El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) le tocó ayer temprano la puerta al Municipio de San Juan, y decenas de agentes estuvieron rebuscando durante horas en las oficinas de, por los menos, cuatro pisos de la Torre Municipal de San Juan. 

El allanamiento, explicó el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, responde a las sospechas de que el municipio podría haber incurrido en irregularidades en sus compras y subastas. 

“Estamos buscando y ocupando documentos y archivos, en equipos electrónicos y en papel. También tenemos información de que es muy posible que haya otros documentos en otros lugares. Por eso solicitamos la asistencia del público, de alguien que sepa información sobre la ubicación o sobre el traslado de documentos de este edificio a otro lugar”, explicó Leff, poco antes de exhortar a cualquiera con información que pudiera ayudar en la pesquisa a contactarlos al 787-754-6000 o en el portal tips.fbi.gov. 

Si bien no fue confirmado por las autoridades, se sabe que una empleada que lleva un caso por despido injustificado contra el municipio alegó en su denuncia que fue cesanteada en represalia a negarse a participar de lo que describió como un esquema ilegal para favorecer en las compras a una empresa en particular. 

Desde entonces, han surgido denuncias por confirmarse de que personas en las oficinas municipales estarían manipulando y destruyendo documentos para ocultar esas presuntas irregularidades en las compras. 

El director del FBI dijo que estaban al tanto de esas denuncias, pero aclaró que “en ese momento no pudimos confirmar esa información lo suficiente como para poder obtener una orden de allanamiento”. 

Sin embargo, Leff afirmó que “el ámbito de este allanamiento está relacionado a fraude potencial y obstrucción (a la justicia)”, aunque aclaró que por ahora no podía dar detalles. 

Detalló que la posible obstrucción consistiría en “la extracción de documentos y archivos, la falsificación de documentos y archivos oficiales o llevarlos a otros lugares, y cuando alguien no coopera con nuestra investigación”. 

Leff dijo que todos en las oficinas del municipio estaban cooperando y aclaró que por el momento no anticipaban arrestar a ninguna persona. Agregó que también la alcaldesa Carmen Yulín Cruz se había comunicado temprano con el FBI para informar que estarían colaborando.

A preguntas sobre si la investigación podría llegar hasta la alcaldesa, Leff informó que “no tenemos ninguna información sobre eso”. 

Agregó que por ahora no había ninguna persona específica nombrada como sospechosa.

“Pero vamos a continuar las pesquisas a dondequiera que nos guíen”, insistió Leff. “Hay muchos documentos aquí, pero creemos que hay otros documentos que deben estar y no están”. 

El funcionario federal dijo que la orden de allanamiento era para revisar en los pisos 3, 4, 14 y 15 de la Torre Municipal. Una empleada indicó que en esos pisos están las oficinas de compras y subastas y la secretaría municipal. 

Leff explicó que la investigación está en “una etapa temprana” y que tendrán que analizar toda la evidencia que recuperen antes de llegar a la posible radicación de cargos. 

Agregó que ya la Oficina de la Contralora de Puerto Rico lleva una investigación sobre el municipio desde hace más tiempo, y que el FBI solo entró en la misma hace poco tiempo. Precisó que la jurisdicción del FBI se daba porque las posibles irregularidades involucrarían fondos federales que se otorgan al municipio. 

La Oficina de la Contralora, de hecho, allanó la Torre Municipal el año pasado y ocupó documentos. La alcaldesa dijo entonces que había tres auditorías consecutivas del Contralor sobre el Municipio. 

El director del FBI explicó que, de confirmarse que ocurrieron los delitos de fraude y obstrucción a la justicia, los implicados podrían exponerse a penas de por hasta cinco años de cárcel, sin contar posibles factores adicionales.

La alcaldesa de San Juan, por su parte, emitió unas escuetas declaraciones confirmando el allanamiento y dijo que “como es nuestra costumbre, he dado instrucciones de que se colabore totalmente con este proceso”.

“Le reitero a los empleados municipales que tienen un deber de que todas sus acciones sean legales, morales y éticas. Además, es su responsabilidad utilizar todos los mecanismos que están a su alcance para, en el evento de que entiendan que deban someter alguna información, lo hagan interna o externamente”, agregó Cruz. 

“Cualquier empleado que no haya cumplido con su deber, o que no haya cumplido con las reglas y reglamentos, luego de un debido proceso que corrobore dichas actuaciones, tendrá que enfrentar las debidas consecuencias”. 

Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló aconsejó a la alcaldesa de San Juan “que coopere con las autoridades”. 

Además, le dijo a Cruz que “permita el proceso a llevar a cabo y que desglose los resultados, si alguno, de la auditoría que ella había encaminado o que había comenzado hace un año, precisamente de los procesos en San Juan, a ver si hay algo que demostrar en torno a esa misma auditoría que ella misma había encaminado”.

“Lo mismo con cualquier otro proceso con las autoridades, ya bien sean locales o federales, colaborar, para que la verdad se sepa”, insistió Rosselló.

Tensión entre empleados

Entretanto, los empleados municipales vivían momentos de estrés en la Torre Municipal, al tiempo que el allanamiento seguía su curso. Sus rostros reflejaban preocupación, y la tensión podía respirarse en el edificio. Casi nadie quiso conversar sobre el asunto con la prensa, y eludían las preguntas mostrándose temerosos. 

Un empleado, que accedió a hablar bajo condición de anonimato, dijo que había “mucha incertidumbre”. 

“Están todos hablando, preguntando en qué pisos están (los agentes del FBI). Nadie informa nada a los empleados. Sabemos solo lo que vemos. Hay mucha tensión”, dijo el hombre. 

“Pero todos quieren saber qué pasa. Uno se imagina. Lo que hay es tensión, preocupación, como nadie sabe nada”, agregó el empleado. “En el piso en que estoy, no los he visto (a los agentes), solo cuando subes al elevador”. 

A eso del mediodía, a muchos de los empleados que laboran en los pisos cerrados por la pesquisa se les permitió irse a casa.