Uno de los contratos se otorgó el 13 de julio de 2018, pero no fue enmendado hasta el pasado 5 de marzo, aun cuando Díaz Vanga había sido suspendido de ejercer la profesión legal desde el 30 de noviembre de 2018. Incluso, Vega Ramos indicó que el monto del contrato enmendado se mantuvo en la misma suma de $72 mil anuales. 

Díaz Vanga, quien funge como analista político en un programa radial y fue aspirante al Senado por el Distrito de Arecibo en las elecciones de 2016, según su página de Twitter, fue suspendido indefinidamente de ejercer la abogacía “por su inhabilidad para representar a sus clientes” y se le ordenó “devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados”. Según la orden del alto foro judicial, Díaz Vanga debía informar inmediatamente su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.  

“Hay explicaciones que dar porque, una vez el señor Díaz Vanga es suspendido de la profesión, tenía el deber de notificarle a sus patronos de esa suspensión. En ese sentido hay que aclarar si lo hizo y cuál fue la acción que hizo, cuándo y cuál fue la acción que tomó la Cámara”, reclamó Vega Ramos.

“Si la suspensión se da el 30 de noviembre de 2018 y la enmienda al contrato se da el 5 de marzo de 2019, ¿por qué se tardó todo ese tiempo en modificar los términos del contrato y por qué no se redujo la tarifa hora?”, cuestionó.

“Creo que tanto la administración de la Cámara como el señor Díaz Vanga tienen que informar en qué momento se le notificó a la Cámara la suspensión profesional de Díaz Vanga y cuándo y por qué se tomó acción, si se tomó alguna. Estamos claros de que cuando se contrató en julio de 2018, sí estaba admitido a la práctica de la abogacía, pero perdió ese standing en noviembre de 2018 y no es hasta marzo que hay una enmienda al contrato para remover las funciones de asesoría legal, jurídica y jurisprudencial, más sin embargo, no hay una reducción en la tarifa por hora de lo que estaba devengando el señor Díaz Vanga”, dijo el representante de la minoría popular.

Pero Díaz Vanga también tiene otro contrato activo por casi $48,000 con el representante novoprogresista, Víctor Torres González. 

Este contrato, que también se suscribió en julio de 2018, inicialmente era por casi $21,000, pero el legislador lo ha enmendado dos veces para extender la vigencia y para aumentarle el monto hasta uno $47,999.70. 

Por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón indicó que el criterio de contratación es del legislador que contrata, pero dijo que como miembro de la Comisión de Ética no emitirá opinión porque la controversia podría llegar ante ese foro legislativo.

“El criterio de contratación, el criterio de que si es la persona idónea, luego de establecido por lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre esa persona, le corresponde al legislador que lo contrató y si eso es en cumplimiento con los mejores intereses de la Cámara, con los mejores intereses legales, pero me reservo la opinión sobre eso”, indicó Márquez Lebrón.

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Ángel Peña Ramírez indicó a su vez, que al momento no hay ningún asunto o querella pendiente contra ninguno de los miembros del cuerpo legislativo.

Vega Ramos indicó que “desgraciadamente esto es una muestra más de la falla de controles adecuados” en la administración de recursos públicos. “Yo creo que, si se va a contratar una persona para que haga ciertas funciones entre ellas, la asesoría jurídica, como decía el contrato originalmente hay que aquilatar que esa persona está en lo que se llama en la profesión good standing, que está hábil para ofrecer esos servicios. El contrato original decía 'brindar asesoría al presidente (de la Cámara) y a cualquier otro legislador en asuntos legislativos y legales'”, sostuvo el legislador.

Dijo sin embargo, que “la falta en las autorizaciones de contratos queda evidenciada por su enmienda porque, entre comillas como medida correctiva, se enmendó el contrato con el señor Díaz Vanga para eliminar de sus funciones la asesoría jurídica, el problema es que en ese ajuste no parece haberse hecho una reducción correspondiente a la tarifa por hora”.

“Si le vas a dar a un contratista funciones para asesorar jurídicamente, las buenas prácticas requieren que tu exijas y este contratista provea evidencia de que está legalmente autorizado para ejercer esas funciones y en lo que tiene que ver con asuntos legales. En la medida en que el señor Díaz Vanga esté suspendido de la profesión no podía producir evidencia -y la pregunta es si se le solicitó- de que podía dar asesoría jurídica y legal como decía el contrato original”, cuestionó.

Primera Hora requirió una reacción de Méndez, pero no hubo respuesta.