La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, denunció que la Administración del Sistema de Retiro (ASR) ha incumplido por más de un año con su deber de crear un registro de todos los participantes de su sistema de pensiones y, como consecuencia, facturó al municipio “al menos” $11 millones en exceso durante el año fiscal 2017-2018 por concepto del modelo ‘Pay-Go’ que implantó la Ley 106-2017, que obligó a los ayuntamientos a pagar por los beneficios de sus empleados retirados.

Las alegaciones de la alcaldesa quedaron consignadas en una demanda que el municipio presentó el pasado 29 de mayo ante el Tribunal de San Juan, en la que se plasman las irregularidades que presuntamente se identificaron, entre las que se incluye la facturación por las pensiones de 132 personas fallecidas antes de la fecha de comienzo del año fiscal 2017-2018.

De acuerdo con Cruz Soto, “como mínimo”, el Sistema de Retiro facturó el cobro de 1,068 pensiones de personas cuya información se encuentra incompleta o de las cuales, incluso, no existe evidencia de que hayan laborado en algún momento para el municipio de San Juan.

Según la demanda, hay unos 340 beneficiarios “que no pueden ser cotejados” porque se omitió información del pensionado fallecido; 37 “números de seguro social duplicados”; 104 pensionados “los cuales, al comparar las fechas de separación del servicio en el Municipio de San Juan con la fecha de ingreso como pensionado, existe un periodo de más de 4 años transcurridos entre ambas fechas; por lo que (el municipio) no tiene evidencia de que éste haya sido su último patrono”; 470 pensionados “sobre quienes no existe evidencia en la base de datos […] sobre su calidad de ex empleados”; y los 132 pensionados fallecidos.

En la conferencia de prensa celebrada esta tarde, Cruz Soto señaló que las alarmas en el municipio se encendieron cuando en agosto de 2017 recibieron una factura correspondiente a las pensiones de ese año fiscal que ascendía a más de $54 millones, unos $21 millones más de los $33 millones que anualmente aportaba el municipio para cumplir con el sistema.

En la demanda se detalla que la factura era idéntica ($4,560,862.59) para todos los meses del año fiscal 2017 -2018 con la excepción de mayo, cuando fue por exactamente $10 menos. Según el abogado del municipio, Charlie Hernández, eso es “matemáticamente imposible. Como si la gente no muriera o se siguiera retirando. El municipio ha estado dispuesto a poner su personal para hacer ese cotejo (pero) no nos han dado acceso a esa información”.

Entre los remedios que se solicitan en la demanda presentada ante el juez Anthony Cuevas se encuentra un mandamus para que se obligue a la ASR a completar el registro de participantes del sistema de pensiones. Según se establece en el recurso legal, la Ley 106, firmada en agosto de 2017, ordenó a la instrumentalidad producir un registro de todos los participantes “dentro de ‘un término no mayor de 180 días’”.

En ese sentido, otro de los abogados del ayuntamiento, Frank Torres, sostuvo que “todos” los cobros de dinero bajo al modelo ‘Pay-Go’ se han realizado de manera ilegal.

“Es a partir de ese registro que se puede facturar. Cuando usted tiene más de 100 muertos en una lista es obvio que usted no sabe lo que está haciendo. Así que el municipio de San Juan necesita tener acceso a ese registro para entre el Departamento de Recursos Humanos del municipio de San Juan y el Sistema de Retiro poder validar y dar credibilidad a una factura que no sirve”, manifestó la alcaldesa capitalina, quien señaló como otro de los objetivos de la demanda evitar que el Departamento de Hacienda confisque parte de los fondos del ayuntamiento para dirigirlos al cargo del ‘Pay-Go’.

Durante la rueda de prensa se informó que mañana, a las 9:00 a.m., se celebrará la primera vista ante el juez Cuevas. Además de la ASR, se encuentran como codemandados la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, como representante del gobierno central; el Departamento de Hacienda; y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“Gran respeto” por Bhatia

Por otro lado, Cruz Soto expresó que, aunque reconoce las amplias diferencias “filosóficas”, mantiene un gran “respeto” por el senador Eduardo Bhatia, quien hoy lanzó oficialmente su campaña por la candidatura para la gobernación por el Partido Popular Democrático, a la que también aspira la alcaldesa.

“Eduardo es una persona inteligente, un caballero, y estoy segura que está en esta carrera por las razones correctas (aunque) no coincidimos en muchas cosas”, dijo Cruz Soto, al mencionar como ejemplos las posturas de Bhatia a favor de las escuelas chárter y la privatización del sistema de energía eléctrica.