Una veintena de maestros y exmaestros llevó esta mañana a la Fortaleza su reclamo en contra de los recortes de pensiones que busca imponer la Junta de Supervisión Fiscal como parte de su plan de ajuste fiscal para Puerto Rico.

La presencia de los manifestantes desató un amplio despliegue de recursos de seguridad que incluyó decenas de agentes de la policía, así como personal de bomberos y emergencias médicas, al tiempo que los accesos a la mansión ejecutiva fueron cerrados con vallas, tal como ocurrió durante las protestas del verano pasado.

“Ya el magisterio de este país en el verano salió a la calle y le dijo que no a ese acuerdo”, afirmo Migdalia Santiago, nueva presidenta del sindicato magisterial Educamos.

Santiago afirmó que “nosotros no reconocemos a la Junta. Nosotros reconocemos al Estado. Y el Estado en este país tiene el poder, y es el que va a legislar y se supone que nos proteja. En este país hay orden, como dice la gobernadora (Wanda Vázquez). Nosotros no reconocemos a esa Junta. Nosotros estamos diciéndole a la gobernadora lo que puede hacer porque ella es la que reconoce a esa Junta, para que bregue. Esa es nuestra posición”.

Según dijo, hay unos 50,000 maestros retirados que serían afectados por los recortes de pensiones anunciados.

Eva Ayala, representante del sector de los maestros jubilados, afirmó que le han solicitado una reunión a la gobernadora para abordar el tema, pero no han tenido respuesta.

“Es lamentable que se haya decidido reunir en varias ocasiones con la Junta de Control (Supervisión) Fiscal, que haya decidido reunirse con los miembros del COR (Comité Oficial de Retirados) que en nada nos representan, y nosotros que le hemos estado haciendo solicitudes reiteradamente ella no haya tomado su tiempo para escucharnos, y entonces hayamos tenido que pasar este fin de semana tan doloroso para el magisterio puertorriqueño”, comentó Ayala. “Es un golpe más al magisterio”.

Ayala subrayó que, de continuar adelante los planes de recortes de pensiones, llevarán a los maestros a la “extrema pobreza”.

La nueva propuesta que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal y recién fue avalada por la gobernadora, impondría un recorte adicional de 8.5% a las pensiones de más de $1,200 mensuales.