Hacinamiento, carga excesiva de trabajo, contrataciones de personal que los mantiene en desventaja salarial e, incluso, la entrega de certificaciones a corporaciones que no cumplen con los requisitos para operar en la isla, fueron los reclamos que llevaron hoy a la línea de piquete un grupo de empleados del Departamento de Estado que pertenece a la Unión de General de Trabajadores (UGT).

Los empleados se concentraron frente al Departamento de Estado en el Viejo San Juan, exigiéndole a la gobernadora Wanda Vázquez que nombre un secretario de Estado y que mejore sus condiciones de trabajo. Actualmente asume las riendas del Departamento, de manera interina, la licenciada María Marcano, luego de la renuncia de Luis Rivera Marín en julio. La salida de Rivera Marín se da luego del escándalo desatado por la publicación del controversial chat de Telegram del que fue miembro junto al exgobernador Ricardo Rosselló y otros funcionarios públicos.

Mayra Rivera Cordero, secretaria organizacional de UGT y delegada general del Departamento de Estado, denunció que desde la implantación de la Ley 7 se ha ido eliminando la plantilla de los siete centros que dan servicio al pueblo, trabajo que ahora recae en solo unos pocos. En las oficinas que componen el Departamento en el Viejo San Juan indicó que solo trabajan solo 42 unionados y otros 20 empleados que alegadamente llegaron de otras agencias, específicamente de lo que era el Consejo de Educación Superior.

De igual manera, Rivera Cordero manifestó que llevan años sin recibir un aumento salarial mientras el Departamento continúa realizando otras contrataciones por miles de dólares.

 “Estos compañeros llevan años sin poder recibir un centavo de aumento, mereciéndolo, y nosotros haciendo recaudos. Esta es una agencia que recauda bastante dinero, unas cantidades bien de respeto. Entonces han venido desde la ley 7 eliminando la plantilla del trabajador que está en los centros dando el servicio al pueblo de Puerto Rico. Les recae a unos pocos todo ese trabajo y no aumentan el personal ni, aunque sea por ley 52 para darnos un respiro a estos compañeros”, manifestó.

“Hay unas contrataciones en el área de publicidad que ascienden a unos $561,000. No hay necesidad de eso. El estado tiene su propio canal y su medio de radio que se pueden promover las agencias”, sostuvo.

La trabajadora indicó, además, que en oficinas como la de Pasaporte, se trabaja en condiciones deplorables ya que no cuentan con personal de mantenimiento y los empleados son los que voluntariamente se tienen que hacer cargo de la limpieza.

Certifican corporaciones sin el debido proceso

Otra de las denuncias que Rivera Cordero le han planteado a la secretara interina es una falla en el sistema electrónico que emite las certificaciones de good standing a las corporaciones para que puedan operar en Puerto Rico. Según señaló, el sistema emite una certificación aun cuando no cumplen con los requisitos. El hallazgo se produce cuando analizan la certificación de la compañía Alive Solution y que obtuvo el contrato para administrar e invertir el dinero del retiro de los trabajos del Estado.

 “Esa corporación desde el 2013 no está en good standing. Claro, ellos lo piden electrónicamente y el lector le emite un good standing, pero sin ir al detalle (de los requisitos). Nosotros encontramos que no estaban los informes auditados por el CPA que ellos tienen que presentar anualmente. Lo que hay es una nota que lo iban a estar enviando posteriormente. Llevan cinco años con la misma nota y nunca han llegado los informes auditados”, señaló.

Rivera Cordero indicó que ese trabajo de certificación de las corporaciones antes lo realizaba una unidad de trabajadores que se sustituyó por el sistema electrónico, por lo que asegura que existen compañías que bajo los parámetros de la ley de corporaciones no están aptas para operar.

“Hay solamente una sola persona haciendo ese trabajo. Ese trabajo antes de la ley 7 era una unidad que estaba compuesta por alrededor de siete compañeros y ahora recae en una. Hay compañías operando que no están aptas según la ley de corporaciones para estar operando. Este análisis el sistema no lo puede hacer, por lo tanto, hay que reforzar esa unidad para que no se sigan perdiendo recaudos y para que no sigan apareciendo corporaciones que no están aptas según la ley de corporaciones”, dijo, aunque no pudo precisar cuántas compañías están operan sin el debido proceso de ley.

Se intentó conseguir una reacción de la licenciada María Marcano, secretaria interina del Departamento de Estado, pero los esfuerzos fueron infructuosos.