de reconstrucción en Puerto Rico, tras el embate de María.

“¿Por qué?  Porque todas las varillas, cemento, bloques y todas  esas cosas tienen el costo de acarreo marítimo más costoso del mundo y ahora esas mismas compañías tendrán el control de operación de los puertos. ¡Es terrible!”, dijo a Primera Hora.

Bajo este escenario el llamado del colectivo es que el gobierno de Puerto Rico “tome cartas inmediatamente en el asunto para detener esa transacción”.

Bimbela insistió en que la Gobernadora -quien ha fomentado ser parte de un gobierno transparente- debe otorgar al grupo una “reunión urgente”. “Esta controversia presenta una excelente oportunidad para que la gobernadora demuestre su palabra con acción”, sostuvo.

Ante la seriedad del asunto, el colectivo solicita también que el Departamento de Justicia y el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) lleven un recurso de interdicto preliminar inmediato para detener la transacción mientras culmina la investigación que realiza la Oficina de Asuntos Monopolísticos.

 Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, catalogó de “inverosímil” que después del historial que han tenido estas navieras la Autoridad de Puertos los haya recompensado con el control absoluto del Puerto de San Juan.

 Denunció, además, la falta de transparencia y de discusión pública respecto al contrato.

“No tenemos los nombres de las personas que pudieron ser cabilderos  o representaron a las navieras en este proceso de transacción… el Estado debe tener la transparencia y responsabilidad de informarle al pueblo. Ni siquiera se ha visto ese contrato”, denunció Reyes.

Trascendió que por tratarse de una transacción monopolística el acuerdo fue sometido antes de abril por las empresas participantes ante la Comisión Marítima Federal (CMF) a fin de conocer si les aplicaba alguna de las excepciones que la ley marítima federal otorga a ciertas prácticas.

 Otros que pusieron el grito en el cielo fueron los miembros de la Unión de Empleados de Muelles (ILA), quienes expresaron que el junte marítimo será perjudicial para la isla, al tiempo que podría perjudicar la negociación de un convenio colectivo que vence el 30 de septiembre.

Carlos Sánchez, presidente de ILA, denunció que han encontrado obstáculos para llega a acuerdos concretos con su patrono(LAC), quien se niega a ofrecer información pertinente a la unión.

“Solicitudes de información relacionada a su relación con esta entidad y la forma en que este modelo de negocios afectará a los miembros de la organización sindical han sido negadas de distintas maneras, poniendo en riesgo la negociación del convenio colectivo”, indicó por comunicado de prensa.

Recordó que la coalición representaría un control excesivo de dos empresas sobre la entrada de bienes al país.

“Además, estas dos empresas controlarían las tarifas por traer bienes y productos a la isla. No olvidemos que Crowley y TOTE, antes (Sea Star Lines) ya fueron convictas por fijación de precios y violación a las leyes antimonopolísticas federales. Ambas pagaron multas ascendentes a los $100 millones y al menos seis personas fueron arrestadas o cumplieron cárcel”, destacó.