Un grupo de oficiales correccionales y supervisores, en medio de denuncias de que son olvidados y marginados, exigió esta mañana que le devuelvan los 30 días de vacaciones que gozaban antes de que se aprobara la Ley 26 de 2017, que le fueron bajados a 15, y que sean eximidos de las contribuciones del pago de horas extras.

Los oficiales de Corrección, que aunque pertenecen a la Alianza Correccional Unida (ACU) se expresaron de manera independiente, llegaron hasta el ala norte del Capitolio para llevar sus reclamos y emplazaron al Gobierno y a la Legislatura a que digan qué valor tienen ellos para el País cuando ejercen una labor de “alto riesgo para su salud y vida”.

Una de las denuncias de estos trabajadores es que aún siendo parte esencial de la seguridad y protección no cayeron bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), cuyos miembros tienen derecho a más beneficios.

Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal propuso un aumento de $500, a policías, maestros y bomberos, para atraer y retener talento.

También el gobernador Ricardo Rosselló anunció una propuesta para esos profesionales, incluyendo vales de hasta $50,000, para solucionar problemas de viviendas.

Actualmente hay 3,326 guardias de correccionales.  

Rafael García, oficial de Ponce Principal, sector Las Cucharas, dijo que “el gobierno nos está desvalorizando; nos está dejando a un lado (en todas esas propuestas); no nos están incluyendo como agencia de seguridad pública  … Nos están viendo como empleados de servicios cuando los oficiales correccionales… somos parte de la cadena de lo que es la justicia”.

Parte de esa cadena incluye que el convicto llegue a prisión donde “si no hay una clase trabajadora como nosotros… ¿qué va a pasar con esa persona…? Nosotros no podemos ser marginados. El Gobierno debe ser equitativo a la hora de garantizar los beneficios que le están dando a otros empleados…”, insistió García que también mencionó la cantidad mínima que reciben cuando se retiran.

El grupo, al insistir que su trabajo los expone a enfermedades físicas y emocionales así como a problemas de seguridad,  llevó una carta para los legisladores en la que reiteran que ellos son tan importantes como la Policía y tan necesario como los bomberos, pero su trabajo es “diez veces más peligroso”.

“Queremos igualdad” sin menospreciar a los otros trabajadores, expuso García.

De su parte, José Mercado, también de Las Cucharas, dijo que “para unas cosas sí somos seguridad y para otras no”.

Ejemplificó que ellos portan armas y tienen placas, como cualquier oficial de seguridad y que en las emergencias, ejercen como tal.

Mientras, Jaime Castro Rivera, también de Las Cucharas de Ponce, hizo un llamado para que se trabajen sendos proyectos “engavetados”, el 928 y 929, de los  senadores Evelyn Vázquez y Abel Nazario, que les aumentaría nuevamente los días de vacaciones y los eximiría del pago de contribuciones por horas extras.

Estos empleados, si no llega su relevo se tienen que quedar trabajando un doble turno, horas pagadas a tiempo sencillo.

También se quejan los supervisores

Otros que mostraron su indignación fueron los sargentos de Corrección, que suman 246, y que no cobran el tiempo extra que trabajan.

La práctica de doblar turno se ha convertido en la orden del día.

El sargento Leonardo Torres, de Ponce 500, dijo que ellos también se vieron impactados con la reducción en el periodo de vacaciones.

Además, mencionó que en el 2013 los supervisores pasaron como administradores generenciales por lo que dejaron de acumular tiempo extra.

Aunque hicieron un reclamo ante la Comisión Apelativa de Servicio Público, la respuesta fue  que “estamos bajo el Capítulo 3 de la Ley Federal Promesa”.

La práctica de doblar turnos, tanto para los sargentos como para los oficiales de custodia, ha aumentado luego del huracán María ya que según los manifestantes se han ido unos 400 empleados de Corrección, lo que provoca que haya más trabajo.

En cuanto al asunto de las horas extras que no acumulan, Torres indicó que en septiembre pasado el secretario de Corrección, Erik Rolón, se reunió con una representación de ellos y prometió que comenzarían a acumular el tiempo extra -compensatorio o con paga- a partir de enero de 2017.

Sin embargo, la directora de Recursos Humanos de Corrección, Ana I. Escobar, les informó en una reunión que para febrero pasado se “iban a reflejar (en Kronos) las horas extras de cada supervisor” y al día de hoy no ha pasado nada.

Tampoco el secretario Rolón, según dijeron, le ha dado seguimiento al asunto.

En la manifestación hubo representación de trabajadores de Bayamón, Guayama, Aguadilla y Sabana Hoyos.