El colectivo Pueblo Unido se manifestará este próximo martes 15 de octubre frente al Tribunal Federal en muestra de apoyo a los planteamientos legales que presentará la UTIER el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde buscan se declaren nulas las decisiones de la Junta de Control Fiscal.

“Cuando este próximo martes 15 de octubre los abogados que representan a la UTIER se dirijan a los miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso que cuestiona la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal, nosotros estaremos desde las 11:30 de la mañana frente al edificio de la Corte Federal expresando nuestro apoyo a los planteamientos que se presentarán y expresando nuestro repudio a la Ley Promesa y a la Junta de Control Fiscal” expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER y portavoz de Pueblo Unido en declaraciones escritas.

Por su parte, Eva Ayala, también portavoz de Pueblo Unido insistió en “lo importante de expresar nuestra oposición a la Ley PROMESA y sus consecuencias entre las que se destacan el conjunto de leyes aprobadas en el 2017 para realizar ajustes estructurales al gobierno, eliminar derechos laborales a trabajadores unionados y no unionados y propiciar mecanismos que favorecen a sectores económicos frente al pueblo”.

Ayala añadió en el comunicado que la movilización servirá para expresar el rechazo a los acuerdos anunciados bajo el Titulo III de PROMESA, específicamente el recorte a las pensiones de empleados públicos y trabajadores activos del gobierno.

Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical, señaló que los acuerdos para pagar la deuda hasta ahora aprobados y presentados por la Junta confrontan el riesgo de no poder honrarse debido a que los recaudos estimados del gobierno no serán suficientes, provocando un impago en un futuro cercano. Ante esa realidad, se prevé despidos de empleados, cierre de agencias de gobierno y reducción de servicios esenciales al pueblo.

Los portavoces de Pueblo Unido llamaron a manifestarse tanto en San Juan como otros lugares de Puerto Rico para hacer patente la oposición a la Ley PROMESA, la Junta y sus decisiones.